Esta insititución que ha firmado contratos millonarios con empresas nacionales e internacionales terminado en su mayoría en los tribunales, arbitraje o en acuerdo muchos de los cuales en perjuicio para el estado dominicano. Los contratos en procura de tecnología para la Junta Central Electoral en los últimos 20 años han ascendido a más de 120 millones de dólares sin que se consiga un tecnificación de los procesos electorales, aunque si con avances en el registro civil.
La adquisición de tecnología de parte de la Junta Central Electoral ha sido un dolor de cabeza histórico para la institución
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