El desplome de varias verjas perimetrales de escuelas estatales en Miches y El Seibo con el paso del huracán María, dejó evidenciado que las obras en su mayoría se levantan con vicios de construcción al no aplicarse el acero, cemento y arena que puedan soportar cualquier tipo de presión y las inclemencias del tiempo.
La afirmación la hizo la arquitecta Smirna Elizabeth Ramírez de Luna, presidenta de la filial del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), quien calificó de “fiasco y engaño al Estado”, las obras desplomadas. “Estamos haciendo un levantamiento y daremos detalles más amplios, explicando el engaño de que fue objeto el Estado. Dijo que en el caso de la escuela Severina Cerda de Mota, que costó RD$40.0 millones, la verja colapsó por completo, evidenciando que no tenía varillas ni el vaciado en concreto por cada orificio de los blocks, como indica el código. Guillermo Nolasco, del Colegio de Abogados, dijo que espera el informe del CODIA para proceder legalmente. “Un día el pueblo de El Seibo despertará y conocerá los hijos malos y ladrones que nos engañan”, afirmó.
El traslado en vehículos por la zona del Bajo Yuna se hace imposible. La carretera a Villa Riva ha desaparecido en algunos de sus tramos, y comunidades de campesinos han quedado aisladas y con sus sembradíos de arroz bajo el agua del afluente que desbordó con toda su fuerza sobre estas tierras de vocación agrícola. A bordo de pequeños botes, algunos han podido movilizarse en busca de alimentos e insumos básicos para la supervivencia.
“Aquí se perdió todo”, suele escucharse en comunidades como Los Peinados, Arenoso, Los Contreras, Ceiba de los Pájaros, Manatí, La Reforma y una treintena de esta zona perteneciente a la provincia Duarte. Los agricultores piden la ayuda de las autoridades, debido a que temen que el seguro no les responda con la prontitud que ameritan, a causa del desastre provocado por el huracán María. “El río lo tapó todo. Aquí no hay empleados, todos somos jornaleros. Aquí en el Bajo Yuna no se sabe qué se va a hacer porque esa era la esperanza (la cosecha)”, lamenta Víctor Santos Figuereo, quien dirige una pequeña asociación familiar de productores de arroz que en conjunto posee unas 200 tareas sembradas en la comunidad Los Peinados. Las comunidades del Bajo Yuna han quedado sin servicio eléctrico y centenares de familias han perdido sus pertenencias pues las viviendas han sido engullidas por el agua.
Con dos “botones de pánico” colocados en puntos estratégicos y más de 300 cámaras diseminadas en diferentes puntos de Santiago, la alcaldía afianza sus iniciativas para garantizar la seguridad en el municipio
El más reciente dispositivo fue colocado en la avenida Estrella Sadhalá esquina Bartolomé Colón y en su entorno tiene además 24 cámaras de seguridad. Se puede identificar fácilmente por su color amarillo y en letra grande dice “Emergencia” seguido de la instrucción “En caso de emergencia presione el botón y hable”. El botón se activa presionándolo e inmediatamente llega una señal de alarma al Centro de Mando y Control Municipal, que está ubicado en el Ayuntamiento de Santiago, donde un operador responde la señal, mientras el ciudadano lo escucha e informa sobre su situación de emergencia.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra del exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) Héctor Rodríguez Pimentel y otras seis personas acusadas de malversar supuestamente 1.500 millones de pesos y 56,4 millones de dólares en esa institución
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) le atribuye a Rodríguez Pimentel y a los demás imputados la violación de varios artículos del Código Penal dominicano, que sancionan la prevaricación, desfalco, concusión, soborno, asociación de malhechores y estafa. De igual manera, el Ministerio Público le atribuye la violación del artículo 146 de la Constitución dominicana y la ley 340 sobre Compras y Contrataciones del Estado. El Ministerio Público dijo que durante el proceso hubo unos 25 reenvíos, señalando que los mismos se produjeron por los constantes incidentes propuestos por las defensas de los imputados, los cuales muchas veces lograron que fueran acogidos, a pesar de la oposición permanente de ese organismo.
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas Méndez, varió a prisión preventiva la medida de coerción impuesta a Aquiles Hernández Bona, uno de los imputados en el fraude del Banco Providencial, según informó hoy la Fiscalía del Distrito Nacional.
Hernández Bona cumplía arresto domiciliario y estaba obligado al uso de un brazalete electrónico, sin embargo incurrió en constantes faltas en el uso correcto del localizador y al compromiso asumido de ser parte del programa, al mismo tiempo que no hacía los pagos correspondientes. En el escrito de solicitud de revisión de la medida de coerción, el Ministerio Público manifestó que no ha podido lograr establecer que exista garantía de que el imputado no se va sustraer del proceso, sino que al contrario ha demostrado que su comportamiento ante el mismo equivale a un peligro de fuga. La Fiscalía ofertó al tribunal, como elementos probatorios, las certificaciones de las compañías Fennix Global Techlogies y Monitoreos Dominicana, que evidencian el incumplimiento de medida de coerción.