El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, justificó esta mañana que persiguiera junto a uno de sus guardaespaldas armados de un hacha y un machete a un presunto delincuente, porque “lo tiene cansado” de sustraer algunos de sus bienes, de su vivienda, ubicada el sector La Javiela de San Francisco de Macorís .
El representante del Poder Ejecutivo en la provincia Duarte, dijo esta mañana que el presunto delincuente al que no identificó, “me tiene de esclavo y trabajando para él”. En un vídeo que circula en las redes sociales se observa al gobernador portando un hacha, mientras otro hombre con un chaleco crema, agarra por el cuello al presunto delincuente, le propina un “planazo” con un machete, en un hecho que ocurrió el pasado sábado en la estación de combustibles de La Guiza. “Yo no puedo comprar un silla, porque se la lleva, no puedo poner un mueble en el patio porque se lo lleva, me ha llevado seis bombas de agua, lavadora, me tiene de esclavo y yo no puedo seguir trabajando para ese señor”, dijo Antigua Javier.
Mientras el presidente Danilo Medina entregaba este martes el hospital Doctor Pedro Antonio Céspedes en el municipio Constanza, provincia La Vega, decenas de productores agrícolas de las comunidades ubicadas dentro del Parque Nacional Valle Nuevo acudieron al acto y le exigieron al mandatario ser reubicados en otros predios.
Los campesinos, apostados frente a las instalaciones del centro de salud, portaban pancartas con mensajes alusivos a sus exigencias. César Galván, uno de los productores afectados, declaró que a casi dos años de ser desalojados aún no les han presentado ninguna alternativa para ellos poder ganarse el sustento de sus familias. Según dijo el líder campesino, mucha gente está pasando hambre producto de esa inactividad laboral.
Al concluir el acto, el presidente Medina recibió una delegación de los manifestantes, a la cual prometió que el próximo miércoles el ministro de Medio Ambiente, Osmar Benítez, se reunirá con ellos. Los campesinos afectados por el desalojo pertenecen a comunidades como Monte Llano, Pinalito, La Siberia, Pinar Parejo, El Convento, y otras. A principio de este mes amenazaron con ocupar el parque Valle Nuevo de no buscarse una solución a su situación.
Vecinos del ensanche Piantini denuncian al establecimiento Wine Room – Carmesí porque ignora las reiteradas órdenes de paralización de construcción emitidas por las autoridades competentes en las últimas semanas, violentando a la comunidad con una expansión que elimina los pocos parqueos con que contaba dicho negocio.
La Junta de Vecinos de Piantini rechaza las repetidas faltas de respeto mostradas a las autoridades por los promotores de este comercio localizado en la calle Manuel de Jesús Troncoso #28, así como la franca violación a las leyes y regulaciones vigentes por esta construcción en proceso. Tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Ayuntamiento del Distrito han ordenado paralizar las obras y los responsables reanudan las labores tan pronto se retiran del lugar. La Junta de Vecinos de Piantini denuncia que incluso el ministerio ha enviado militares para que su orden fuera obedecida, pero los responsables de la obra reanudan su proyecto. La Junta de Vecinos de Piantini insta a los promotores del Wine Room – Carmesí a regularizar la situación de su comercio ante las autoridades, incluida la reintegración de los parqueos que han tratado de eliminar con la expansión en curso de su terraza.
La Procuraduría General de la República trata de establecer si hay más empleados de la jurisdicción inmobiliaria involucrados en el escándalo de corrupción detectado en esa dependencia, en donde se descubrió la suplantación de firmas de personas muertas para hacer deslindes, registro de ventas irregulares, saneamientos múltiples de las mismas porciones de tierra y notificaciones en el aire para hacer falsos traspasos de propiedades.
De la investigación del caso, en lo que concierne a la Procuraduría General de la República, está encargado el director general de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, y por parte del Poder Judicial, la Dirección de Inspectoría de ese organismo. “De lo que se trata es de investigar la veracidad del hecho y la posible responsabilidad penal que pudieran tener los 19 sometidos a esta jurisdicción por el Consejo del Poder Judicial, pero también tratar de ver si hay más personas involucradas, como se ha rumorado”, declaró una fuente a El Nacional. Quezada, director general de Persecución del Ministerio Público, encabeza una comisión que designó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, con el objetivo de realizar una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades penales y adoptar las medidas de lugar. La Procuraduría informó que la comisión trabaja para someter a la justicia a todo el que se establezca que tiene algún tipo de vínculo en la comisión de actos dolosos.
El Presupuesto Complementario del 2018 que envió al Congreso Nacional el Poder Ejecutivo incorpora RD$7,969.3 millones de ingresos por “estimaciones superiores a las contempladas” y RD$12,510.6 millones de gastos reasignados. En las partidas de ingresos se incluyen dos aportes de igual número de empresas del sector eléctrico y una parte del pago acordado por la empresa Odebrecht con la Procuraduría General de la República por el caso de los sobornos, mientras que la reasignación de gastos abarca aumento del subsidio eléctrico, por el impacto que provocó el alza del precio del petróleo.
En la carta que el presidente Danilo Medina dirigió al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, acompañando el proyecto, se cita que el presupuesto del 2018 tendrá una necesidad adicional de financiamiento ascendente a RD$7,617.7 millones, y que el déficit subirá de un estimado original de 2.2% a un 2.4% del PIB. El mandatario explica en su mensaje que el proyecto de modificación de la Ley General de Presupuesto 2018, la número 243-17, busca incorporar más de siete mil millones de pesos “provenientes de estimaciones superiores a las contempladas en el Presupuesto” por RD$3,667.8 millones”.
El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, precisó que los jueces de esa corte hacen lo que ellos entienden que deben hacer, porque es un organismo absolutamente independiente.
En respuesta a la “reprochada” independencia del Poder Judicial, Ray Guevara expresó que al Tribunal Constitucional nadie, “absolutamente nadie, puede decirle por dónde orienta sus decisiones”. Al participar como orador en la conferencia de apertura del foro “La participación, un derecho ciudadano”, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), el magistrado señaló que el tribunal ha cumplido su difícil tarea sin interferencias en el quehacer de sus jueces. En su disertación Ray Guevara analizó la democracia participativa a partir de la Constitución de 2010 y los nuevos derechos y mecanismos de participación ciudadana que esta confiere, tales como el plebiscito, el referendo y la iniciativa legislativa popular. Indicó que lo más importante que tiene la Constitución de 2010, “que no es suficientemente conocida por el pueblo dominicano y no se ha querido que sea suficientemente conocida, es el poder ciudadano”, destacando que el mismo supone el cumplimiento completo de la Carta Magna.