Una resolución del Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (INTRANT) que autoriza a la empresa Metro una nueva ruta ha creado crea conflicto en Higuey
Organizaciones del transporte en la zona turística de Punta Cana-Bávaro- Beyahíbe, anunciaron una paralización total, si la directora del INTRANT, Claudia de los Santos, no echa para atrás esa resolución. La resolución autoriza a la Metro a prestar servicio privado de transporte a la empresa CapCana, para el traslado de residentes y huéspedes desde el Complejo Turístico Cap Cana hasta el Distrito Nacional y viceversa con cuatro autobuses. Manolo Ramírez, dirigente de la Asociación del Transporte Turístico, advirtió que el paro “que ya está dispuesto, provocaría hasta el cierre del aeropuerto de Punta Cana”. Dijo que el paro, programado para iniciarse a la 6:00 a.m. de este miércoles, dejará varadas más de 3 mil unidades en el transporte turístico en toda la región.
Este lunes, los transportistas de la zona turística bloquearon la Autovía del Coral y rompieron cristales a varias unidades de la empresa de transporte Metro, que iniciaron operaciones en la zona, por disposición del INTRANT.
Desde tempranas horas de esta mañana decenas de personas se manifiestan en la entrada principal del sector Brisas del Este bloqueando el tránsito, incendiado neumáticos y lanzando consignas en reclamo de que le arreglen sus calles.
La protesta que fue anunciada como pacífica mantiene los ánimos caldeados entre un amplio contingente policial y militar que custodia la entrada principal al barrio y los manifestantes. Los lugareños dicen que si no reciben respuesta a sus reclamos se mantendrán protestando por tiempo indefinido y dieron un plazo de 48 horas a las autoridades. Dicen que todas las calles están intransitables desde hace varios años y sólo reciben promesas del arreglo.
Ayuntamiento del Distrito Nacional interviene con acera provisional tramo avenida John F Kennedy.
El Alcalde del Distrito Nacional David Collado intervino con una acera provisional el tramo de la avenida John F Kennedy entre las calles Gracita Álvarez y Luis Lembert del ensanche Naco, y emplazó a la empresa Agencia Bella a que en los próximos 30 días se llegue a una solución amigable definitiva.
Collado dispuso un metro de espacio peatonal en un tramo de la calle hasta tanto se logre tumbar el muro perimetral de la referida empresa que permita la construcción definitiva de una acera en ese espacio. “Nuestros ciudadanos pueden tener la certeza de que el ayuntamiento solucionará en forma definitiva y en el corto plazo esta situación, estamos invitando a la empresa automotriz Agencia Bella a que coopere con nosotros y brindemos juntos una buena acción para los capitaleños” declaró Collado al momento de visitar la zona para supervisar los trabajo de instalación del paso peatonal provisional.
El alcalde declaró que ya no se puede seguir poniendo en riesgo la vida de los peatones que se tienen que tirar a la calle en plena avenida por la falta de acera. “La Ley nos faculta para intervenir los espacios si la vida de los transeúntes está en peligro, como es este caso. Y es mejor intervenir ahora y no cuando haya un estudiante o una madre atropellada por uno de los tantos vehículos que pasan por esta avenida”, refirió el alcalde de la Capital. Collado designó una comisión del cabildo para atender este problema y dialogar con Agencia Bella para dar con la solución en los próximos 30 días.
Recuperar los espacios públicos, que permita al peatón y a cualquier ciudadano desplazarse libremente fue uno de los proyectos de gestión del alcalde David Collado, que inició con los trabajos de rescate de importantes arterias comerciales como la Winston Churchill y el primer tramo, desde la avenida Independencia hasta la José Contreras, se propone que esos trabajos lleguen hasta la avenida 27 de febrero.
La crisis que mantienen el Cabildo local y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad (CORAASAN) se agudizó al rechazar ésta última una propuesta de cinco puntos que hiciera la oficina de prensa de la primera, en aras de buscar una salida al conflicto.
Darío Fernández, vocero autorizado de CORAASAN, declaró que no le hacen caso a esa proposición, ya que no saben si proviene o no del alcalde Abel Martínez. “Nosotros solo vamos a conversar y negociar directamente con el alcalde Abel Martínez, ya que en ocasiones anteriores llegamos a acuerdos y no fueron cumplidos”, subrayó Fernández en declaraciones para Diario Libre. Asimismo dijo que no van a dialogar con Fernando Ramírez, vocero del alcalde santiaguero, por entender que es parte del conflicto y, en esa virtud, no debe estar en una negociación. Se recuerda que desde hace varios meses, el Ayuntamiento y CORAASAN mantienen una litis judicial originada por la demanda de pagos, producto de deudas millonarias entre ambas instituciones de servicio. Se entendía que con la proposición hecha por el Cabildo a través de su oficina de relaciones públicas podría avizorarse alguna solución al problema.
El mal manejo de residuos infecciosos lleva prisión
Hace precisamente un año que los ministros de Salud Pública y de Medio Ambiente se reunieron para establecer una coordinación intersectorial para la correcta disposición final de los desechos hospitalarios y radiactivos. Las discusiones de Altagracia Guzmán Marcelino y Francisco Domínguez Brito tuvieron como base la resolución número 000029 y el decreto 26-09, que norma el manejo interno o en el entorno de cada centro de salud de los desechos y residuos hospitalarios infecciosos; y define las formas y procedimientos en que deben ser clasificados, procesados, transportados y depositados en su destino final como basura común. El artículo 154 establece que los establecimientos de salud que hagan un manejo inadecuado de los desechos de residuos médicos y sustancias tóxicas o radioactivas, contaminantes u otras sustancias que puedan difundir elementos patógenos sin cumplir con las reglamentaciones o medidas técnicas dispuestas por el Ministerio se considerarán delito y serán castigados con penas de quince días a un año de prisión correccional, o multas que oscilarán entre diez y quince veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello o por la ley, o ambas penas a la vez. En ese sentido, la referida resolución faculta a las direcciones provinciales de salud a vigilar su cumplimiento mediante el monitoreo de todos los hospitales y clínicas privadas.
La Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) respalda la puesta en marcha de la norma que regula la descarga, despacho aduanero y comercialización de los residuos (Slop, Sludge), mezclas de hidrocarburos u otros emitida conjuntamente por la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
También saludó las medidas subsecuentes para erradicar las prácticas desleales de importación de combustible en el país. La norma 02-17 fue aprobada con el propósito de regular la actividad comercial por parte de empresas locales de estos desechos, lo que incluye el cobro al buque por el servicio de descarga de los desechos o por la venta en el mercado local del combustible recuperado. La directora ejecutiva de la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados, Daniela Collado, expresó que la resolución 02-17 y las medidas implementadas por la DGA y la DGII, en cumplimiento de la referida resolución, son muy favorables para frenar una de las graves distorsiones que afecta el mercado de los combustibles.