El clima en RD entra en etapa Crítica Según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) 790 personas fueron desplazadas a zonas seguras, 158 viviendas resultaron afectadas y 20 acueductos se encuentran fuera de servicio por las lluvias registradas en los últimos días por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional. Segun el analista meteorologico Jean Suriel, la situación meteorológica cambiará drásticamente a partir de mañana miércoles en República Dominicana por varios factores atmosféricos: una vaguada incrementará el potencial de inundaciones severas, los desbordamientos de ríos y cañadas, así como el regreso de los aguaceros torrenciales. El experto advierte que entramos a un momento crítico debido al nivel de saturación del suelo que hay en muchas provincias por lo que aconseja estar muy atentos a la evolución de los fenómenos atmosféricos para evitar situaciones lamentables: es el momento de preparar nuestro plan preventivo familiar y empresarial.
Hablemos del barrilito La persistencia del «barrilito» como una práctica no regulada y sujeta a discreción de los senadores es un tema recurrente que ha generado debate y críticas en la sociedad dominicana. A pesar de las expectativas de cambio al inicio de la actual gestión administrativa del Estado en agosto de 2020, la eliminación de esta erogación millonaria mensual no ha sido materializada, lo que ha generado descontento y una deuda con la sociedad.
El debate sobre la eliminación del «barrilito» ha sido una constante desde el inicio de esta gestión, con diversas propuestas motivadas por diferentes sectores y figuras, incluyendo al presidente Luis Abinader. Sin embargo, estas propuestas no han sido implementadas y la práctica continúa, con la Dirección Financiera del Senado depositando estos fondos en 29 cuentas corrientes del Banreservas cada mes.
Algunos senadores, como Ginette Bournigal, han justificado el uso del «barrilito» para asistir a personas de sus demarcaciones en necesidades médicas, educativas y sociales. Por otro lado, cuando la senadora Faride Raful anunció que no tomaría el fondo y presentaría un proyecto para eliminar el «barrilito», enfrentó oposición entre sus colegas, quienes tacharon la idea de «populista».
A pesar de los esfuerzos de la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia (DEECIR) para impugnar el «barrilito» ante el Tribunal Constitucional, esta acción fue declarada inadmisible, argumentando que la disposición de este fondo es competencia exclusiva de los senadores.
En resumen, la persistencia del «barrilito» refleja la falta de voluntad política para eliminar esta práctica irregular y la necesidad de una acción decidida por parte de los legisladores para atender las demandas de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad dominicana.
Aunque mucho se habla del hacinamiento en las cárceles dominicanas, medir el tamaño de esa sobrepoblación no ha sido una tarea en la que nadie se involucra con frecuencia. Los datos proporcionados muestran una situación preocupante en el sistema penitenciario dominicano. Con una capacidad general para recibir internos de 16,564 personas y una población carcelaria de 26,396 hasta enero de este año, la diferencia entre ambas cifras es de 9,832 presos, lo que representa un exceso del 59.36% sobre la capacidad del sistema.
Además, se destaca el caso particular del penal La Victoria, que operaba en un 224.11% de su capacidad en enero, antes del incendio ocurrido en marzo pasado. Diseñado para albergar a 2,103 personas, tenía una población de 6,816 reclusos en ese momento.
Estas cifras reflejan la sobrepoblación y las condiciones precarias en muchas cárceles dominicanas, lo que plantea desafíos significativos en términos de seguridad, salud y derechos humanos para las personas privadas de libertad. La gestión de esta situación requiere medidas urgentes para abordar la sobrepoblación y mejorar las condiciones en el sistema penitenciario.
El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) otorgó en el día de ayer otro plazo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que corrija su boleta de candidatos a diputados para cumplir con la cuota de género. De acuerdo a un comunicado, la organización debe incluir en su boleta a una mujer y sacar a uno de los hombres inscritos, para así tener tres candidatos de un sexo y cuatro del otro.
Según las informaciones, este nuevo plazo vencerá el 1 de mayo (mañana) a las 7:00 de la noche.
El gobierno de Biden establece cuales son las reglas finales para exigir a las aerolíneas que emitan automáticamente reembolsos en efectivo por cosas como vuelos retrasados y que divulguen mejor las tarifas por equipaje o cancelación de una reserva. La decisión del Departamento de Transporte de los Estados Unidos de exigir reembolsos automáticos en efectivo por vuelos cancelados y retrasos «significativos» es un cambio significativo en las regulaciones actuales. Hasta ahora, las aerolíneas tenían cierta discreción para determinar cuándo ofrecer reembolsos en caso de retrasos, pero esta medida elimina ese margen de maniobra.
La definición de un retraso significativo ahora se establece en al menos tres horas para vuelos nacionales y seis horas para vuelos internacionales. Esto garantiza que los pasajeros afectados por retrasos considerables reciban compensación adecuada en forma de reembolso en efectivo. Además, las aerolíneas seguirán teniendo la opción de ofrecer otros vuelos o créditos de viaje como alternativas, pero los consumidores tendrán la libertad de rechazar esas ofertas si lo desean.
La regla también se extiende a los reembolsos de cargos por equipaje documentado si la maleta no se entrega dentro de un período específico, que es de 12 horas para vuelos nacionales y de 15 a 30 horas para vuelos internacionales. Asimismo, abarca las tarifas por servicios como la selección de asientos o conexión a Internet si la aerolínea no cumple con proporcionar el servicio.
Esta medida responde a un aumento en las quejas relacionadas con los reembolsos durante la pandemia de COVID-19, donde muchas aerolíneas cancelaron vuelos y los pasajeros enfrentaron dificultades para recibir compensación adecuada. La preocupación por la seguridad también ha sido un factor importante, ya que algunos pasajeros se mostraron renuentes a compartir una cabina de avión con otros durante la pandemia.
Un nuevo proyecto de ley sobre seguridad y defensa nacional en la República Dominicana depositado por la diputada Lourdes Aybar, del Partido Fuerza del Pueblo establece que requerir información, datos o estadísticas relacionados con el planeamiento de la seguridad y la defensa nacional sería considerado como una grave infracción que tendría como consecuencia una condena de hasta 30 años de cárcel contra quienes violen la ley y que afectaría de forma directa a medios de comunicación y personal de la prensa dominicana.
El proyecto presentado en la Cámara Baja aborda una serie de infracciones graves contra la seguridad nacional, incluyendo la solicitud de información considerada necesaria para la planificación de la seguridad y defensa nacionales. Específicamente, se establece que sería considerada una infracción grave solicitar a la administración civil y militar, organizaciones gubernamentales, entidades privadas o personas físicas datos, informaciones y estadísticas necesarias para la planificación de la seguridad y defensa nacional.
Los artículos siguientes del proyecto proponen medidas sancionatorias para aquellos que violen esta ley, que incluyen la imposición de prisión, pago de multas, confiscación de bienes e inhabilitación. Esta legislación parece tener como objetivo garantizar la protección de información sensible relacionada con la seguridad nacional y reforzar las medidas para prevenir posibles amenazas o vulnerabilidades en este ámbito. Sin embargo, es importante que el proyecto sea sometido a un estudio exhaustivo en el órgano congresual para evaluar su alcance y efectividad, así como para considerar posibles preocupaciones relacionadas con la privacidad y los derechos individuales.
Jesús Pérez Mejía alias (Chiquito), quien la semana pasada fue condenado a la pena mayor por quitarle la vida al joven Joshua Omar Fernández, fue trasladado de la cárcel La Victoria, en Santo Domingo, al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo-Hombres, en San Cristóbal. La información ha sido confirmada por el director de Prisiones, Roberto Hernández, quien dijo que la medida se tomó por seguridad y fue informada al tribunal. Durante el fin de semana, en redes sociales se hicieron virales videos y comentarios de mujeres que hacian “halagos y piropos” al privado de libertad, algunas llegando a decir incluso que serían capaces de realizar visitas conyugales. Sobre las supuestas visitas de jóvenes al ahora condenado por supuestamente ser “atractivo” físicamente, el funcionario dijo que no es cierto, que solo son rumores, pero los comentarios y videos continúan inundando las redes. En torno al tema, Prisiones informó que los traslados son rutinarios y, que en el caso de «Chiquito», es por ser su caso muy sonoro, sin embargo la medida de trasladarlo no contempla a ninguno de los dos implicados.
¿Qué está pasando en Haití? Vitel’Homme Innocent, el criminal haitiano acusado de ser el autor intelectual del secuestro de 17 misioneros cristianos en Haití, y el fugitivo número 532 en ser incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI manifestó que no dejará las armas mientras no haya un Estado que negocie con ellos (o sea, con las bandas). En una entrevista realizada por un medio de comunicación internacional, Innocent (oyele el nombre), cuyo grupo armado es Kraze Baryé, dijo que las bandas haitianas se merecen un asiento en la mesa de negociaciones.
Quince organizaciones sindicales, de estudiantiles, comunitarias y de derechos humanos convocaron una «gran marcha» para mañana, Día del Trabajo Las organizaciones que se preparan para la protesta buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores dominicanos. Su manifestación partirá desde la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Bernardo Correa y Cidrón, hasta la sede del Ministerio de Trabajo en La Feria. Entre las demandas se encuentran mejoras salariales, una ley de seguridad social más justa, medidas contra el alto costo de la vida, la violencia y la delincuencia, así como la promoción de empleos, el respeto a los derechos humanos y pensiones justas.
Según Juan Núñez, vocero de las organizaciones, el tema de la seguridad social es especialmente preocupante, ya que no garantiza una atención integral de salud y obliga a las personas a pagar copagos que afectan los bolsillos de las familias. Además, denuncia que a los trabajadores sindicalizados no se les garantiza la medicina y que no hay suficiente garantía para que las trabajadoras reciban una pensión justa, digna y solidaria.
Núñez también menciona que, mientras los trabajadores enfrentan estos problemas, el sector empresarial constantemente amenaza con eliminar derechos adquiridos, como la cesantía laboral. Sin embargo, enfatiza que no están pidiendo nada que no merezcan, ya que estos son derechos que los trabajadores dominicanos han tenido desde 1944.
La dominicana que le quitó la vida a un chino, propietario de un negocio donde laboraba, en la República Dominicana, será entregada por las autoridades españolas en extradición el próximo lunes 6 de mayo. Francelys María Furcal Rodríguez llegará a la República Dominicana bajo custodia de agentes de la Oficina Central de Interpol-Santo Domingo. La ciudadana dominicana fue arrestada en agosto del 2023 en Madrid, luego de salir del país y ser acusada de haberle quitado la vida a su jefe en la ferretería donde trabajaba luego de una acalorada discusión en abril de 2022. El Ministerio Público ha informado que la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, están realizando las gestiones para lograr con éxito la extradición de esta mujer.
Bomper Coral La pastora Rossy Guzmán, imputada en la Operación Coral, quedó en libertad condicional este martes, luego de que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional variara la medida de coerción que le había sido impuesta y le otorgó libertad condicional. De esa manera, Guzmán tendrá impedimento de salida y una garantía económica de 50 millones de pesos, dispuesto por la jueza Giselle Méndez. Rossy Guzmán fue encartada en la Operación Coral, señalada por ser parte de un entramado de corrupción que distrajo fondos públicos desde 2012 hasta 2020, con la compra de raciones de alimentos, nombramiento de policías y militares para pagarle solo una parte de su salario y el restante se quedaba en las manos de la red, distracción de combustibles, así como otras irregularidades.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), informo que ha logrado ejecutar 113 órdenes de arresto contra personas que incurrieron en diversos delitos, entre los que se incluyen violencia doméstica, abuso sexual, amenazas y otras formas de agresión. Esta cifra fue obtenida como resultado de las acciones e intervenciones realizadas a nivel nacional durante la semana del 19 al 25 de abril de 2024 (en 6 días). Además de los arrestos, se tomaron medidas para proteger a las víctimas, enviando a cuatro mujeres a casas de acogida y rescatando a tres menores para garantizar su seguridad y cumplimiento de la Ley según su estatus legal.