Un total de 42 pruebas presentó este jueves el Ministerio Público en contra del imputado Ángel Rondón Rijo, señalado como el principal contacto entre la empresa Norberto Odebrecht y funcionarios del Estado para garantizar la construcción de importantes obras estatales a cambio de sobornos a funcionarios y políticos que sumaron 92 millones de dólares. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, por unas nueve horas consecutivas, conoció solo el enunciado de veinticinco pruebas materiales, ocho testimoniales, cuatro ilustrativas, cuatro delaciones premiadas, una documental. El propósito del Ministerio Público es demostrar los mecanismos y recursos utilizados por el imputado para lavar el dinero proveniente de Odebrecht. A todo esto se suman varios recursos de oposición interpuestos por las defensas de los imputados, quienes solicitaron la objeción y solicitud de inadmisibilidad y exclusión de pruebas remitidas por Odebrecht a la Procuraduría, por estas no ser puestas a disposición de las partes. Por su lado, la defensa del imputado insiste en que el Ministerio Público viola los derechos de defensa de los imputados al negarse a profundizar el origen y legalidad de las pruebas que presentó en contra su cliente el Ministerio Público.
En medio de consigna, la Coordinadora por los Derechos del Pueblo y la Rebaja de los Combustibles realiza una manifestación en las afueras del Ministerio de Industria y Comercio en demanda de que las autoridades coloquen los costos reales de los hidrocarburos. Gabriel Sánchez, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y miembro del movimiento que protesta, asegura que se mantendrán en las calles hasta que el Gobierno escuche sus demandas. Dijo que las últimas alzas experimentadas en los precios de los combustibles dispuesta por el Gobierno se tragaron las rebajas de meses pasados. Gabriel Sánchez, en representación del movimiento, expresó que mañana se reunirán para definir las acciones a tomar.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó este viernes a través de cuenta de twitter el cierre provisional del Puente Flotante, que comunica las avenidas Malecón y la Francisco Alberto Caamaño Deñó. La institución explicó que el cierre al puente se debe al paso de algunas embarcaciones, por lo que recomendaron a los conductores utilizar vías alternas. El puente flotante sobre el río Ozama comunica la Zona Colonial con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este.
Un grupo selecto de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros del Reformista Social Cristiano (PRSC) son los funcionarios que por más tiempo han ocupado -y ocupan- posiciones en el Estado. La lista de esos personajes la encabeza Máximo Castro Silverio, diputado reformista por Santiago durante los últimos 29 años, donde ha sido electo por ocho períodos consecutivos. Castro Silverio es el decano de los diputados y en el Congreso Nacional es consultado por sus colegas sobre distintos temas, debido a su sencillez y experiencia acumulada. Otro miembro del PRSC seguía a Castro Silverio en permanencia en el Congreso Nacional, el exdiputado Marino Collante Gómez, hoy director del Departamento Aeroportuario. Otra similitud es que Collante fue diputado por Santiago y lo hizo por 16 años. Desde el 1990 hasta 2016, cuando renunció para ocupar un puesto en el Poder Ejecutivo, por lo que suma cerca de 18 años en uno de los poderes del Estado. La longevidad en el Estado parece ser una característica de los reformistas, pues el senador por la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro, llamado “El Cacique de Higüey”, proveniente del PRSC y ahora presidente del Partido Liberal Reformista, es otro que ocupa una casilla en esa lista. La permanencia de algunos funcionarios de los gobiernos del PLD hace creer que han permanecido toda la vida en la posición. Cobraron mayor notoriedad en el tren gubernamental en el 1996, cuando Leonel Fernández ganó la Presidencia de la República, recesaron en el periodo 2000-2004 durante el gobierno de Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y regresaron con Fernández y se han mantenido con Danilo Medina. Uno de estos funcionarios es Euclides Gutiérrez Félix, miembro del Comité Político del PLD, quien ha desempeñado las funciones de Secretario de Estado, director General de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y Superintendente de Seguros en el pasado gobierno del PLD 1996-2000. Fue secretario de Estado sin cartera y encargado de la superintendencia de seguros en el gobierno del PLD 2004-2008 y en el período 2008-2012. Otro de Santiago, pero del PLD, José Ramón Fadul, es quizás la persona con más tiempo en una función importante en el Estado, de los que están en la actualidad, pues se inició como diputado en el periodo 1982-1986; y luego síndico de Santiago en 1990-1994. Regresó al Congreso Nacional como diputado 1994-1996; donde fue vicepresidente de la Cámara de Diputados, 1994-1995; y luego presidente en el período 1995-1996. Mas detalles: https://listindiario.com/la-republica/2019/02/01/551754/funcionarios-con-mayor-tiempo-en-los-poderes-del-estado
La gasolina premium llegará al público a RD$214.40 por galón, la gasolina regular a RD$197.40, y el gasoil regular a RD$172.40, todos mantienen su precio. El gasoil óptimo, costará RD$185.30 por galón, subirá RD$1.20; el avtur llegará a RD$137.10, aumentará RD$1.60; el kerosene a RD$163.70, subirá RD$1.70 y el fuel oil a RD$114.25, para un aumento de RD$1.30. El galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$106.10, subirá RD$0.60, mientras que el Gas Natural mantendrá su mismo precio de RD$28.97 por metro cúbico. La tasa de cambio promediada es de RD$50.44 según sondeo del Banco Central.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción y declaratoria de caso complejo que hizo la fiscalía contra doce personas pertenecientes al grupo empresarial Tremols Payero por fraude tributario. En la querella depositada por la DGII se afirman que las empresas no tienen activos registrados, planilla de personal fijo, ni reportaron compras a terceros que justifiquen las supuestas ventas de productos que les realizaron las empresas controladas por los imputados. La fiscalía asegura que el Grupo Tremols Payero utilizaba sociedades fantasmas y Número de Comprobante Fiscal no autorizados (falsos) para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegalmente los impuestos a pagar (ITBIS e ISR). Realizaba compra e importación de materias primas, con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas (ron, whisky, licores y vinos) para posterior venta y dejar de pagar el impuesto correspondiente (ISC).