Para evitar que los bienes de los narcotraficantes, una vez ocupados, vuelvan a sus manos, entidades de la sociedad civil y el Ministerio Público urgieron la necesidad de aprobar el proyecto de ley de “extinción de dominio”, pieza que lleva más tres años “reposando” en el Congreso Nacional. El anteproyecto, que ha sido reintroducido en varias ocasiones por senadores peledeístas, suprimiría el derecho de propiedad a los narcos, que con frecuencia recuperan sus bienes materiales, luego de cumplir una condena, ya sea en el país o en el extranjero.
Es por ello que el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, sostiene que todo lo que tiene que ver con la política criminal de un Estado es parte de un sistema, por lo que esa ley hace falta para darle una repuesta efectiva al fenómeno del narcotráfico. Explicó que la misma establece una serie de disposiciones en donde todo aquel que no puede justificar su patrimonio, estaría expuesto, en virtud de la legislación, a su incautación.