La desaparición de un contador público destapa supuesto desfalco por un valor de 3 millones 500 mil pesos en distrito municipal de Hatillo, en San Cristóbal. Sus familiares están preocupados, debido que su pariente desaprecio hace 14 días extrañamente.
Obelio de los Santos, salió el lunes 19 de marzo de su residencia ubicada en Madre Vieja Norte, hacia el Ayuntamiento del distrito municipal de Hatillo, donde se desempeñaba como tesorero. Al día siguiente los familiares recibieron una llamada telefónica por parte de él, donde les pedía no preocuparse porque alegadamente se encontraba en perfecto estado de salud y desde ese momento no han tenido noticias de él. Pero la ausencia imprevista de sus funciones en el Ayuntamiento de Hatillo ha destapado el rumor de un supuesto desfalco superior a los tres millones 500 mil pesos.
El Tribunal Constitucional (TC) desmintió el comunicado que circuló la tarde de ayer, donde se afirma que la institución ha subido los salarios de sus magistrados.
El presidente del tribunal, Milton Ray Guevara, señaló mediante una nota de prensa que carece de veracidad la información divulgada por una estación radial. Durante la pasada rendición de cuentas, Ray Guevara señaló que, de acuerdo a lo que ordena la ley de Función Pública 41-08, los servidores constitucionales recibieron una indexación, de cumplimiento cada dos años, que excluyó a los jueces de la institución. Asimismo, reiteró que la nómina del tribunal es pública y de libre acceso para la ciudadanía.
Decenas de familias residen en zonas vulnerables a derrumbes e inundaciones en Santiago, donde además de exponer sus viviendas al peligro también corren el riesgo de morir en caso de la ocurrencia de fenómenos naturales, mientras dirigentes comunitarios denunciaron que han sido abandonados por el Gobierno Central
Simeona Martínez y José Francisco Consuegra, presidentes de las juntas de vecinos del Hoyo de Bartola y del barrio San José -La Mina-, informaron que desde diciembre del 2017 a la fecha, más de 100 casas han colapsado en los puntos vulnerables o críticos que hay en esta ciudad. “Aquí han colapsado unas 30 viviendas en los últimos meses y con la amenaza de que alrededor de 80 más también se vayan al suelo en caso de fuertes lluvias e inundaciones o deslizamientos de tierra”, subrayó Consuegra. Precisó que en varias ocasiones las juntas de vecinos del barrio San José y la Mina, han solicitado a los funcionarios de Obras Públicas acudir en su ayuda, pero nada se ha logrado.
Un filtrante tapado en la calle Wenceslao Alvarez esquina Ramón Santana, en la zona Universitaria, es motivo de desesperación para residentes cada vez que llueve. En el lugar se forma un charco que no permite el paso de los peatones y el agua se estanca lo que facilita la propagación de mosquitos.
Vecinos informan que han reportado el caso a las autoridades, pero que nadie hace caso. El problema tiene muchos años afectando el desenvolvimiento de residentes y transeúntes que deploran el desinterés de las autoridades como expresa Benito Gómez, uno de los afectados. “Uno está cansado de reportar eso y nada, yo hasta me estoy acostumbra a ver el charco cuando llueve, ¿dónde están las autoridades de este país?”, dijo indignado.
A pesar de que las personas que manejan el vertedero de Duquesa dijeron ayer que está controlado en un 80 por ciento el nuevo incendio en este depósito de desperdicios, la humareda proveniente del mismo ha vuelto a cubrir este miércoles una buena parte de la ciudad de Santo Domingo.
El olor a humo era percibido esta mañana incluso en barrios ubicados en el suroeste de la ciudad, ubicados a más de 20 kilómetros de distancia del lugar donde se encuentra el vertedero, un depósito manejado sin ningún tipo de rigor científico y que se ha constituido en una frecuente causa de problemas en la capital dominicana.
La Dirección General de Aduanas desmintió que los viajeros deban pagar impuestos por sus artículos personales, como denunciara Diario Libre con una nota en su edición digital esta noche.
“Los derechos de los pasajeros continúan intactos; no es cierto que deban pagar por sus artículos en categoría de equipaje, como ropa, una laptop y cámara fotográfica, celular, entre otros, así como regalos hasta un tope de 500 dólares”, afirmó la Gerencia de Comunicaciones de la institución. Sorprendidos por la supuesta denuncia y que el diario no procurara la reacción de la DGA, agregó que el formulario de declaración de pasajeros fue modificado para responder a la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ordena la declaración de valores superiores a los 10 mil dólares norteamericanos al salir o ingresar al país, recabando información en cuanto al origen y destino de estos, así como los datos relacionados con el propietario, emisor y receptor de los mismos. La DGA resaltó que el nuevo formulario, más claro y cómodo de llenar, comenzó a sustituir el anterior en febrero pasado y su puesta en circulación ha sido acompañada de una campaña a través de medios escritos, radiales y televisivos, además de las redes sociales y las plataformas digitales de Aduanas, donde también se difunden los derechos y restricciones de los viajeros, campaña que aún permanece.