Faltan ocho días para cumplirse el plazo que da la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para la renovación de los marbetes de los vehículos, el 25% de los contribuyentes propietarios no los han adquirido. A partir del 1 de febrero se cobrarán 2,000 pesos de recargo. Según el reporte más reciente de la entidad, a las 1:30 de la tarde de este martes, 1,313,419 vehículos ya habían sido renovados, lo que representa el 74.1 % del parque vehicular hábil, que alcanza los 1,770,261 vehículos. Hasta el momento, la entidad recaudadora ha registrado 2,184.0 millones de pesos por concepto de renovación de marbetes, lo que equivale al 75.70 % de la proyección estimada para este período, que ascendie a 2,881.8 millones.
Más de 30 casos de intoxicación por fumigación han sido sometidos ante la justicia por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, desde el 2018. La mayoría de estos incidentes están vinculados al uso de sustancias químicas en zonas arroceras, varias cercanas a escuelas. El dato fue ofrecido por el titular del organismo, Francisco Contreras, quien manifestó que la mayoría de estos casos se han registrado en La Vega y San Francisco de Macorís. El uso de avionetas para esparcir los pesticidas es la causa más frecuente de las intoxicaciones. El representante del Ministerio Público sostuvo que en estos casos «no ha habido muertos», solo intoxicados. En octubre y noviembre del año pasado ocurrieron los más recientes que afectaron escuelas. Debido a que estos incidentes han sido constantes, el Ministerio de Educación anunció la semana pasada acciones legales contra las empresas que, a pesar de las situaciones registradas y las alertas, han continuado con la aplicación de pesticidas vía aérea próximo a planteles.
La mujer que alquila el apartamento en el piso 9 de la torre Da Silva 3, ubicada en el sector Piantini, y que fumigó el francés Georges Antoine Thevenet, lo abandonó por un periodo de 48 horas por recomendación del fumigador para evitar ser intoxicada con el producto que se utilizó. En el proceso de desinfección se intoxicó una familia vecina de la inquilina, dos de cuyos miembros fallecieron por efectos del plaguicida. Según el abogado José Alexander Suero, quien dijo representar a la propietaria del inmueble, Karina Bausan, esta «contrató» a Thevenet, «procurando resolver un problema que había sido denunciado por su inquilina en el apartamento que ella tiene en dicha torre». «Decirle a la opinión pública que la señora Karina no contrató los servicios de una empresa procurando una economía sino procurando resolver un problema», sostuvo el togado.
En medio de los cuestionamientos surgidos contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por considerarla violatoria a varios derechos fundamentales, como es la libre expresión, la libertad de prensa y otros, un miembro de la prensa resultó apresado en el dia de ayer mientras grababa frente a las instalaciones de esa entidad, pese a que dicha ley aún no entra en funcionamiento. Se trata de Aneudy Betances, quien se desempeña como camarógrafo en Multimedios Su Mundo. El joven explicó que se encontraba en los alrededores de las instalaciones del DNI haciendo varias tomas, cuando dos agentes del DNI se le acercaron a decirle que no podía grabar en esa área y procedieron a ingresarlo a la entidad, donde le pidieron su documento de identidad y su equipo de trabajo. «Me revisaron, me quitaron mi documento hasta que duré ese tiempo de 45 minutos y después me despacharon. (…) El equipo se lo llevaron a otra área y yo como ya sabía la situación, cuando iba entrando saqué la memoria de la cámara, lo que tenía grabado para que no se me pierda, me la puse en los bolsillos», explicó. El joven calificó esta acción como un atropello a la prensa. «Eso es un atropello para nosotros la prensa, que no tenemos libertad de uno poder realizar su trabajo, es un abuso», dijo.
Los trabajos del nuevo Centro de Retención Vehicular, que construye el Ministerio de Vivienda (Mived) en las proximidades del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, continúan a paso lento. Al intento de canódromo que se localiza en una zona prácticamente aislada de la sociedad, solo han sido llevados poca cantidad de vehículos, que se encuentran a la intemperie, en una especie de cementerio improvisado. Los vehículos, que están estacionados en terrenos ubicados al frente de la edificación penitenciaria, han sido incautados por el Ministerio Público, según informaron a un periodico local los militares que custodian las instalaciones. En la estructura, que se mantiene cerrada a pesar de haber sido inaugurada en el 2020, hay jeepetas de lujo, camiones, carros, motores y minibuses, bajo el control de la Procuraduría General de la República (PGR). Aunque los cuatro soldados presentes explicaron que no están autorizados para ofrecer información a miembros de la prensa, aseguraron que el centro vehicular recibe mantenimiento durante los días de la semana, pero, la percepción que se recibe da una impresión contraria.
El Ministerio de Obras Públicas instaló barandas de protección en el lugar de Quita Sueño, en la carretera Sánchez, donde 13 personas murieron en noviembre pasado cuando una guagua con pasajeros fue impactada por una patana cargada de cemento. Luego de ese accidente ocurrieron otros y el más reciente fue el pasado jueves, cuando Carlos de Jesús Ramírez, de 40 años de edad, perdió el control de su carro y fue a parar en el mismo lugar donde cayó el autobús. Diario Libre publicó el pasado viernes los reclamos de autoridades municipales y residentes para que tomen medidas preventivas para evitar la ocurrencia de más accidentes en el lugar. Al día siguiente fueron colocadas las barandas.
Vecinos de El Millón apelaron a las autoridades para que sea cerrado un negocio de servicio de impresión que, alegadamente, produce contaminación química y sónica, pero el propietario lo niega y afirma que cumple con todas las normas exigidas por los organismos competentes. Residentes afirman que ese lugar es residencial y que el negocio no reúne las condiciones para operar, debido a las repercusiones que tiene en la salud mental de lo vecinos sus operaciones. Se trata de la empresa Docugreen SRL, ubicada en la calle Paseo de Los Indios esquina Hermanas Roque Martínez. Se dedica a la confección de letreros e impresiones, como afiches paraguas, bultos y T Shirts, entre otros. De acuerdo con reportes de vecinos, del negocio salen tóxicos que penetran a las viviendas, pero que, además, se hacen cortes de metales y tienen maquinarias que causan contaminación sónica.
Conforme avanzan los días para las elecciones municipales del 18 de febrero, los principales partidos políticos mantienen su preocupación por algunas debilidades detectadas en el proceso establecido para el escrutinio. Esto ocurre tras la segunda prueba de cómputo realizada por la Junta Central Electoral (JCE) a los equipos de digitalización, escaneo y transmisión de datos (EDET) el pasado sábado. Las mayores preocupaciones las tienen los partidos de oposición. Las mayores preocupaciones las tienen los partidos de oposición, los cuales insisten en la demanda de que se les entregue el informe de la auditoría que realizó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), en la cual se revelaron serias debilidades.
El funcionario y aspirante a diputado por el PRM, Pastor Arismendi Palmero, está siendo acusado de ocupación ilegal en San Pedro de Macorís. De acuerdo con un trabajo de investigación, se dieron a conocer las supuestas pruebas que evidencian la apropiación ilegal por parte de Palmero y el calvario que viven los denunciantes. Según la nómina de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Arismendi Palmero, es director de Aseguramiento en Salud para el Régimen Subsidiado, devenga un sueldo de 330,000. De acuerdo a las declaraciones del abogado apoderado del caso, José Gregorio, Palmero invadió la propiedad, pese a que se le envió un acto de advertencia, con la ayuda de militares. El denunciante relató que en octubre de 2021 se notificó a varios ocupantes ilegales sobre un proceso de desalojo en una parcela en San Pedro de Macorís. La orden se ejecutó en conformidad con la fuerza pública y todos los ocupantes se desalojaron voluntariamente. Sin embargo, el 4 de enero de 2024, el señor Pastor Arismendi y un grupo, incluyendo personas con uniformes militares, invadieron nuevamente el inmueble de la empresa GIOL, S.R.L.
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Napoleón Estévez Lavandier, dijo este martes que los recursos de la Ley de la DNI se evaluarán bajo «el protocolo normal» que ejecuta la alta corte. Estevez dijo que estos recursos contra la Ley de la DNI serán procesados con el protocolo habitual, a menos que el Pleno del TC decida cambiar la estrategia y declararlos de urgencia. También, manifestó que el TC aún no ha evaluado los recursos de oposición ya que son muy recientes, por lo que el Pleno de jueces todavía no se ha reunido para analizar los detalles de la Ley ni su posible inconstitucionalidad, como denuncian sectores sociales.