El ingeniero Diandino Peña, hombre de gran influencia en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se sintió “entrampado” en una entrevista que le concedió a la periodista Alicia Ortega, a quien prácticamente terminó acusando de armarle un expediente
Durante la entrevista, la conductora del programa “El Informe», que se transmitió este lunes por Color Visión, preguntó al director de la Oficina del Reordenamiento del Trasnporte (OPRET) sobre su fortuna y el emporio que se le atribuye pero que él no transparenta en su declaración jurada de bienes. En ningún momento de la entrevista Diandino Peña pudo justificar, o al menos no dio una respuesta convincente, sobre dinero guardado en el extranjero, donde según la periodista el funcionario se registra con unas 15 empresas offshore (dinero guardado en paraísos fiscales). Alicia Ortega requirió a Diandino Peña información sobre el origen de 28 empresas que según documentos presentados por la comunicadora, se atribuyen son propiedad del hombre responsable de la construcción de las diferentes líneas del Metro de Santo Domingo. Conforme la entrevista iba entrando en calor, a Diandino Peña se le notaba molesto por las preguntas de la periodista, que el entrevistado alegaba eran propias de “sus interioridades”. “No quiero yo tener la sospecha de que usted, Alicia Ortega, me quiere hacer un expediente con esta entrevista”, se le escuchar decir en tono enfadado a Diandino, ya con rostro acalorado. En más de una ocasión el director de la OPRET reprocha a la comunicadora que la entrevista fue para hablar sobre el Metro de Santo Domingo, y no para tratar interioridades de sus empresas privadas. Según lo relatado por Alicia, en agosto del 2016, El Grupo SIN y El Informe obtuvieron acceso a la Base de Datos de Mossak Fonseca, bufete panameño involucrado en el escándalo global de los Papeles de Panamá, y uno de los primeros nombres encontrado fue el del ingeniero Diandino Peña, director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
Entrevista completa compartir: https://www.youtube.com/watch?v=ykb7i_MaV4k
La contundente expresión de rechazo del pueblo dominicano ante los atropellos cometidos contra el activista anticorrupción Juan Comprés logró que prevaleciera hoy la justicia en el municipio de Moca, al rechazarse el apresamiento ilegal del dirigente de Los Peregrinos y dictaminarse su puesta en libertad de manera pura y simple, aseguró el movimiento Marcha Verde
Ante lo que considera como otra victoria contra la corrupción y la impunidad, el colectivo exhortó a toda la ciudadanía “de corazón verde” a participar de las próximas actividades del movimiento para rechazar en las calles las acciones antidemocráticas del Gobierno contra el reclamo pacífico y ejemplar. Durante rueda de prensa realizada frente a la Procuraduría General de la República, rechazó la aplicación de cualquier medida de coerción y exigió una investigación y sometimiento judicial del coronel Nelson Valenzuela y de todos los agentes que violentaron los derechos fundamentales de Comprés durante y después de su apresamiento ilegal. “La respuesta más contundente que podemos dar a estos intentos de amedrentamiento es la movilización permanente, hasta que el poder de la ciudadanía ponga fin al régimen de corrupción e impunidad que nos oprime. La marcha de Azua es la próxima cita de todos los hombres y mujeres que han decidido construir con sus pasos una sociedad donde la Justicia sea igual para todos y todas”, declaró la Marcha Verde en su comunicado.
A propósito de esto: el senador por la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, rechazó ayer las declaraciones de Juan (Guanchy) Comprés, dirigente del movimiento Los Peregrinos de Moca, quien acusó al legislador de planificar en su residencia un plan en su contra
“Es una vulgar mentira la acusación que hace el señor Guanchi Comprés de una supuesta reunión en mi casa, fantasma que solo existe en su imaginación fantasiosa”, aseguró Vargas. El senador agrega que tiene cuatro meses que no ve al coronel Valenzuela y como más de dos meses al fiscal José Aníbal Carela, quienes, según Guanchy, habrían asistido a la reunión. Vargas afirmó que los martes está en el Senado y que no participa ni se presta “para vagabundería”.
Al menos 22 estudiantes de la escuela Pedro Batista de la comunidad de Andrés, en Boca Chica, resultaron intoxicados al inhalar un químico que se habría expandido de una fábrica que hay en las proximidades del centro educativo
Los estudiantes de primaria fueron trasladados al subcentro de salud de Boca Chica con vómitos y mareo. Algunos fueron inyectados, nebulizados y posteriormente despachados. Los ministerios de Educación, Salud Pública y la Policía iniciaron las investigaciones.
El gobierno de Donald Trump tomó la inusual medida de buscar pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos mientras decide si les permite participar en un programa humanitario que protegió a decenas de miles de la deportación tras el potente sismo que destruyó gran parte de su país en 2010
Las pesquisas sobre el historial delictivo de la comunidad aparecen en correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) obtenidos por The Associated Press. Muestran como el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber además cuántos de los 50.000 haitianos enrolados en el programa Estatus Protegido Temporal se benefician de ayudas públicas, a las que no pueden optar. Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar su permanencia en el país. El programa busca ayudar a los ciudadanos de lugares asolados por la guerra o desastres y, normalmente, la decisión sobre su regreso se basa en si las condiciones en el país de origen mejoraron los suficiente.