La fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Diná Llavería, está interrogando en estos momentos a varios empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), donde, de acuerdo con una auditoría, ocurrieron varias irregularidades millonarias.
Los interrogados son Clistenes del Carmen Pérez, Isidro González, Mario Reyes, Ingrid Fonty Altagracia e Ynes López Almonte, quienes son los encargados de la Unidad de Auditoría Interna de la Omsa. Los interrogatorios se realizan en el despacho de la magistrada Diná Llaverías. Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a la Omsa reveló varias irregularidades financieras en la entidad.
La promulgación de la Ley 63-17 y la creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), se han constituido en un desafío para las instituciones y organizaciones que se ven obligadas a renovarse como garantía de mantener su operatividad o quedar al margen del proceso de renovación del sector.
Aunque el objetivo último de los cambios, contenidos en la legislación, es mejorar las condiciones de transporte, del tránsito y la seguridad vial, no deja de ser una oportunidad de negocio para los actores involucrados. La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) es una de las organizaciones del transporte que quieren adaptarse a los nuevos requerimientos y elabora una propuesta de mejoría del transporte escolar con novedosos autobuses. Se trata de autobuses de 20, 30 y 45 pasajeros construidos especialmente para transportar estudiantes. Cada unidad tiene un sistema de cámaras de video interna y externa, un sistema GPS, mediante el cual los padres pueden monitorear a sus hijos desde la casa hasta el colegio o la escuela, un dispositivo de alarma que se acciona con el levantamiento de una palanca que emite un sonido que inmediatamente sería atendido por una persona que acompañaría al conductor. Además los autobuses constan de una plataforma que se acciona al abrir la puerta y que permite que los alumnos suban con facilidad y una rampa para el acceso de los estudiantes con discapacidad físico motora, además tendrán límite de velocidad que impondría el INTRANT.
Al poner en servicio de los ciudadanos la acera recuperada del tramo de la Agencia Bella, el alcalde David Collado adelantó en que en los próximos días intervendrá el sector de Villa Juana, mientras está en conversaciones y notificaciones en Villa Consuelo.
“Debemos hacer las cosas con tranquilidad, sin atropellar a nadie, tenemos que reconocer una realidad social que hay en el país. Estas personas tienen más de 40 años dedicandose a esto”, explicó. Asimismo, recalcó el acuerdo firmado con Villa Consuelo, donde esta localidad se compromete a liberar un 40% de los espacios públicos. “La alcaldía del Distrito Nacional va a hacer una inversión que inicia en los próximos días de 40 millones de pesos en la reconstrucción de las aceras y los contenes”, detalló. Collado también espera apoyo del Gobierno para la intervención del mercado Nuevo de la avenida Duarte con París. El alcalde del Distrito Nacional agradeció a los empresarios del sector privado Jose Luis Corripio, Juan Vicini, Javier Tejada y Alberto Cruz por haber donado la compra de los 66 metros de franja.
Los vecinos del sector La Villa Olímpica, en la zona sur de Santiago, demandaron del Ministerio de Educación iniciar la construcción de una estancia infantil y un centro educativo del nivel inicial, cuyas obras fueron sorteadas en el 2014.
A cuatro años de ser aprobados esos planteles hasta el momento las autoridades solo han colocado el letrero que señala sobre la construcción de la escuela y del centro de acogida Villa Jagua. Los vecinos dijeron no entender los motivos por los cuales no han empezado las obras, de suma importancia para los habitantes de más de 10 subsec- tores de ese lugar. Leonel Báez, dirigente comunitario, dijo que decenas de niños y niñas de Zamarrilla, Barrio Lindo, El Primaveral, San José de La Mina, Villa Lucero y otros se exponen a ser atropellados al dirigirse a centros educativos de sectores aledaños a La Villa Olímpica. “Los niños de esos barrios tienen que cruzar la avenida Estrella Sadhalá para poder estudiar. Para evitar que un carro nos mate uno de esos muchachos solicitamos a las autoridades iniciar esas obras”, dijo Báez.
Marcha Verde aseguró que la estructura de mafia y corrupción descubierta en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) podría estar reproduciéndose en numerosas instituciones del Gobierno como resultado del contubernio activo o pasivo de las autoridades responsables de validar y fiscalizar las contrataciones de obras y servicios desde el Poder Ejecutivo.
Durante una rueda de prensa realizada frente a las oficinas de la OMSA, el movimiento advirtió a la ciudadanía que el robo y el derroche de más de RD$3,000 millones que revela la auditoría aplicada a las gestiones de la institución durante el período 2012-2016 podría ser solo una parte del amplio modelo de desfalco instalado en el Estado financiar los proyectos políticos-electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Para el colectivo, el caso de la OMSA obliga a una investigación penal de los técnicos y altos funcionarios de la Contraloría General de la República y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que le expliquen al país con detalle cómo fue posible que por más de casi cinco años funcionarios de la institución se conviertan en suplidores de la entidad.
El Senado de la República convocó a una licitación pública para la adquisición de 10 yipetas, cinco camionetas y una ambulancia, las que serán utilizadas en las operaciones del organismo y cuyos fondos están contemplados en el presupuesto del presente año.
La convocatoria está a cargo del Comité de Compras y Contrataciones de la Cámara Alta, que tiene programado hacer la adjudicación el 13 de junio próximo. De las yipetas requeridas, 5 pueden ser modelo 2017 en adelante y 5 del año 2018. Entre las características de los vehículos requeridos figura: que sean de gasolina, con cámaras de reversa, bluetooth, luces de halógenos en bumper, espejos retrovisores eléctricos con luz direccional integrada, aros de aluminio y otros. Las cinco camionetas se están solicitando del año 2017 en adelante, que sean turbo diesel, con condiciones similares a las de las yipetas. Mientras la ambulancia se busca que sea del 2018, turbo diesel, debidamente equipada con camilla metálica resistente a la corrosión, humidificador empotrable, tanque de oxígeno lleno de manómetro regulador, sistema de salida de Ohio Medical, radio de comunicación, centella, sirena con altoparlante de 6 tonos, camilla de trauma e inmovilizador de cabeza, entre otros.
El Cuerpo de Bomberos del municipio San Ignacio, de Sabaneta, atraviesa por grandes dificultades a la hora de ofrecer servicios por la falta de equipos, así como por los constantes desperfectos mecánicos que presentan los dos camiones con los que cuenta el organismo de socorro.
Por esa situación, la semana pasada un incendio redujo a cenizas seis viviendas y el fuego tuvo que ser encarado por un grupo de personas que intentaron apaciguar las llamas, cargando agua en cubetas, porque los camiones del Cuerpo de Bomberos están dañados. “Nosotros salimos hacia el lugar, pero a mitad del camino el camión se apagó y no quiso prender más. Gracias a Dios que no resultaron personas lesionadas”, declaró el jefe de los bomberos del municipio cabecera de esta provincia, Ramón Burdier Román. Además de los vehículos dañados, el intendente del organismo de socorro externó la necesidad de que esa institución sea dotada de equipos, uniformes, radio de comunicación y otras facilidades para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Otro mal del que se quejan los integrantes de los bomberos es por los salarios que perciben. Un cabo de la institución en este municipio devenga un sueldo de RD$4,200.00 mensuales, que no les alcanzan ni para comprar los alimentos de la canasta básica.