“Ya que Armstrong proporcionó a la hoja de ruta que utilizó productos dopantes, el gobierno tiene ahora la posibilidad de reabrir una investigación por fraude”, dijo Brian Socolow, asesor para el deporte. “Ahora que admitió que se había dopado, el fraude será mucho más fácil de demostrar”, agregó. Por su parte, Peter Keane, profesor de derecho en la Universidad Golden Gate, cree que el riesgo del campeón caído es grande. “Estoy hablando de dinero, mucho dinero, y más de libertad”.
Del lado civil, el Departamento de Justicia tiene hasta el jueves para unirse en una queja presentada en 2010 por el excompañero de Armstrong, el también ciclista Floyd Landis, para recuperar dinero público pagado al equipo del ciclista. Según un documento legal relativo a esta denuncia, el recurso civil de Landis se basa en una ley que permite a una persona perseguir a otra o a una empresa que hayan engañado al gobierno federal con declaraciones falsas. El gobierno habría pagado más de 30 millones de dólares a patrocinadores del equipo de Armstrong (Servicio Postal), según el Wall Street Journal. Según los expertos, el gobierno puede pretender recuperar tres veces esa cantidad.