La procuradora fiscal de Distrito Nacional y la directora del Departamento de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, declaró este miércoles que si los padres o personas en rol de autoridad permiten que ocurra un delito sexual y no lo denuncian pueden ser acusados de complicidad
“Si yo estoy viendo y tengo conocimiento de que se está cometiendo un delito en contra de un menor de edad, y yo no lo he denunciado, que no necesariamente es el caso que nos ocupa, se da que muchas veces los padres, abuelos o tutores callan el delito porque reciben dádivas o se hacen de la vista gorda. Pero usted está consciente que ese delito ocurre, por qué usted no lo denunció por qué permitió que lo abusaran, por qué permitió que jugaran con su moral. Callar no solo viola la ley, también viola derechos fundamentales”, declaró Villa Camacho. Respondió que para la familia que permite este tipo de abusos sabiendo que ocurren puede haber penalidad, “si se puede demostrar la complicidad, por supuesto que sí”. Freddy Carrión, padre de la víctima, declaró a medios de comunicación: “El sacerdote le vivía dando dinero a él, el sacerdote se llenó de celos porque el hijo mío publicó fotos de la novia en Facebook”.
Casi cuatro mil profesores serán cancelados y se desbloqueará la nómina de más de cuatro mil docentes que el Ministerio de Educación comprobó asistían diariamente a impartir clases a centros educativos donde no figuraban
El Presidente de la Asociación Dominicana de Profesores favoreció en parte este resultado, pero aclaró que hará su propia indagatoria sobre los maestros que aún permanecen bloqueados para establecer quienes cumplen labores docentes. Más temprano en un nota de prensa, el ministro de Educación Andrés Navarro informó que 3,929 docentes se mantendrán fuera de nómina porque se constató que no laboran en los centros educativos. A través de un comunicado el ministerio de Educación señala que luego de que la comisión técnica recorriera las 18 regionales de Educación del país, se dispuso el desbloqueo salarial de todos los docentes que estaban laborando en otro lugar diferente al de su nombramiento.
El imputado número 14 del caso de los sobornos de Odebrecht, Bernardo Castellanos, salió la tarde de este martes de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva después de pagar la fianza de cinco millones de pesos que le impuso el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.
Castellanos estaba detenido desde el pasado miércoles cuando retornó al país desde Guatemala. A su salida de la cárcel, a las 7:05 de la noche, solo se limitó a decir que pretendía reintegrarse a su familia. Además de la fianza, el juez Ortega Polanco impuso al acusado impedimento de salida sin permiso del Ministerio Público o de un juez y presentación periódica por un tiempo de ocho meses, y se ratificó la declaratoria de complejo del caso. Bernardo Castellanos de Moya, exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), es señalado como la persona que recibió, junto al exadministrador de la Corporación de Empresas Estatales (CDEE), César Sánchez, y el exadministrador de la Egehid, Máximo D’Oleo, sobornos del empresario Ángel Rondón para que a Odebrecht se le adjudicara la construcción de la hidroeléctrica de Pinalito.
A QUIEN PUEDA INTERESAR: Monseñor Agripino Núñez Collado, exrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y coordinador nacional del diálogo para el Pacto Eléctrico, fue sometido a una intervención quirúrgica recientemente en Santiago. De acuerdo a una fuente ligada a la familia Núñez Collado, todo salió bien y se encuentra en recuperación en su residencia del campus de la PUCMM de esta ciudad. Núñez Collado, de 84 años, fue también miembro prominente de la comisión que investigó el caso de Punta Catalina. La fuente informante se reservó sobre la dolencia por la cual Núñez Collado tuvo que ser operado en un centro de salud privado de esta localidad.
El Ministerio Público solicitó, este miércoles a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que impongan una pena de 15 años de prisión contra el director del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Alcibiades Holguín Cruz, a quien acusan de prevaricación y estafa contra el Estado dominicano.
Además, pidió que se le imponga el pago de una multa de más de RD$ 525 millones. Para la coimputada Sobeida Perdomo, pidió una pena de cinco años de prisión y el pago de una multa por más de RD$ 392 millones. La solicitud la efectuaron durante la presentación de conclusiones en la audiencia del juicio de fondo que se realiza hoy en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El canciller Miguel Vargas Maldonado justificó la nómina de 45 asesores que posee el Ministerio de Relaciones Exteriores, con salarios de entre RD$100 mil y RD$150 mil, y defendió la presencia en ese listado de ex diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
Vargas dijo que considera poca la cantidad de asesores para los 35 convenios que ha firmado en su gestión y sobre sus compañeros de partido, expresó que son personas con capacidad suficiente para desempeñar esas funciones y tienen derecho si poseen las condiciones. “Me parece muy poco para la cantidad de acuerdos que hemos realizado, cifra récord de más de 35 acuerdos, donde se requieren aportes de diferentes áreas”, expresó.
El destituido fiscal de Samaná, Robert Justo, anunció que apelará la decisión del Consejo del Ministerio Público que lo depuso de su cargo y denunció que ha sido víctima de una cacería
Añadió que durante su arresto se le violaron todos sus derechos y que está siendo perseguido por personas vinculadas al referido Consejo. Justo señaló que aún debe seguir cobrando su salario debido a que no existe una condena de la cosa irrevocablemente juzgada en su caso. Se recuerda que el fiscal fue acusado de acoso sexual por varias empleadas de él.
Fue aplazado el conocimiento de medida de coerción en contra del sacerdote Elvin Taveras Duran, acusado de violar sexualmente y dar muerte al adolescente Fernelis Carrión, de 16 años. El aplazamiento fue produjo por falta de un abogado del imputado.
El conocimiento de la medida fue aplazado para mañana jueves a las 9:00 de la mañana, a fines de que el acusado tenga un abogado asignado. Los detalles fueron ofrecidos por el fiscal Gilberto Castillo, representante del Ministerio Público, quien solicitará un año como medida de coerción. El joven Fernelis Carrión salió de su casa, ubicada en El Torito, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, el pasado viernes supuestamente a reunirse con el sacerdote, quien alegadamente pagó el taxi en el que llegó a su casa. Su cuerpo fue hallado el domingo.
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) publicó la revisión del Observatorio de Competencia de los Mercados correspondiente al semestre enero-junio de 2017, en el que se refleja que el mercado de la harina se encuentra en alerta máxima y prioritaria
La herramienta que permite identificar riesgos que potencian la posibilidad de prácticas anticompetitivas en los diferentes mercados, incluye en alerta los mercados de la leche, aceites y grasas vegetales, pan, cemento, varilla, pollo y huevo. Con respecto al mercado en alerta máxima se establece que: “La harina es el insumo principal de productos que tienen un alto impacto en la canasta familiar, tales como el pan, galletas, pastas, entre otros. Es decir, que el comportamiento del mercado de la harina tiene un efecto multiplicador sobre estas otras industrias de la economía. El desempeño de este mercado en todos los criterios de priorización del Observatorio es irregular en el primer semestre del año, en consecuencia, esta irregularidad puede haber sido trasladada a otros mercados”, señala ProCompetencia a través de Observatorio.
«The Washington Post» ha revelado este miércoles que el FBI procedió en el mes de julio al registro de una casa de Virginia que pertenece a Paul Manafort, que fue el jefe de campaña del presidente estadounidense, Donald Trump
Todo ello, dentro las investigaciones por la supuesta injerencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de 2016. Fuentes familiarizadas con el caso han contado que agentes federales se presentaron en la casa de Alexandria (Virginia) de Manafort sin previo aviso en la madrugada del 26 de julio, un día después de que compareciera voluntariamente ante la Comisión de Inteligencia del Senado por este asunto. El objetivo del registro era incautarse de documentos que Manafort estaría reteniendo a pesar de que ha entregado diverso material a las autoridades que investigan las conexiones del equipo de Trump con el Kremlin.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) prorrogó el Curso de Verano por tres días más y cambió la fecha del inicio de semestre para el 28 de agosto, debido a la suspensión de la docencia ocurrida la semana pasada por la muerte del estudiante y empleado del Centro de la academia en San Francisco de Macorís, Vladimir Lantigua Baldera
El vicerrector Docente, doctor Jorge Asjana David, al ofrecer la información, señaló que esta medida se tomó para que los profesores puedan concluir el programa de docencia del referido curso. En otro orden, el funcionario informó que el inicio de las clases para el próximo semestre 2017-20 será a partir del lunes 28 de agosto, por lo que llamó a los profesores y estudiantes a acudir masivamente desde esa fecha para que se concluya en el tiempo programado. En lo que va del proceso de matriculación de estudiantes nuevos, la Universidad estatal ha recibido 15 mil alumnos, que vienen a engrosar la matricula estudiantil de 180 mil bachilleres con que cuenta en la actualidad la UASD.
El presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, depositó por ante la secretaría de la Novena Sala Penal pruebas sobre la acusación que hizo contra el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta
De acuerdo con el dirigente político la documentación depositada consta de 66 pruebas documentales, 10 testigos que demuestran que cinco de seis empresas adjudicadas al funcionario, participaron en una subasta de la Junta Agroempresarial Dominicana para la comercialización de productos alimenticios. Se recuerda que Faña acusó a Peralta de violar la Constitución y la Ley de Función Pública al supuestamente favorecer sus empresas con importaciones de productos provenientes del acuerdo DR-CAFTA.