Noticias del Mundo 17-04-2018

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No uno ni dos: un total de 22 jueces han sido destituidos de sus funciones desde 2012 hasta la fecha, 10 hombres y 12 mujeres, principalmente por dictar fallos favorables a imputados.

Los jueces destituidos por los miembros del Consejo del Poder Judicial, por incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, ejercían sus funciones en diferentes instancias judiciales, desde los juzgados de paz, hasta las cortes de apelación.   El presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, sostiene que las decisiones del organismo, obedecen a los mecanismos de investigación desarrollados por la Inspectoría General del Poder Judicial, el cual actúa frente a denuncias de irregularidades cometidas por jueces y servidores judiciales. Expresa que las destituciones son producto del sistema de consecuencia establecido en el Poder Judicial frente a quienes se aparten de los lineamientos establecidos. San Pedro de Macorís, del Este del país, aglutina la mayor cantidad de jueces que han sido destituidos de sus funciones desde el 2012, cinco en total, seguido de San Francisco de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, Monte Cristi, San Cristóbal, La Vega, Santiago Rodríguez y Elías Piña. Los jueces del área penal fueron los que emitieron más fallos escandalosos, cuyas decisiones recibieron el cuestionamiento público tanto por particulares como por el ministerio público.

FOCO AQUÍ: las irregularidades en la contratación de compras y servicios en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), son parte de las informaciones que había requerido mediante un recurso de amparo a la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), el abogado Yuniol Ramírez antes de ser asesinado el 11 de octubre del pasado año. Esas irregularidades fueron develadas en una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a la OMSA, durante el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 y el 17 de octubre de 2017, durante la gestión de Manuel Rivas, acusado en el asesinato del también profesor universitario. El 19 de junio del pasado año, mediante acto de aguacil número 346/2017, la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), que presidía Yuniol Ramírez, había pedido información a través del departamento de Libre Acceso a la Información de la OMSA, de cinco empresas favorecidas en los últimos dos años con más de 800 órdenes de reparaciones. Yuniol Ramírez en esa ocasión se refería a las compañías Grupo Martisdom, Tech Solution, Venditio Line & Asociados, Josafap Inversiones y Soluciones Thiaubaa, de la cual además pedía certificaciones, si estas se encontraban en servicio.

Seguimos: la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) establece que en la gestión de Manuel Rivas se pagaron RD$31,979,524 en la adjudicación de contratos de servicios y bienes a diferentes empresas vinculadas a funcionarios de la institución. Se precisa que ningún funcionario de la institución, esposa o pariente podrá ser proveedor de la empresa estatal ni participar en procesos de contratación, ya que será responsable por los daños o dolo causados al Estado. La Cámara de Cuentas comprobó mediante certificados de registro mercantil que en las empresas Farma-S JHR y Express SRL, de suministros farmacéuticos, aparecen como socias Rosa Elena Peña y Yumilde del Carmen Rosario Díaz, esposa y hermana , respectivamente, del gerente financiero de la OMSA, coronel Faustino Rosario, al igual que la empresa Ramel Corp, representada por José Esteban Valenzuela. Mientras que la compañía Suplifarma JYY aparece en dichos registros con el mismo domicilio de Farma-S JHR Express. La auditoría fue ordenada por la Procuraduría General tras la muerte de Yuniol Ramírez, en la que son implicados Rivas y Faustino Rosario.

 

 

La Comisión de Libertad de Prensa para la República Dominicana expresó que en el país se libra una batalla por la libertad de prensa en el Congreso y que han continuado produciéndose actos de agresión física y verbal contra reporteros de diferentes medios, especialmente de agentes de la autoridad armada.

El informe de la Comisión fue leído por Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, en representación de Miguel Franjul, director del Listín Diario, en la reunión medio año que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, Colombia, del 13 al 16 de abril del 2018. En el documento, la comisión se refirió al caso del periodista José Luis Contreras, que se resistió a ser arrestado por un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas en la norteña provincia de Montecristi, quien lo encañonó y sujetó por el cuello para llevarlo a un cuartel. “Recientemente, la presentadora y productora de televisión Alicia Ortega, de Noticias SIN del canal 9, denunció que había recibido amenazas de muerte desde la prisión en que esperaba juicio el imputado Avelino Castro, a resultas de unos reportajes que difundió por televisión describiendo las implicaciones de este en el crimen del periodista”, leyó Tejada, quien es miembro del consejo consultivo de la Sociedad Interamericana de Prensa.

 

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, garantizó  que el Ministerio Público hará todo lo que esté a su alcance para que el caso del asesinato del periodista Blas Olivo Santana no sufra más demoras en los tribunales.

Rodríguez habló del tema al encabezar un encuentro de trabajo en su despacho junto al fiscal titular de Monseñor Nouel, Joel López; el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Adriano De La Cruz, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), José Beato. Asimismo, con la esposa del fenecido Olivo Santana, Raquel De La Cruz, su abogado Cirilo Quiñones, y la hermana del comunicador, la abogada Dalin Olivo. Durante la reunión, el jefe del Ministerio Público instruyó al fiscal López, quien encabezó las investigaciones del caso, para que dentro de las funciones que le correspondan, haga todas las coordinaciones necesarias para evitar que el juicio continúe siendo afectado por retrasos. Asimismo, se ofreció para servir como puente y canalizar ante el Poder Judicial, cualquier inquietud planteada por el Colegio Dominicano de Periodistas y la familia de Olivo Santana, en aras de agilizar el proceso que se sigue en los tribunales a los imputados de dar muerte al periodista.

 

El padre del niño Andy Herrera, quien necesita un trasplante de corazón, aseguró que las donaciones prometidas por los artistas Héctor Acosta (El Torito), Daddy Yankee y Ozuna no han sido entregadas.

“La complicación de Andy es que ahora mismo están haciéndole un trasplante de riñón  y está reteniendo liquido en los pulmones, pero sigue batallando y luchando dentro de todo, porque Dios está obrando en él”, aseguró Herrera. Así mismo, agregó que en las próximas horas se trasladará a ver al niño, debido al estado de salud en que este se encuentra. De acuerdo a Herrera, para el proceso necesitaban 1 millón  316 mil dólares, de los cuales han recaudado 1 millón 157 mil dólares, siendo 158 mil dólares la cantidad faltante. Los interesados en colaborar con esta causa pueden comunicarse con su padre al teléfono 829-303-1427. Para depósitos lo pueden hacer al número de cuenta de ahorro 720012257-7  del banco Banreservas.

 

La Procuraduría Fiscal de Santiago depósito ante la Secretaría General de la Jurisdicción Penal, un recurso de apelación en contra de la sentencia a través de la cual fueron descargados tres de seis personas implicadas en un fraude millonario en contra de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El recurso fue interpuesto en contra de la sentencia, mediante la cual el Segundo Tribunal Colegiado impuso el pasado 13 de febrero, 8 años de prisión a José Rafael Marte, 5 años a Gibrand Aburkama Martínez, 2 años a Adalberto Rosa Rosario, y dispuso la libertad de Miguel Ángel de Jesús Lazala, Herald Estévez Peña y Héctor Manuel García Ortega. La información fue ofrecida a través de comunicado de prensa, el cual destaca que en un escrito de 154 páginas, el organismo a cargo de la investigación expuso los aspectos que no fueron valorados por los jueces del tribunal de primera instancia en su decisión. En dicho escrito, la Fiscalía de Santiago también resalta los elementos probatorios con los cuales demostró la vinculación de los procesados con los hechos imputados y que lamentablemente no fueron observados por el tribunal, cuya inobservancia valió para los argumentos de descargo que fueron rechazados.

 

Decenas de diputados venezolanos contrarios al Gobierno darán luz verde mañana al «proceso» de juicio que abrieron unos magistrados designados por el Parlamento en contra del jefe de Estado, Nicolás Maduro, señalado de corrupción.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) discutirá mañana martes una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que ya fue aprobada por el denominado Tribunal Supremo «en el exilio», conformado por cerca de 30 juristas que la Cámara invistió como magistrados pero que son desconocidos por el Supremo venezolano. El Parlamento se limitó a convocar una sesión para «considerar la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro», sin mencionar expresamente que se trata de un juicio penal y de una acción política que intenta la oposición en medio de la crisis nacional.

 

La confrontación entre el estado de California y la administración e inmigración de Trump continúa y llega a una nueva escalada con el anuncio de que el gobernador de California, Jerry Brown, no desplegará miembros de la Guardia Nacional en la frontera

“El estado informó a los funcionarios federales que no permitirá a sus tropas arreglar y reparar vehículos, operar cámaras de vigilancia controladas a distancia para reportar actividades sospechosas a la Patrulla Fronteriza, operar radios y proporcionar apoyo a la misión, que puede incluir trabajo administrativo, comprar combustible y el manejo de la nómina de pago, de acuerdo con funcionarios con conocimiento de las conversaciones que hablaron condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto”. ¿Qué significa eso, realmente? La semana pasada, el gobernador Brown anunció que desplegaría 400 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con la condición de que no se usarían para ayudar a las autoridades de inmigración. Sin embargo, lo que Brown estaba dispuesto a hacer era desplegar las tropas en la frontera para luchar contra el tráfico de armas y drogas.

 

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, calificó hoy de absurda y sin sustento la demanda arbitral internacional por 300 millones de dólares contra el Estado dominicano por la empresa Lajun quien tenía la administración del vertedero de Duquesa

“Es una demanda improcedente, desde mi punto de vista, sin sustento y vamos a demostrar en el arbitraje que el Estado dominicano tiene la razón”, aseguró.

Dijo que el Estado dominicano tendrá una defensa firme, fuerte con todo el rigor jurídico necesario para que prevalezca el interés público, el interés común. Explicó que establecieron un mecanismo de coordinación en el que participan la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, la mancomunidad de las alcaldías del Gran Santo Domingo y la Consultoría del Poder Ejecutivo. “Estamos haciendo las coordinaciones correspondientes para contratar una firma de abogados internacionales especialistas en materia de arbitraje, se ha convocado a un número considerable de firmas para que sometan sus propuestas”. Explicó que unas doce firmas son evaluadas para seleccionar una y que todavía están dentro del plazo para el arbitraje.

 

El proyecto de Ley de Partidos que sería aprobado el próximo miércoles en segunda lectura por el Senado establece que un precandidato presidencial de un partido político tiene un tope de gastos en la precampaña interna de RD$100 por cada elector hábil para votar en el padrón de la Junta Central Electoral, lo que le da un techo para gastar más de 700 millones de pesos

El padrón actual de la Junta Central Electoral sobrepasa los 7 millones de votantes, según informó recientemente el presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán. A nivel congresual el proyecto indica que los precandidatos a senadores y diputados pueden gastar en el proceso de selección de candidatura un monto máximo de RD$75 por cada elector inscrito en la provincia o circunscripción en el padrón de la Junta Central Electoral. Esto indica que un aspirante a la candidatura a senador del Distrito Nacional podría gastar más de 55 millones 16,400 pesos en la campaña de su partido. Esto basado en 733,552 electores registrados en los comicios del 2016, al igual que para el precandidato a alcalde, que podría gastar RD$36 millones 677,600. Pero un precandidato a senador de Pedernales solo podría gastar un millón 342,125 con base en 17,895 electores que se registraron en esa provincia en 2016.

 

La organización Profamilia solicitó hoy a la Cámara de Diputados que rechace el informe de la Comisión de Justicia que excluyó dos de las tres causales para la despenalización del aborto en el Código Penal

La posible aprobación de un Código Penal que no contemple de manera clara y específica las tres causales (cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer por malformaciones del feto, y cuando el embarazo es producto de una violación sexual o incesto) es un castigo a la mujer dominicana que pone en mayor riesgo su vida, al someterse a un aborto clandestino. En un comunicado de prensa, Profamilia entiende que la penalización absoluta también violenta el derecho a la dignidad de las mujeres.

“Los diputados que decidieron mantener un texto ambiguo en relación con el aborto cuando la vida de las mujeres está en riesgo a causa del embarazo, y relegaron las causales de violación y malformaciones congénitas incompatibles con la vida a la creación de una ley especial”, reza la nota. Con esta decisión, “los congresistas dejan claro que no conocen la realidad de miles de mujeres dominicanas a quienes, con sus hechos, dan la espalda”.

 

La Cámara de Diputados designó una comisión especial de nueve diputados que investigarán las denuncias relacionadas a la Cámara de Cuentas

La comisión estará presidida por el diputado peledeísta Dilepcio Núñez, quien es el presidente de la comisión de Cámara de Cuentas del órgano legislativo. Los demás integrantes son los legisladores peledeistas Jesús Martínez Alberti, Adalgisa Pujols, Ramón Cabrera. Por el Partido  Revolucionario  Moderno-PRM- Franklin Romero, proponente  de la iniciativa, y Ginette Bournigal. Por el Partido Revolucionario Dominicano-PRD Héctor Félix y Melvin Lara por el Partido Reformista Social Cristiano-PRSC-. El presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, adelantó que la comisión deberá investigar los señalamientos contra el órgano fiscalizador, respecto al aumento salarial de los miembros y otros gastos fuera del presupuesto de la entidad.

 

El director general de Impuestos Internos, Magín J. Díaz, anunció el aplazamiento de las notificaciones a contribuyentes con más de un empleo, cuyos salarios sumados superan la exención del Impuesto sobre la Renta, al admitir que “sorprendimos a la gente, porque ciertamente en 20 años no ha habido orientación sobre el tema en los niveles adecuados”.

Díaz dijo que la decisión de aplazar la notificación fue para concentrarse en una masiva campaña educativa sobre el tema. Reconoció como una “falla histórica” de la DGII no haber informado suficientemente al público sobre las disposiciones del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 1998 en cuanto a los contribuyentes con más de un empleo.

Díaz explicó que luego de haber notificado a menos de 2,000 personas (de un total de más de 2 millones de asalariados); y reflexionado sobre la demanda de una campaña previa –propuesta que considera justa y necesaria- las cartas dirigidas a los contribuyentes con más de un salario para que se regularicen cierran su primer ciclo.

“En la DGII actuamos siguiendo la ley de manera estricta, pero esto no nos hace irracionales. Bajo el principio de razonabilidad, tenemos que admitir que sorprendimos a la gente, porque ciertamente en 20 años no ha habido orientación sobre el tema en los niveles adecuados”, sostuvo el funcionario en una nota de prensa.

 

La Junta central Electoral (JCE) tiene pendientes de pagar mil millones de pesos, de la deuda que tiene con distintas entidades, según reportan medios de prensa.

De ese monto, US$13,927,931.17 millones, unos RD$688 millones pertenecen a su deuda con la empresa española Indra Sistema, que suplió equipos para el escrutinio de votos y el registro de concurrentes, informa el periódico Diario Libre en su edición de este martes. También debe RD$68 millones a la empresa que sirvió la cédula, RD$531 millones al Plan de Retiro y RD$204 millones al Impuesto Sobre la Renta, entre otros, agrega. Julio César Castaños Guzmán, presidente de la junta, aseguró que la deuda de este organismo, que al 2016 era RD$2,400 millones, se ha ido honrando paulatinamente “pero todavía nos quedarían casi RD$1,000 millones”. El pasado año 2017, el Gobierno auxilió a la junta con RD$500 millones, recursos que fueron destinados al pago de suplidores de bienes y servicios, a contratistas a cargo de las remodelaciones y construcciones de juntas electorales, y del personal militar y policial que trabajó en los pasados comicios.

 

El gobierno de Bosch, El Triunvirato, LA Guerra Civil y La Intervención Norteamericana de 1965 es el título del nuevo libro que pondrá en circulación, el doctor Amaury Justo Duarte, con la presencia de la licenciada Yvelisse Prats de Pérez.

El acto de puesta en circulación de la obra del Investigador Social, abogado y dirigente político será realizado este miércoles 18 de abril, a las 7:00 de la noche en la librería Mamey, ubicada en la calle Mercedes #315, Zona Colonial, frente a la iglesia Virgen de Las Mercedes, de la Ciudad Colonial En esta obra, el autor resume los hechos históricos acaecidos en la sociedad dominicana entre 1963 y |1965 que se desenvuelven en una formación caracterizada por una estructura económica, clases y grupos políticos particulares, según punto de vista. Afirma que al derrumbarse en 1961 la dictadura trujillista se desvelan los sectores sociales que retratan la sociedad de la época. Cómo los grupos empresariales subsistían bajo la dictadura y se bifurcaban: unos, amparados en el viejo aparato trujillista, otros, los disidentes anti trujillistas, vinculados al poder extranjero. Un tercer sector burgués disperso, sin lazos con los dos anteriores y que emerge buscando desarrollarse con cierta independencia.

 

Un vuelo de pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia este martes en el aeropuerto de Filadelfia.

Un pasajero a bordo del vuelo 1380 de la aerolínea SouthWest le dice a CNN que el vuelo programado para partir de Nueva York el martes por la mañana rumbo a Dallas fue desviada a Filadelfia cuando el perdieron el motor izquierdo del avión. Desde el lugar de los hechos se puede ver una gran cantidad de líquido debajo y detrás del lado izquierdo del avión, y a los bomberos ayudando a los pasajeros del avión. SouthWest dijo que le vuelo salió de La Guardia en Nueva York cuando algo salió mal. El aterrizaje fue descrito como «seguro». En imágenes tomadas en el aeropuerto de Filadelfia se puede ver a los pasajeros desembarcando con calma.

 

La primera ministra británica, Theresa May, se disculpó hoy ante representantes de doce países del Caribe por las amenazas de deportación que afrontan inmigrantes de esa región que se trasladaron al Reino Unido entre 1948 y 1971.

La mayoría de esas personas llegaron al país junto a sus padres, que fueron invitados por el Gobierno británico para cubrir la falta de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial, pero su situación legal quedó en el aire después de un endurecimiento de las normas de inmigración que promulgó May en 2012, cuando era ministra de Interior. La jefa de Gobierno conservadora se reunió hoy en su despacho oficial de Downing Street con su homólogo jamaicano, Andrew Holness, y otros representantes de países caribeños, y les expresó sus «genuinas disculpas» por la «ansiedad» que la situación ha podido causar a los inmigrantes. «Quiero disipar cualquier impresión de que mi Gobierno está de algún modo actuando contra ciudadanos de la Commonwealth, en particular aquellos que provienen del Caribe», dijo May en esa reunión.

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