Un año y cuatro meses han pasado desde que el presidente Danilo Medina recorrió la extensión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo hacia el municipio Este, cuyos moradores han quedado en espera de su inauguración.
La obra de un costo aproximado a los 385 millones de dólares, tanto en la estructura del puente sobre el río Ozama como en las cuatro estaciones, está paralizada y con cerraduras en las puertas de las terminales y sin una nueva fecha para su puesta en funcionamiento. En un recorrido realizado por las estaciones se observaron algunos miembros de la seguridad, sacos de arena y otros materiales de construcción, pero ningún obrero avanzando en su ejecución. La obra civil está en un 90 por ciento. En las terminales hacen falta algunas escaleras eléctricas, los ascensores y retoques de pintura. Debido a la paralización de la obra, los munícipes pasan caminando por el puente de la 17 (Francisco del Rosario Sánchez) desde la estación Eduardo Brito del lado del Distrito Nacional donde hasta el momento funciona la línea, hasta la zona oriental, exponiéndose a ser asaltados en horas de la noche.
El Ayuntamiento de Santo Domingo Norte junto a los ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente así como Lajún Corporation, argumentaron ayer ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo las razones para designar o no un administrador provisional en el vertedero Duquesa.
Luego de escuchar los argumentos de las partes el juez Rafael Vásquez Goico se reservó el fallo de la solicitud de medida cautelar para fallar luego de que concluya el plazo de dos días otorgadas a las partes para que justifiquen sus conclusiones. Durante la audiencia tanto el Ministerio Público como los accionantes explicaron que Lajún no está en capacidad de administrar ni dirigir el vertedero ya que en el tiempo que tiene no han invertido en infraestructura y mucho menos han manejado correctamente los desechos sólidos. En tal sentido pidieron al magistrado designar a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo como administradora provisional. Lajún dijo que de otorgarle la administración de Duquesa a otra entidad sería violar derechos constitucionales, así como poner en peligro las operaciones en dicho lugar, ya que los accionantes no presentaron un plan de operaciones.
Miembros del movimiento Marcha Verde protestaron ayer frente al Palacio de Justicia de Santiago en contra de la puesta en Libertad de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, imputados en el caso Odebrecht, quienes salieron de la cárcel anoche tras una variación de la medida de coerción.
“Sin justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno”, es una de las consignas de los manifestantes que tienen cartelones alusivos a la corrupción, así como escobillas en sus manos. “El expediente mal formulado y la variación de la medida de coerción es una prueba de que hay intención clara de obstruir la justicia por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial”, afirmó uno de los manifestantes. Ayer, miembros del movimiento realizaron un piquete frente a la torre Caney, en la avenida Anacaona, residen el empresario Ángel Rondón y el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quienes salieron anoche de la prisión luego de que se le variara la medida de coerción. Ambos están acusados, junto a otras 12 personas, de actos de corrupción en el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en el país.