Un total de 105 imputados, acusados de delitos de alta tecnología, han sido enviados a prisión preventiva como medida de coerción, por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los datos están contenidos en un informe dados a conocer por el titular de esa entidad, John Henry Reynoso, y tienen que ver con los primeros tres meses de gestión al frente de ese organismo.
El informe señala, además, que como medida de coerción durante ese período también han conseguido la imposición de unas seis garantías económicas en contra de los procesados. Reynoso adelantó que la próxima semana empezarán a depositar las acusaciones de los casos. «No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que los delincuentes sigan afectando a los ciudadanos; seguiremos enfrentándolos a través de los operativos que llevamos a cabo en todo el país, y solicitando penas ejemplares en ese sentido», advirtió.