El presidente Danilo Medina dijo que la clase media no tiene excusas para utilizar los servicios que ofrecen los hospitales públicos del país. También indicó que los centros de salud inaugurados durante su gestión están a la altura, y algunos hasta sobrepasan en calidad de infraestructura y equipos a cualquier clínica privada.
Las declaraciones del mandatario fueron realizadas este jueves durante la inauguración de la reconstrucción y ampliación del hospital Doctor Francisco Moscoso Puello. ‘’Si las personas de clase media no quieren ir a un centro hospitalario como este que recién se inaugura, el cual no hay ningún privado en el país que lo pueda superar, es su problema, pero las condiciones están dadas para que cualquier persona reciba atención de calidad”, manifestó el mandatario. El mandatario también valoró la calidad de los centros educativos de tanda extendida, los cuales según indicó, ofrecen educación de calidad no solo para los pobres, sino para la población en general. Dijo “si la clase media quiere pagar colegios caros es su problema”.
El coordinador general del proyecto de recolección de dos millones de firmas para la candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández, Bautista Rojas Gómez, reveló que el próximo domingo Fernández encabezará un encuentro con los coordinadores nacionales y de circunscripciones para hacer la primera evaluación del programa.
Rojas Gómez no dijo cuántas firmas han recolectado hasta ahora, se limitó a decir “son mucho más de ahí”, cuando se le cuestionó si habían alcanzado medio millón. Sin embargo, fuentes ligadas al proyecto aseguraron a elCaribe que hay más de 700 mil firmas de la meta de dos millones. “La primera fase se agota el próximo sábado y ya hemos cumplido la meta que nos trazamos y al día de hoy (ayer) el 90% de las circunscripciones y las provincias han cumplido su meta”, afirmó Rojas Gómez. Sostuvo que el proceso inició en octubre del pasado año y que al cumplirse los primeros seis meses Fernández evaluará el proceso.
IGUALITO QUE AQUÍ: La expresidenta de Corea del Sur Park Geun-hye fue declarada culpable de cargos derivados de un caso de corrupción y sentenciada a 24 años de prisión. El fallo llega un año después de su destitución y posterior detención a raíz del escándalo, que provocó meses de protestas multitudinarias exigiendo su renuncia. La condena es el último paso en la dramática caída de la primera presidenta de la nación asiática. La que en su día fuera el ojo derecho de los conservadores y fuera nombrada «Reina de las elecciones» por la prensa local por sus éxitos en ajustadas carreras electorales, tiene todavía un pequeño grupo de férreos defensores que se manifiestan habitualmente para demandar su liberación. Park sostiene que víctima de una «venganza política» y se ha negado a presentarse ante la corte desde octubre. Alegando una enfermedad que no se relevó públicamente, tampoco acudió a la sesión del viernes.
Pese a que el Gobierno aseguró que con el proyecto El Riíto, en la provincia de La Vega, las inundaciones en esa demarcación no volverían a afectar a las personas que habitan allí, en la noche de ayer los organismos de socorro tuvieron que declarar alerta roja por las grandes inundaciones que se produjeron por el desbordamiento del río Camú.
Como respuesta a esta situación el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó este viernes que inundaciones de ese tipo son “normales” y que la institución estuvo analizando con Meteorología lo que ocurrió ayer. “Y realmente fue mucha agua, una gran cantidad en un corto plazo y había estado lloviendo en todo el día y se estima que siga lloviendo las próximas 36 horas”, dijo el funcionario al conversar con la prensa en el Palacio Nacional. Sostuvo que “en todas partes del mundo cuando hay esas caídas de lluvia y esas salidas de agua siempre hay inundaciones”. En tal sentido, Castillo indicó que técnicos están evaluando la zona y pidió a los habitantes a acatar las órdenes que emitan las instituciones. Para el proyecto, que es uno de los más ambiciosos del Gobierno, tiene previsto invertir alrededor de 3 mil millones de pesos.
Las seccionales de San Francisco de Macorís y de la provincia Hermanas Mirabal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunciaron este jueves un paro laboral de 24 horas para el próximo martes 10 de este mes, en demanda de reivindicaciones.
En la convocatoria, el gremio magisterial reclama el cese de los supuestos atropellos que, según dicen, son víctimas los educadores por parte del Ministerio de Educación, cumplir con el pago de incentivos a maestros evaluados desde el mes de enero del presente año, y el cumplimiento en la llegada a los centros educativos de los registros de grado. También exigen la entrega de recursos económicos de descentralización, que aseguran desde el año 2016 no son recibidos. Demandan, además, la reunificación de los sueldos de los maestros pensionados y jubilados, así como la aplicación del 10 % por indexación, planteada en la Ley 66-97.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional suspendieron hasta el lunes el juicio a la imputada de estafar con 47 millones de pesos al Ministerio de Educación, con la venta de un solar en el sector Los Alcarrizos.
La imputada Reyna Margarita Núñez Infante, representa por la abogada Indrid Hidalgo, fue sometida a la Justicia en julio del año 2015 al comprobarse que vendió un terreno de 15,000 metros cuadrados en la avenida Jacobo Majluta de Santo Domingo Oeste, utilizando documentos falsificados. El tribunal compuesto por los jueces Dayra Sierra Medina, Delio Germán y Laura Isabel Paredes suspendió el proceso para continuar este lunes 9 escuchando los testigos de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, representada por la magistrada Ramona Nova. En la audiencia de ayer se escucharon al abogado del Ministerio de Educación, Francisco Arturo Boccio Nina, quien hizo los contratos de la venta de los terrenos. También a Iris Yesenia Tejada, del Instituto Nacional de Ciencias Forences de la Procuraduría, quien confirmó algunas firmas de los contratos adulteradas.