El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo este jueves que estaría contento de acudir al tribunal a testificar en el caso Odebrecht, tal y como fue solicitado por la defensa del ex senador Jesús Vázquez Martínez, acusado de recibir sobornos de la empresa brasileña.
Sin embargo, Rodríguez dijo que no ha recibido notificación del juez especial Francisco Ortega Polanco, quien lleva el caso. El funcionario habló al inaugurar el remozamiento de la Fiscalía comunitaria del sector Los Ríos, donde expresó que esta labor es uno de los puntos estratégicos establecidos para mejorar la calidad de los servicios que ofrece a la población.
El cierre técnico que en dos ocasiones ha decretado el Ministerio de Medio Ambiente no impide que el vertedero de Tamboril siga desprendiendo humo y afecte a residentes en comunidades de la parte norte de Santiago.
Y es que la falta de mantenimiento adecuado ha permitido que en ocasiones el vertedero arda sin control y la humareda arrope parte de Santiago. Los afectados recuerdan que a principios de este año las autoridades prometieron impedir que camiones depositen en el basurero ubicado en la comunidad de Guazumal, Las constantes noticias del cierre solo han permitido reducir el número de buzos que llegaban hasta el basurero. Sin embargo, los militares y empleados del Ministerio de Medio Ambiente que fueron colocados a la entrada, fueron retirados, lo que motiva que los camioncitos sigan depositando los desperdicios sin ningún tipo de control. Esta semana los directivos de Dominicana Limpia volvieron a prometer que para el mes de noviembre dejaría cerrado definitivamente este depósito.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, expresó este jueves que es un absurdo llamar a consultas a los dirigentes de base media del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El también miembro del Comité Central del PLD afirmó que esta iniciativa del presidente del partido, Leonel Fernández, es violatoria a la Ley 33-18 y que estoy también desautoriza a Comité Central, que es el máximo organismo de dirección de la organización. “Cómo vamos a consultar para desautorizar al Comité Central del PLD que es el máximo organismo de dirección y peor, cómo vamos nosotros a una decisión emanada a unanimidad del Comité Político, cómo nosotros vamos a desautorizar esa decisión del Comité Político de reunir al Comité Central. Entonces, no se puede consultar para violar leyes, violar reglamentos, violar los estatutos del partido que no mandan en ninguno de sus sitios a ese tipo de consulta”, dijo.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que designó una comisión integrada por oficiales de Asuntos Internos, de Contrainteligencia y de Inspectoría de la institución, para determinar las reales causas en las fueron ultimados esta madrugada dos vendedores de piñas y otras personas resultaron heridas en el sector de Capotillo, Distrito Nacional.
De acuerdo con el informe preliminar de la DNCD, el hecho se produjo cuando oficiales antinarcóticos y miembros de las Fuerzas Armadas, acompañados por representantes del Ministerio Publico, abandonaban el sector de Capotillo, luego de realizar un operativo, cuando fueron “acatados a tiros desde la azotea de un edificio”. El incidente ocurrió en las inmediaciones del mercado de la avenida Duarte. La DNCD dice que buscan a un hombre, el cual tiene identificado, quien “habría” disparado con un fusil a los miembros actuantes durante el operativo.
El Pentágono ordenará hoy el envío de 800 militares al sur del país para ayudar en labores de seguridad fronteriza, una opción que ya defendió el presidente de EE.UU., Donald Trump, la semana pasada cuando amenazó con cerrar militarmente la frontera, informaron medios locales.
De acuerdo con el canal CNN, que cita fuentes del Pentágono, el secretario de Defensa, James Mattis, podría firmar este mismo jueves la autorización que permita el despliegue de las tropas, con el propósito de impedir la entrada de una caravana de inmigrantes hondureños que en estos momentos se dirige al país. El mandatario ya ordenó el pasado me de abril el despliegue en la frontera de la Guardia Nacional -un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas- como respuesta a las noticias sobre otra caravana de migrantes, que en ese caso inició su recorrido en el sur de México.
Miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), apresaron a un hombre al que le ocuparon 24 pacas de marihuana.
Durante el operativo, llevado a cabo en el tramo de la carretera Loma de Cabrera-Santiago de la Cruz, fue detenido el nombrado Starlin José Pichardo Villalona, quien transportaba la presunta droga equivalente a 150 libras, en el carro marca Honda Acura, color negro, placa No A363619. La sustancia controlada por las autoridades estaba atada con cintas adhesivas de colores marrón, amarillo y naranja, la cual fue llevada junto al detenido y el vehículo a la oficina Interagencial del Cesfront en Dajabón, donde el caso es investigado para los fines de ley correspondiente. Una fuente militar informó que en las últimas semanas ese organismo ha decomisado miles de libras de drogas en vehículos, producto de una ardua labor de inteligencia.
El 77 % de los peruanos piensa que Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y principal líder opositora, es culpable del delito de lavado de activos que le imputa la Fiscalía por la financiación irregular de su campaña para las elecciones presidenciales de 2011, según una encuesta publicada hoy.
El sondeo realizado por la encuestadora Datum para los diarios Gestión y Perú 21 reveló también que el 66 % está en contra de que la Justicia peruana revocara la detención preliminar que mantuvo a Fujimori arrestada durante una semana. Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular, afronta ahora un requerimiento de 36 meses de prisión preventiva solicitada por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez que se evalúa desde este miércoles en la Sala Penal Nacional. A Fujimori se le imputa un presunto lavado de activos al supuestamente haber ocultado grandes cantidades de dinero en su campaña electoral de 2011 con una contabilidad ficticia en la que se simuló múltiples donaciones de personas particulares.