ALGO QUE NOS TOMA POR SORPRESA! La República Dominicana está entre los últimos lugares del mundo en materia de independencia judicial, de acuerdo a un ranking del Foro Económico Mundial que sitúa al país en la posición 130 de 137 naciones que figuran en el listado.
La medición de ese organismo internacional posiciona a Santo Domingo por debajo de naciones con sistemas judiciales muy criticados como México, que tiene el lugar 113; Haití, que está en el puesto 126 y otros naciones como Nigeria, el Congo, Yemén, entre otras. En su mala posición, la República Dominicana solo supera a Venezuela que ocupa el último lugar en el ranking; Nicaragua que está en el penúltimo y Ecuador que está en el antepenúltimo lugar. También están por debajo de Santo Domingo la República de Chad, país situado en África Central; Paraguay; Moldova y Burundi. Los lugares mejor valorados son Finlandia, en primer lugar; Nueva Zelanda en segundo y Noruega.
El periodista Arsenio Cruz denunció haber recibido dos llamadas de teléfono donde alegadamente el alcalde de este Dajabón, Miguel Andes Cruz Jiménez, lo amenaza de muerte
Esto por haber divulgado las imágenes de un vídeo donde éste, en tono de burla se refiere a una protesta que realizaron el pasado sábado residentes del sector Villa Codepo, por la inauguración de una obra inconclusa. Refiere el comunicador que a través del noticiario Informe Meridiano, que dirige y conduce por las estaciones calor 90.3 FM y el canal 22, del 12:oo a 1:oo PM, Medios de la empresa Beller en Dajabón, difundió las imágenes del corresponsal Goyri Reyes, las cuales daban cuenta de un enfrentamiento a tiros, bombas y pedradas entre agentes policiales y manifestantes que protestaron contra la inauguración de las aceras, calles y contenes porque no habían sido terminadas.
El suspendido juez de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, expresó que en el caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), solo ordenó “un traslado rutinario, como se hace con cualquier otro interno”
Luego de ser interrogado en la inspectoría de la Procuraduría General de la República, de Jesús Núñez dijo que, por tanto, no se explica por lo “debatido que está el caso Quirinito”. De Jesus Nuñez, quien se encontraba en Panamá en un seminario, fue interrogado este lunes a partir de las 10:00 am como parte de las investigaciones sobre el paradero de Castillo Paniagua. “No, yo lo trasladé dentro del mismo nuevo modelo penitenciario donde se supone que las condiciones son iguales y hay un nivel estandarizado, entonces todavía me sorprende ¿por qué todo esto?, yo no le varié el modo de cumplimiento, no le beneficié con una libertad condicional, solo aplique un traslado como me dice la norma”,enfatizó al responder preguntas de periodistas sobre la razón de su medida.
Las muertes en Puerto Rico asociadas al paso del huracán María por la isla caribeña el 20 de septiembre aumentaron a 51, confirmó hoy en conferencia de prensa el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario.
El funcionario detalló que los fallecidos aumentaron de 49 -la última cifra- a 51 y que las dos muertes se deben a la enfermedad de la leptospirosis, asociada a aguas estancadas y orín de animales. Rosario indicó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmó tres nuevos casos de esa enfermedad en la isla caribeña y dos muertes por ella. Las autoridades sanitarias de Puerto Rico negaron el pasado viernes que en la isla se registre una epidemia de leptospirosis, a pesar de los más de 70 casos sospechosos de esa enfermedad registrados en el último mes, cuando anualmente en la isla se dan poco más de medio centenar. Según la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, no se puede hablar, a pesar del aumento de casos, de una epidemia, aunque se está valorando que se haya registrado un brote de esta enfermedad zoonótica, que se manifiesta principalmente en épocas de lluvias e inundaciones en áreas tropicales.
La organización feminista Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta (UMAR) ha convocado para este viernes una concentración en Lisboa, en rechazo a la polémica sentencia que justificó el maltrato físico a una mujer por cometer adulterio.
UMAR, que considera que la decisión judicial “atenta contra los derechos, libertades y garantías de la víctima y, particularmente, contra la dignidad humana”, llamó a manifestarse en la tarde del viernes en el centro de la capital portuguesa, acto al que esperan una nutrida asistencia. “Cuanto más expresión pública haya por esta situación, mejor”, declaró a Efe la portavoz de UMAR, Elisabete Brasil. La sentencia judicial que indigna desde este lunes a buena parte de la sociedad portuguesa fue dictada el 11 de octubre y deja en suspenso penas de prisión para el exmarido y el examante de la víctima, secuestrada y agredida con una maza con clavos, por haber cometido adulterio. “El adulterio de la mujer es un gravísimo atentado al honor y la dignidad del hombre. Existen sociedades en las que la mujer adúltera es lapidada hasta la muerte. En la Biblia, podemos leer que la mujer adúltera debe ser castigada con la muerte”, argumenta el juez, que ya ha emitido otros controvertidos dictámenes. Según el periódico portugués “Diário de Notícias”, existen al menos cuatro fallos similares del mismo juez, quien en 2016 anuló una pena de prisión de dos años y cuatro meses por violencia doméstica tras cuestionar la “fiabilidad” del testimonio de la agredida.
Un agente policial mató de dos disparos a una enfermera, que era su expareja, y se suicidó de un disparo a la cabeza, en un hecho registrado la mañana de este martes en las inmediaciones del hospital Antonio Musa, hacia donde se dirigía la mujer a trabajar.
La enfermera fue identificada como Esperanza Polo Pierré, de 39 años, del área de pre-parto del referido centro hospitalario, mientras que el homicida-suicida es el sargento Víctor Antonio Checo, de 37 años, que laboraba en la Corte Penal del Palacio de Justicia en esta ciudad. Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a Checo a cometer el hecho en contra de la enfermera quien deja en la orfandad a tres niñas. Ambos cadáveres fueron depositados en la morgue del hospital regional Antonio musa.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) comunicó el inicio de un proceso judicial contra las empresas de couriers Caripack y Avanex, las cuales tienen una litis que ha afectado a cientos de personas que utilizaron sus servicios y que no han recibido sus artículos comprados por internet.
Pro Consumidor fijó una audiencia para mañana miércoles 25 y advirtió que Caripack tiene la obligación de entregar los objetos transportados a sus legítimos propietarios y que la litis que sostiene no puede afectar derechos de los terceros que confiaron en sus servicios de transporte de mercancías compradas en el exterior. En una comunicación de prensa, Pro Consumidor dice que buscará con el proceso legal que la empresa embargante, Avanex entregue los paquetes de terceros en atención a que el embargo ejecutivo únicamente puede ser trabado sobre los bienes propiedad del deudor y no de terceros.
El presidente boliviano Evo Morales llamó el martes a la ONU a tomar “medidas urgentes y drásticas” para obligar al gobierno de Donald Trump a que regrese al Acuerdo de París sobre cambio climático.
Estados Unidos “como primer país contaminante tiene que asumir su responsabilidad, tiene que respetar los acuerdos y compromisos que asumen los pueblos”, dijo el mandatario en una ceremonia por los 72 años de la creación de la ONU celebrada en la cancillería. “Debe acabar la soberbia de cualquier presidente o de cualquier Estado”, agregó ante el representante de la ONU, Mauricio Ramírez, y diplomáticos. En junio Trump anunció la salida de la primera potencia mundial del Acuerdo de París suscrito en 2015 por 200 naciones para reducir las emisiones de gases y así paliar los efectos del cambio climático. Morales sostiene un discurso ambientalista en los foros internacionales pero en su país es cuestionado por pueblos indígenas y activistas.
El juicio a un hombre acusado en Argentina de abusar sexualmente de su hija, con la que supuestamente tuvo ocho hijos durante 20 años, comenzó hoy en la ciudad norteña de Santiago del Estero.
El hombre, de 56 años e identificado como Daniel Bulacio, fue detenido en enero de 2016 cuando la víctima denunció ante un grupo de médicos las presuntas violaciones que sufrió, según su testimonio, durante dos décadas por parte de su padre, con el que aseguró haber tenido ocho hijos. Mientras se desarrolla el juicio oral, seis de los ocho niños presuntamente engendrados en los abusos, permanecerán en un Hogar Escuela en la capital de provincia, según informó la agencia estatal Télam. El imputado quedó a cargo de su hija cuando ella tenía 11 años, luego de que su madre y sus dos hermanos abandonaran, por supuestos malos tratos, la casa precaria en la que vivían situada en la localidad de Las Termas de Río Hondo. El pasado lunes se aplazó la primera audiencia del juicio oral por la ausencia de una de las camaristas, y este martes los fiscales Marcelo Sgoifo y Olga Gay de Castellanos presentarán los cargos contra el detenido, que contará con la defensa del abogado Osvaldo Díaz.
El gobierno español se dispone a asumir el control total de las finanzas catalanas, ya bajo tutela parcial, lo que dejaría sin ningún recurso propio al ejecutivo regional. El sábado pasado, el ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que quiere hacerse con el control de los ingresos fiscales percibidos directamente por el gobierno catalán.
Dichos ingresos consisten en determinados impuestos (gravámenes al patrimonio, derechos de sucesión) y gastos de matrícula en universidades públicas. Representan alrededor de un 25% de los ingresos del ejecutivo dirigido por Carles Puigdemont. Si el Senado, donde el partido de Rajoy es mayoritario, aprueba el próximo viernes las medidas solicitadas por el gobierno, la dirección general de impuestos de Cataluña deberá someter todas sus decisiones al ministerio de Hacienda y no al actual número dos de la Generalitat, Oriol Junqueras. De esta manera, el ejecutivo catalán perderá todo margen de maniobra financiera, dado que Madrid ya puso bajo su control el resto de sus recursos. A mitad de septiembre, el gobierno español decidió cortocircuitar financieramente al gobierno catalán, a fin de evitar que sus dirigentes desviaran dinero público a tareas de organización del referendo ilegal del 1 de octubre, por ejemplo, la compra de urnas.