El juez interino del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 6 de septiembre la audiencia de medidas de coerción personales y reales en contra de los principales ejecutivos de la Corporación Delta Intur y las empresas vinculadas, acusados de estafar a 175 familias con más de 800 millones de pesos depositados a través de bonos corporativos y otros documentos comerciales.
El magistrado Rigoberto Sena Ferreras, juez de paz de San Cristóbal, en funciones de juez interino del Sexto Juzgado de la Instrucción dispuso el aplazamiento para que regularicen las citaciones de los acusados. La medida de coerción personal, consiste en la imposición de presentación periódica, impedimento de salida, garantía económica y hasta prisión preventiva, ésta procede del Ministerio Público y la cual es solicitada por las víctimas que buscan inmovilizar bienes muebles e inmuebles con la inscripción de oposiciones a venta o transferencia.