El Parlamento de Guatemala aprobó de «urgencia nacional» una ley que contempla penas de hasta 15 años de cárcel y multas por más de 25.000 dólares a quienes roben teléfonos móviles y los comercialicen, informaron hoy fuentes legislativas. La Ley de Equipos Terminales Móviles, que había sido presentado desde 2008, fue aprobada la noche del martes con el apoyo de 117 de los 158 diputados al Congreso, en una sola lectura, con el objetivo de reducir los múltiples hechos de violencia relacionados con el robo de los teléfonos celulares.
«Esta ley busca llevar a prisión a las personas que roben teléfonos celulares y a quienes comercialicen con los aparatos que hayan sido obtenidos de forma ilegal», explicó a los periodistas la diputada Nineth Montenegro, del opositor partido Encuentro por Guatemala, uno de los promotores de la nueva ley. La normativa contempla penas de seis a quince años de prisión a las personas que hurten o roben teléfonos celulares, así como de cinco a diez años a los que adquieran aparatos de «dudosa procedencia».