Los millones de pesos que genera el negocio del transporte público de pasajeros incita a grandes y pequeños empresarios agrupados en los denominados sindicatos a incurrir en acciones ilegales por controlarlo, incluyendo engaños, estafas, amenazas, asesinatos y sobornos a funcionarios que, según revelan, reciben ofertas de hasta RD$6 millones a cambio de permisos para operar rutas urbanas e interurbanas.
Esa estructura de ilegalidad que por años ha prevalecido en ese sector, amparada en una débil regulación que admiten las propias autoridades, no sólo ha hecho del concho un comercio donde las rutas se venden al mejor postor, sino que se oferta con una cantidad de vehículos superior a la requerida, y obliga a los usuarios a pagar un tarifa de pasaje sobrevaluada. Inclusive, quienes participan de este sistema, coinciden en asegurar que al gobierno se le haría muy difícil articular el transporte como los sindicatos han logrado organizarlo en las últimas décadas.
Un informe sobre Tarifas de Transporte Público, elaborado por la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) en febrero de 2011, determinó que sólo en los viajes de trabajo que se realizan en el transporte urbano de Santo Domingo, los usuarios pagan un excedente en tarifa de RD$7,566,000 al año. Los técnicos de la OTTT evaluaron, además, 64 rutas interurbanas, en las que el excedente cobrado a los pasajeros fue de RD$356,428,128 en promedio.