El abogado Freddy Minaya reveló que el Ministerio Público tenía conocimiento de las presuntas implicaciones del subdirector de la Policía, general Neivi Luis Pérez Sánchez, en torno al supuesto caso de abuso contra una menor de edad. “Esas declaraciones se les suministraron a Fiscalia en la cámara Gesell, nosotros ignoramos por qué no se le dio curso a eso”, manifestó el jurista. Minaya habló tras depositar, junto a la madre de la menor, la querella contra Pérez Sánchez ante la Dirección de Asuntos Legales de la institución.
Agregó que con esto se busca que el caso sea esclarecido. De su lado, el portavoz de la uniformada, coronel Frank Félix Durán Mejía, indicó que la institución no se referirá por el el momento al caso, por lo que esperan que se agote el debido proceso.
Google está trabajando duro en mejorar el sistema de reconocimiento facial de sus teléfonos Pixel. Según un reporte ingenieros de la empresa han estado ofreciendo tarjetas regalo por valor de US$5 canjeables en Amazon o Starbucks a ciudadanos que paseaban por Nueva York, a cambio de escanear su rostro. Google está probando un nuevo sistema de reconocimiento facial en varias ciudades estadounidenses y para ello necesita recopilar este tipo de información. El autor del reporte relata que un conocido suyo fue interceptado por uno de estos ingenieros de Google, que le dijo algo como «Hola, trabajo para Google y estamos recopilando datos para mejorar la próxima generación de desbloqueo de teléfonos con reconocimiento facial’.
La Policía Nacional descarta que se trate de un desafío a la autoridad las muertes de tres cabos de esa institución en diferentes hechos en menos de un mes. El vocero policial, coronel Frank Félix Durán Mejía, dijo que las muertes de los cabos Christopher Turbí Ruíz, Steven Contreras y Ariel Peralta López, está última ocurrida ayer en Santiago, son crímenes aislados. “Son situaciones que se dan, lamentablemente se vieron involucrados agentes nuestros, pero no entendemos que es un desafío”, expresó Durán Mejía.
En un edificio de la ciudad mexicana de Monterrey operaban tanto una empresa vinculada al escándalo Odebrecht como empresas fantasma del caso conocido como la Estafa Maestra, desveló este martes la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La organización detalló que el edificio de la calle Rafael Verger número 1814 albergaba una correduría donde se crearon seis empresas fantasma que sirvieron para saqueos del erario público, así como una empresa que fue utilizada por los empresarios brasileños de Odebrecht para triangular pagos del departamento de sobornos. La organización descubrió este punto de unión entre ambos casos -dos de los casos más mediáticos de corrupción en los últimos años- en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma secreta Drousys, del departamento de sobornos de Odebrecht.
El diputado del partido Alianza País, Fidelio Despradel, solicitó hoy a la Cámara de Diputados la interpelación del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que explique su participación en la gestión de contratos de seis obras para las que la empresa Odebrecht había realizado desembolsos irregulares, de acuerdo a lo que aparece en el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según el documento de prensa entregado por Despradel, las obras ejecutadas por Obras Públicas son la carretera Miches-Sabana de La Mar, el Boulevard Turístico del Este (BTE), la ampliación de la carretera de San Pedro de Macorís, la autopista Coral, la carretera Cibao-Sur y la Ecovia de Santiago. A estas seis obras se le realizaron adendas, según el documento, para aumentar el costo final de la construcción y favorecer a la constructora brasileña con mayores desembolsos desde 2013 hasta 2017.
La administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a encender las alarmas entre los inmigrantes ante la posibilidad de que se amplíe la aplicación de las deportaciones rápidas a quienes hayan permanecido de forma ilegal en el país menos de dos años. La decisión, aparecida en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que aparecerá este martes en el Registro Federal, establece nuevas directrices para las deportaciones aceleradas, que en algunos casos no tendrán la mediación de un juez. El nuevo apretón de tuerca en la política migratoria se produce mientras se mantiene activa la amenaza de las temidas redadas masivas, vigentes desde el pasado 14 de julio y dirigidas a unos 2.000 inmigrantes con órdenes de deportación que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.
La crisis política en Puerto Rico dio un nuevo giro el martes, luego de que un juez emitió órdenes de registro para los teléfonos celulares de funcionarios del gobierno vinculados con un chat en línea que desencadenó la crisis política más reciente en el territorio de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Justicia Territorial, Kelvin Carrasco, dijo el martes a The Associated Press que las órdenes fueron aprobadas anoche y que eran válidas para quienes no han entregado sus teléfonos todavía. No identificó a los funcionarios y se negó a hacer más comentarios porque la investigación está en curso. Las órdenes siguen a protestas masivas que exigen la expulsión del gobernador Ricardo Rosselló, quien participó en una charla en línea ofensiva y obscena entre él y sus asesores. Esa conversación se filtró y desencadenó la crisis actual. El grupo también insultó a las mujeres y se burló de los electores, incluyendo a las víctimas del huracán María.