El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este viernes que los incidentes presentados por los imputados en el caso Odebrecht son tácticas dilatorias. “Es normal que todos los imputados utilicen sus estrategias, artimañas, para ellos poder extender el proceso y que el brazo de la justicia no le toque”, indicó el funcionario.
El pasado martes, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, quien conoce la audiencia preliminar del caso Odebrecht, fue recusado por cuarta vez. Los abogados defensores del exsenador Jesús Vásquez (Chu), uno de los imputados en el caso, recusaron al juez, ya que alegan que el magistrado se está parcializando. Además, explicó que el expediente en contra de Ángel Rondón, Jesús -Chu- Vásquez, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Víctor Díaz Rúa, tiene más de 1,700 pruebas que demuestran la culpabilidad de los imputados. Rodríguez dijo que en el proceso por el caso de sobornos pagados por Odebrecht, para la construcción de obras, se han presentado 40 incidentes, pero que los mismos fueron rechazados
La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, aseguró que “algunos” operadores del transporte público de pasajeros “han sido sancionados” debido a los incrementos en el precio de los pasajes que han efectuado algunas rutas en respuesta al aumento en el costo de los combustibles.
La funcionaria agregó que otras rutas han optado por bajar el precio de los pasajes de forma voluntaria, aunque tampoco identificó los nombres o ubicaciones de estas. “El Intrant tiene mecanismos para establecer sanciones con cada uno de los operadores que no cumplan con lo establecido”, respondió De los Santos, al ser cuestionada por periodistas tras participar en una reunión con la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados a la que fue convocada a comparecer para ofrecer su versión sobre la construcción de la Terminal Interurbana del Este en el Parque del Este.
El expresidente Hipólito Mejía y aspirante a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirmó anoche que prefiere a Leonel Fernández como su adversario en las elecciones de 2020.
“Yo le dije a él (Leonel), que me dijera de dónde saca cuartos para la Fundación Global y me quedé ahí esperando que lo diga, porque es la fundación más rica de América Latina y muchos países de Europa”, agregó Mejía. “Quisiera saber eso y segundo, tengo detalles que vengo dosificando para darle ritmo a la comunicación y a la oposición que vamos a asumir”, dijo el ex presidente. Mejía juramentó el comando de campaña de su proyecto H-20 en el restaurante 809 de la calle Dickman en el Alto Manhattan, con la asistencia de decenas de sus seguidores, que rebasaron la capacidad del local. “Además, no sé si es a él que lo van elegir, no tengo que ver con eso, entre él y Leonel, pueden escoger al que les dé la gana, pero yo quisiera que fuera Leonel o Félix Bautista”, añadió. Refiriéndose a la situación en la República Dominicana, dijo que “el escenario lo dejé bien, lloviendo y haciendo sol, pero hay problemas, de los que todos nosotros somos responsables, pero el más responsable es el Gobierno”.
Al poner en marcha el vehículo rumbo a Baní, por la autopista 6 de Noviembre, el panorama que mostraban los conductores de vehículos pesados era desalentador. El equipo de reporteros de LISTÍN DIARIO comprobó el irrespeto a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Desde Santo Domingo a San Cristóbal y hasta llegar a Baní, municipio de la provincia Peravia, se observó ayer cómo la mayoría de patanas y otros vehículos pesados circulaban por el carril izquierdo, contrario a lo establecido por esta normativa que indica que deben trasladarse por el derecho. Cuando se publicó la ley 241 sobre tránsito de vehículos, en el 1967, una de las principales disposiciones que se impregnó en esta legislación fue esa especificación. Desde hace 50 años, los ciudadanos conocen esta y otras normas, sin embargo, en su generalidad, no la cumplen. Con la nueva Ley 63-17 se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para regular todo el sistema de transportación pública en el país. Instaura también la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que realiza la función de fiscalizar a los conductores en las calles, carreteras y autopistas. Dos entidades que, a pesar de sus esfuerzos, han dejado evidenciado un deterioro en el sistema de supervisión y orden en las vías por el elevado número de vehículos pesados que se han visto involucrados en accidentes, volcaduras, deslizamientos, y hasta casos de incendios en diferentes vías de Santo Domingo y pueblos de provincias. Las cifras aumentan cada mes. En los primeros nueve meses de 2018 se ha registrado 1,552 eventualidades que han causado pérdidas materiales y humanas.
El abogado de Marlon Martínez afirmó que fue Emely Peguero quien buscó a su defendido a través de una de las 14 llamadas telefónicas que hizo la adolescente, entre la una y las 6:00 de la mañana de día en que desapareció.
«Hoy el pueblo va a poder comprobar lo que yo siempre he dicho. Que no fue Marlon el que busco a Emely sino ella que hizo una llamada a Marlon. Cuando él llegó a la casa, lo hizo porque Emely lo llamó», explicó Ricardo Reyna. Reveló que ese día Emely Peguero pasó la noche entera hablando por teléfono supuestamente con otra persona que no tiene nada que ver con los implicados. Reyna aseguró que el Ministerio Público dejó «tapado y oculto» esta información. Sostuvo que no quiso investigar con quien estuvo hablando la adolescente aquel trágico día. Este viernes se muestran las pruebas periciales de los teléfonos, no obstante explicó que en esta no se muestran conversaciones escritas ni habladas sino la hora de entrada y salida de las llamadas. El Ministerio Público presentará las pruebas testimoniales que poseen en contra de los acusados.
La Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, dispone sanciones para operadores o empresas de uno a 10 salarios mínimos, cancelación de la licencia de operación de rutas y hasta prisión, si estos realizan “paros sorpresa” o huelgas que afecten el transporte de pasajeros.
El artículo 146 de la Ley 63-17 expone, además, que “queda prohibido incendiar neumáticos, colocar clavos, grapas o cualquier objeto en las vías públicas o paseos dentro de la servidumbre de paso que obstaculice el libre tránsito”. Agrega el artículo que “quien viole esta disposición con el fin de impedir el libre tránsito por las calles y carreteras será sancionado con la pena de prisión de uno a seis meses o con multa de cinco a 10 salarios mínimos del sector público centralizado, o ambas penas a la vez”.