El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, es licenciado en derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con estudios de post grado en derecho constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero además con una amplia trayectoria en instituciones del Estado. Molina fue director de la Escuela Nacional de la Judicatura, institución adscrita a la Suprema Corte de Justicia desde 1998 hasta 2010, logrando posicionar la institución como escuela modelo en América Latina. Desde el 2012 al 2016 fue viceministro de la Presidencia de la República Dominicana y actualmente es el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Su carrera en el ámbito jurídico se inicia a los 18 años como oficinista en el Tribunal de Superior de Tierras y después en el Centro Dominicano de Asesorías e Investigaciones Legales (CEDAIL), una institución de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Además dentro de su carrera jurídica, Luis Henry Molina se ha desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de las materias de: Historia del Derecho, Introducción al Derecho, Derecho Comparado a nivel de licenciatura; y Derecho Constitucional, a nivel de licenciatura y maestría; y en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), de Poder Judicial, a nivel de Maestría en la Maestría de Derecho Constitucional.
Estudiantes, docentes y varias organizaciones comunitarias de Cristo Rey le solicitaron al Ministerio de Educación (Minerd) la construcción de un politécnico debido al deterioro que exhibe, en su estructura física, el Liceo Parroquial San Pablo Apóstol de esa barriada. Concentrados frente al referido centro educativo, ubicado en la avenida Los Mártires, representantes del barrio alzaron la voz en atención a ese compromiso que, según dijo a este medio el párroco José Luis Hernández, fue asumido por el Minerd en 2018. “Desde el año pasado, en agosto, comenzamos esta lucha por la construcción de un politécnico para Cristo Rey en razón de que el que tenemos aquí alberga una matrícula general de 1,488 alumnos en una edificación de 50 años que no garantiza su seguridad por las condiciones en las que se encuentra”, afirmó el sacerdote Hernández. El religioso añadió que desde entonces la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) puso a disposición de Educación unos terrenos ubicados en la avenida Nicolás de Ovando, pero desconoce si existe algún trámite al respecto, razón por la que continuarán paralizando la docencia.
En el hipotético caso de que en el país creciera la reducida cuota de coches anfibios que conforman el parque vehicular, los residentes de Herrera, puntualmente los de la periferia de las calles Juan Ballenilla y Guarocuya, los adquirirían sin pensarlo dos veces para atravesar esa intersección, que no se avista por una “laguna” que parece diluirse a la vista de las autoridades. Daniel de León, un mecánico automotriz que labora en una empresa ubicada en la intersección, explicó que la avería tiene más de siete años. “Hace como un año la repararon, pero a los dos meses el agua volvió a acumularse. Ellos hicieron un trabajo ahí con el objetivo de que el agua fluya, pero no sirvió de nada”, indicó De León. Tanto él como otros vecinos de la zona esperan una solución definitiva del problema, que los tiene “hastiados”.
Además de procurar la nulidad o exclusión de varias pruebas recolectadas por el Ministerio Público contra el empresario Ángel Rondón Rijo por presuntamente ser obtenidas de manera fraudulenta, la defensa del imputado fue enfática en reiterar que los procedimientos agotados para el proyecto Punta Catalina, fue el mismo para todas las obras adjudicadas a Odebrecht. De igual manera citaron varios aspectos constitucionales por los cuales consideran debe ser dictado un auto de No ha lugar en beneficio del empresario, “porque si no hubo irregularidad con Punta Catalina, tampoco lo hubo con las demás obras”. El abogado Guillermo García dijo que se violó el principio de constitucionalidad relativo a la igualdad ante la ley con respecto al empresario. Afirmó que así como el órgano investigador no sometió a la acción de la justicia a todos los miembros de las comisiones de Hacienda del Congreso Nacional, la Contraloría de la República, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, los ministerios que ejecutaron los proyectos de Odebrecht, los consorciados y supervisores de las obras, asimismo se debió hacer con Ángel Rondón Rijo, toda vez que la empresa brasileña admitió haber pagado sobornos.