Vamos a remover un poco el polvo de una noticia de 2011: El ex presidente Leonel Fernández admitió que era incapaz de enfrentar la corrupción entre los altos militares de su gobierno, por temor a que lo mataran. Así lo revela el cable número 22151, del 28 de octubre de 2004, enviado por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo al Departamento de Estado en Washington. Este cable forma parte de más de 2 mil que fueron cedidos por el sitio de internet Wikileaks al Grupo SIN, que a su vez los cedió a Acento.com.do en virtud de una alianza estratégica. El cable reseña una reunión sostenida por el presidente Leonel Fernández con el entonces embajador estadounidense Hans Hertell, el 21 de octubre del citado año, a poco más de dos meses de haber retornado al poder. En ese encuentro el embajador le hizo mención a la “bien conocida práctica de los militares de quedarse con el 10%, o más, de los contratos” de las entidades estatales a su cargo, a lo que el presidente Fernández respondió: “Eso está más allá de mi capacidad de intervenir. Si un presidente latinoamericano interfiere seriamente con ese tipo de asunto de los militares, se arriesga a que atenten contra su vida”.
Seguimos: la Fundación Acción Verde atribuyó los daños en el Parque Nacional Sierra de Baoruco a una complicidad histórica entre funcionarios del Gobierno, legisladores, autoridades municipales, sectores políticos y económicos de mucho poder que “han hecho inversiones millonarias en esas tierras para producir en suelos que son regados por las nubes que atrae el valioso bosque que ellos mismos están destruyendo”. Advirtió que de no parar la situación de deforestación, no habrá agua para la población de esa región ni para el turismo que se quiere desarrollar en la provincia de Pedernales. Recordó que desde hace mucho tiempo, ambientalistas de la zona e instituciones de mucho prestigio han alertado sobre el daño irreversible a los bosques nublados y muy húmedos de Sierra de Bahoruco, que es talado para plantar esencialmente aguacates, papas y cebollas y para carbón. “En la medida que se degradan sus bosques, merma el agua que debe ir a la cuenca de los ríos que nacen allí, como El Mulito”, explica la entidad ambientalista. La entidad ambientalista destaca que además de los valores eco sistémicos y biológicos, la gente que vive en los pueblos fronterizos dependen de las aguas de Sierra de Bahoruco. Estima que si no se actúa rápido es probable que por un tiempo sigan haciéndose ricos los grandes productores establecidos en la sierra, y después “quizás entonces, los que queden, abandonarán la zona o morirán de sed”.
Las autoridades han querido minimizar la denuncia de deforestación en la zona y el bajo caudal de agua.
La constructora Odebrecht afirmó que se encuentra extinguida la acción penal abierta en su contra en República Dominicana por los sobornos que por 92 millones de dólares admitió haber pagado a cambio de asignaciones de obras del Estado.
Alega que el proceso penal quedó extinguido con la homologación del acuerdo que el consorcio hizo con la Procuraduría General de la República, mediante el cual se comprometió a resarcir al Estado con 184 millones de dólares y a cooperar con la investigación a los imputados de haber recibido los sobornos. Los alegatos fueron hechos por el abogado Robert Valdez, en el recurso de amparo incoado por esa multinacional por ante el Tribunal Superior Administrativo, con el cual persigue que se anule la resolución que la inhabilita provisionalmente a prestar sus servicios como proveedora del Estado Dominicano. La empresa brasileña Odebrehct procura que se le anule la suspensión de poder continuar construyendo obras nuevas en el país como consorcio suplidor del Estado, decisión que quedó en manos de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, que se reservó el fallo sin fecha fija.
La diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Faride Raful, insistió este miércoles con su solicitud de que se incluya en la agenda de la Cámara de Diputados el proyecto de resolución que pide crear una comisión especial para investigar los contratos del Gobierno con el publicista brasileño Joao Santana, lo que fue rechazado por novena ocasión.
Hoy fue la primera sesión que preside el diputado danilista Radhamés Camacho, presidente del hemiciclo. Al agotar un turno en la sesión, la diputada peledeista Rudy Méndez expresó que no se puede jugar con “planteamientos inviables” para modificar la agenda del día, posición que fue cuestionada por Raful. “Sería bueno preguntarle ¿en qué consiste la “inviabilidad” de una solicitud de investigación?, ¿en la voluntad política de sus jefes, que firman los contratos?”, dijo la legisladora del PRM en su cuenta de Twitter. Después de la denuncia de los diputados perremeístas, encabezados por Faride, el Gobierno rechazó, en una carta enviada a los diputados, en julio, que haya pagado 1,400 millones de pesos a Santana y a su esposa Mónica Moura y aclaró que fueron RD$430 millones.
El Tercer Juzgado de la Instrucción fijó hoy para el 18 del próximo mes el inicio del proceso preliminar contra los imputados por la muerte del abogado y catedrático Yuniol Ramírez Ferrera, proceso que había sido declinado de la provincia Santo Domingo.
El 14 de este mes, el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, apoderó mediante sorteo aleatorio al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para conocer la solicitud de juicio preliminar en contra de los implicados en el asesinato. El tribunal decidirá sobre el pedido del Ministerio Público en contra del exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; José Mercado Blanco (El Grande), el coronel y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz; Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Lucas Tobías Ortega Duarte, Víctor Elizander Ravelo Campos (El Herrero) y Jorge Luis Abreu Fabián. Se recuerda que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo declinó el caso de Ramírez Ferrera al Distrito Nacional, pero el expediente fue devuelto a esa jurisdicción debido a que no había sido llevado completo al juez Vargas. El abogado y catedrático universitario fue raptado y posteriormente asesinado. Su cadáver fue hallado el jueves 12 de octubre del 2017 con un disparo en la cabeza y atado a dos blocks con cadenas en un arroyo de Hato Nuevo, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
La Secretaría de Asuntos Ambientales (SAA) del DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, por sus siglas en castellano) validó por segunda ocasión la denuncia del colectivo SOS Ambiente sobre la deforestación de la vertiente sur del Parque Nacional Sierra de Bahoruco y el incumplimiento del país a la legislación ambiental.
A través de una carta firmada por Jorge Guzmán Valdéz, coordinador general del SAA, la entidad se comprometió a analizar lo planteado por los activistas considerando que cumple con lo dispuesto en el artículo 17.7.2 del DR-CAFTA sobre los Procedimientos De Trabajo para las Comunicaciones Relativas a la Aplicación de la Legislación Ambiental.
En el mes de noviembre de 2015, los ambientalistas Ariel Sing Gómez y Carlina Durán Baldera presentaron una denuncia formal ante el Secretariado del SAA sobre la situación del área protegida para que éste sesionara y abriera un espacio de diálogo con las autoridades para discutir las soluciones a corto, mediano y largo plazo del parque, declarado un Área Importante para la Conservación de Aves (IBA’s4), Área Clave para la Biodiversidad (KBA) y uno de los destinos de la Alianza Cero Extinción (AZE).
Marlín Martínez, acusada de complicidad en el asesinato de la adolescente Emely Peguero, se declaró hoy inocente de las acusaciones que el Ministerio Público le imputa en el crimen de la menor de edad, que se encontraba embarazada al momento de su muerte.
Martínez confirmó que la carta publicada por este diario en el día de ayer fue escrita “para la ciudadanía dominicana que la acusa”, con la intención de que conozca su verdad sobre los acontecimientos de agosto del año 2017. “Yo soy inocente de los hechos que se me acusan”, dijo la mujer mientras era conducida a la sala de audiencias, en uno de los pasillos del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, durante esta mañana. La adolescente Emely Peguero desapareció el 23 de agosto del año 2017 y fue hallada muerta, dentro de una maleta, el día 31 de agosto del mismo año. Por la muerte se acusa a su entonces novio, Marlon Martínez, como autor principal del asesinato y a Marlin Martínez, señalada como cómplice en la muerte de la jovencita. Hoy comenzó el juicio de fondo que se sigue en el caso, justo a un año de que el proceso comenzara.