Cerca de un millón de brasileños salieron de nuevo a las calles en unos 80 municipios para exigir mejores servicios públicos, en manifestaciones en su mayoría pacíficas aunque empañadas por la primera muerte relacionada con las protestas, un intento de invadir la cancillería y choques con la policía.
Grupos violentos trataron de invadir el Congreso y la cancillería brasileña, la cual sufrió vidrios rotos y fuegos junto a sus columnas externas. También intentaron entrar en la alcaldía de Río de Janeiro, la sede de Gobierno en Fortaleza y se enfrentaron a la policía en otras ciudades, como Salvador y Campinas. Los agentes antidisturbios respondieron con bombas de gas lacrimógeno y hasta unidades montadas para reprimirlos. Los manifestantes regresaron a la calle pese a que la víspera varias alcaldías, entre ellas las de Sao Paulo y Río de Janeiro, anunciaron reducciones en las tarifas de transporte público, que era su reivindicación inicial.