Un tribunal de la Jurisdicción Penal de la Provincia de Samaná impuso medida de coerción consistente en una garantía económica de cien mil pesos al supuesto traficante de ilegales a Puerto Rico Rey David Cepeda Calcaño, mejor conocido como El Gordo. En tanto que las autoridades judiciales de Samaná confirmaron que Cepeda Calcaño estuvo en prisión durante tres años de 2014 al 2017, tras ser señalado como el capitán de una yola que zozobró en el año 2012 en Sabana de la Mar, donde perecieron 57 personas. Se dijo que el condenado por tráfico de ilegales salió libre a los tres años, luego de que las autoridades judiciales no recibieron querellantes señalando a Cepeda Calcaño como la persona responsable de la tragedia ocurrida en febrero de 2012.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas dictó tres meses de prisión preventiva contra una mujer de nacionalidad boricua, presuntamente vinculada a la violenta organización de narcotraficantes denominada como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (Farc), responsable de más de una decena de asesinatos, cuyas víctimas supuestamente eran arrojadas a los cocodrilos. Janelys Delgado Rey deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel de Najayo. Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) indicó que Janelys Delgado Rey es pareja de Vladimir Natera, presunto cabecilla de la citada red de narcos boricuas.
El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Ronald Sánchez, justificó este jueves las ausencias del legislador Bernardo Alemán en el hemiciclo, a quien el Ministerio Público investiga por supuestos delitos sexuales y violencia intrafamiliar en contra de menores Sánchez explicó que el diputado por Montecristi hace un mes fue sometido a una operación de corazón abierto por lo que se encuentra de licencia médica. Recordar que el Ministerio Público allanó la vivienda del legislador el pasado 12 de marzo tras denuncias formales de dos familias que lo acusan de violencia en contra de menores de edad.
El expresidente Hipólito Mejía llamó hoy al Gobierno a defender la soberanía y asumir una posición patriótica frente al problema de la migración haitiana, pero no politiquera. “Yo no tengo el complejo de Vincho, yo no soy anti haitiano, yo lo que digo es que nosotros aquí y los haitianos allá, respeto los haitianos, pero ellos tienen que respetar la soberanía. Los haitianos son una realidad, una realidad desgraciada para nosotros”, precisó Mejía. Mejía dijo que es enemigo de politizar el tema haitiano pero que hay que respetar la soberanía nacional y que siendo presidente de la República logró que su entonces homólogo de Canadá donará 50 millones de euros, y que le manifestó que estaba dispuesto a elevarlo a 100 millones de euros para desarrollar la zona fronteriza. “Yo hice lo que ellos me pedían, que era una fundación de personas ligadas a la protección del medio ambiente, y estuve esperando dos años para que el gobierno haitiano lo entendiera, porque su soberanía no les permite doblegarse ante la potencia extranjera y no se integraron”, explicó.
La siembra de arroz que debería realizarse en el próximo mes de mayo en los predios ubicados en las zonas del alto y bajo Yaque del Norte ubicadas en Santiago y en la Línea Noroeste está en peligro debido a la prolongada sequía que afecta la República Dominicana. Así lo advirtió Marino Abreu, director regional norte del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), quien informó que de la siembra realizada hace varios meses del cereal, se garantiza su recolección en los próximos meses. “Tal como nos comprometidos, estamos suministrando el agua necesaria para culminar la cosecha de un 60 por ciento que se sembró en la zona del Alto Yaque del Norte”, puntualizó Abreu. Indicó que el suministro de agua a los cosecheros del arroz se hace a través de los canales de riego Ulises Francisco Espaillat y el Monsieur Bogaert. En esta ciudad solo pudo sembrarse 18 mil tareas de arroz mientras que con el agua que suministra el canal UFE, unas 63 mil tareas y con las del monsieur Bogaert, que cubre desde Jicome hasta Valverde, otras 41 mil para un total de 122 mil tareas.
El movimiento político Bien Común depositó este jueves ante la Junta Central Electoral un acto de alguacil mediante el cual da un plazo de quince días a la institución para que cumpla sus funciones constitucionales y “detenga las campañas multimillonarias” que hay en todo el país en abierta violación de la Ley de Partidos. Según el colectivo, al negarse a aplicar los mandatos de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos en cuanto a los tiempos de inicio de la precampaña y en cuanto a los espacios específicos en los que los precandidatos deben colocar su publicidad, la Junta Central Electoral está violando el mandato constitucional de organizar elecciones libres y equitativas, para favorecer a políticos que tienen el país lleno de vallas. En el documento de solicitud, Bien Común presenta fotografías y direcciones de vallas colocadas en diferentes puntos del país promoviendo a Carlos Amarante Baret, Reinaldo Pared Pérez, Karim Abu Naba’a, Leonel Fernández y Danilo Medina, a pesar de que los artículos 43 y 44 de la nueva ley indican claramente que durante la contienda interna los aspirantes a candidatos deben limitar sus contenidos a los espacios cerrados y locales de sus respectivos partidos.
La Policía Nacional publicó este jueves un retrato hablado de la persona que acompañaba, en la parte delantera del vehículo, al chofer del carro público desde el que cayó y perdió la vida Daniela Sánchez, cerca del kilómetro 9 de la autopista Duarte. Las características de la persona son: de 5,8 a 5,10 de estatura, de 20 a 30 años de edad y se presume que vive entre el kilómetro 9 y 14 de la autopista Duarte. “El chofer del carro (Jesús Cuello Torres) nos dio esta descripción de la persona que se encontraba en la parte delantera del vehículo junto con él y es quien le avisa que la muchacha se cae del carro», explicó el vocero de la institución Frank Durán. Durán llamó a este individuo (al identificado) a hacer contacto con el departamento de Relaciones Públicas de la Policía a fin de tomar sus declaraciones en torno al hecho y que las mismas sean incorporadas a la investigación; igualmente agradece a cualquier ciudadano que pueda cooperar para su localización.
La comisión de relaciones exteriores de la cámara baja del congreso estadounidense adoptó el jueves con apoyo bipartidista tres proyectos de ley que buscan aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. Una iniciativa agrega restricciones a la exportación de gas lacrimógeno y equipos antidisturbios. Otra ordena al gobierno de Donald Trump aportar 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y la tercera encarga al Departamento de Estado y a los organismos de inteligencia una evaluación de la amenaza que representa la cooperación rusa con Venezuela. Se espera que las tres iniciativas de ley sean sometidas a voto en el pleno de la cámara baja. Ninguna tenía el viernes versiones complementarias en el Senado. Estados Unidos y más de 50 gobiernos reconocen al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país y alegan que la reelección de Maduro fue fraudulenta porque no permitió la participación de candidatos opositores.