A pesar de que al alcalde de San Francisco de Macorís se le haya impuesto como medida de coerción una garantía económica, presentación periódica de seis meses e impedimento de salida del país, tras ser acusado de malversar unos RD$100 millones, éste podrá continuar ejerciendo sus funciones.
De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Julián Roa, el alcalde Feliz Manuel Rodríguez Grullón podría ser suspendido si se le priva de su libertad o si se inicia un juicio de fondo. Explicó que si fuese privado de libertad, el concejo de regidores de su municipio o el Tribunal Superior Electoral (TSE) podrían disponer la suspensión. Dijo que en caso de que fuese suspendido, la vicealcaldesa pasaría a ocupar el cargo.