Aclararon que no están en contra de que se les investigue, pero afirman que “el problema está en suspenderlos y desacreditarlos”, sin antes comprobarse las faltas de las que se les acusa. Uno de los magistrados, que fungió como vocero de uno de los grupos de jueces, citó el caso de la jueza de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, Aleyda Jiménez Acosta, a la que se suspendió recientemente sin disfrute de salario. Lo calificó como “una barbaridad” porque Jiménez Acosta lleva 47 años en el tren judicial y nunca sus decisiones habían sido cuestionadas. Jiménez Acosta fue suspendida por otorgar la prisión domiciliaria a favor de Pedro Alejandro Castillo Paniagua “Quirinito”.
Dijeron que la magistrada actuó conforme a las pruebas que se le sometió.