Los representantes legales de la familia de Anibel González, la abogada asesinada por su expareja en San Pedro de Macorís, depositaron formal querella ante la Procuraduría General de la República, en contra de los fiscales que llevaron el proceso penal seguido contra Yasmil Oscar Fernández, quien provocó la muerte de la joven y luego se suicidó. La querella fue interpuesta la mañana de este jueves en contra de la fiscal suspendida de San Pedro, Margarita Hernández Morales y el también fiscal suspendido Pedro Núñez Jiménez, quienes suscribieron un “acuerdo parcial” con Yasmil, que le redujo la condena de 5 años a un año y ocho meses, lo que le permitió salir en libertad y asesinar a Anibel González.
“La presente querella-denuncia tiene su fundamento en los hallazgos de responsabilidad y violaciones a las normativas penales, civiles y éticas de esos fiscales, por los maltratos, vejámenes y posterior asesinato de la abogada Anibel González”, expresó el abogado José Miguel Vásquez.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ángel Estévez amenazó a los alcaldes de Pedro Brand, La Guáyiga, Villa Linda y Los Alcarrizos de sancionarlos por la cantidad de basura que se encuentra en arroyo Lebrón, al tiempo, que se desvinculó de la responsabilidad que conlleva la limpieza del río. “Nosotros sancionaremos a los que contaminan, son la misma población, investigamos y estamos viendo cuáles son los negocios que están tirando basura al arroyo”, precisó el funcionario. Asimismo, puntualizó que la misión de ese ministerio es que se cumplan las leyes, no de la recogida de basura, insistió que son las alcaldías las responsables de recoger los residuos sólidos y llevarlos a su destino.
“Esos problemas no son de nosotros. Los residentes tienen que hablar con su alcalde, nuestra misión es de hacer que se proteja el medioambiente”, agregó Estévez. Dijo además que investigarán a los responsables de arrojar basura en el río, ya que les interesa saber la procedencia del mismo. El arroyo Lebrón, que desembocaba en el río Isabela, está cubierto de diversos desechos tóxicos que son provenientes en su mayoría de Hato Nuevo, kilómetro 22 de la Autopista Duarte y Los Alcarrizos.
“Se necesitan 7,372 hackers actuando todos al mismo tiempo a las 4:00 de la tarde el domingo 6 de octubre para lograr entorpecer este proceso”, respondió el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, a la denuncia del supuesto fraude que planean unos hackers rusos el día de las elecciones primarias. Castaños Guzmán respondió en eso términos a las declaraciones ofrecidas por el senador de la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, de que en el país se encuentran unos hackers rusos que harán un fraude en el conteo de los votos de las primarias este 6 de octubre. “No creo que sea posible tal hackeo, pues hay un funcionamiento autónomo de cada mesa electoral y no tenemos interconexión online de las 7,372 mesas existentes en todo el país, sino que cada una tendría su autonomía, es por eso que digo que necesitaríamos unos 7,372 hackers”, defendió el presidente de la Junta.
Los familiares de la niña asesinada Carla Massiel solicitaron hoy al presidente de la Suprema Corte de Justicia ordenar una investigación para determinar si hubo tráfico de influencia por parte de la imputada Liliana Santana, para que se revoque un auto de apertura dictado en su contra. Diolandita Cabrera, madre de la menor, en una instancia remitida al también presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, a través de su abogado Plutarco Jáquez, pidió que se realice la investigación de que Liliana Santana está influenciando en la Suprema Corte de Justicia. Señalaron que la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte está apoderada de un recurso de apelación interpuesto por la imputada, a través de su abogado Luis Rivas, en contra del auto de apertura a juicio del 5 de abril pasado dictado por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
La República Dominicana a través de la Procuraduría General de la República (PGR) reclamó al gobierno de Brasil que asegure que la empresa Odebrecht pague la deuda que tiene pendiente, como parte del acuerdo por haber admitido que sobornó a funcionarios dominicanos para lograr la adjudicación de obras del Estado. La procuraduría General de la República, en un comunicado emitido este jueves explicó que «luego de que Odebrecht se acogió a un proceso de recuperación judicial en Brasil para reestructurar sus deudas, esta institución interpuso un reclamo formal en esa jurisdicción para asegurar el cobro de los 124 millones de dólares que la constructora tiene pendiente con República Dominicana por el restante de la sanción de 184 millones de dólares por sobornos que le fue impuesta por un tribunal local en el año 2017. La institución del sistema de justicia recordó que la empresa Odebrecht tiene el compromiso de pagar en un plazo de ocho años la totalidad de los 184 millones de dólares que les fueron impuestos como sanción por los sobornos que admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras públicas, siendo esta suma el tope del monto de la multa que establece la Ley No. 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión a aplicar a las personas morales que incurran en soborno. Odebrecht admitió haber sobornados a funcionarios dominicano con una suma de 92 millones de dólares.