La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la decisión que excluía como querellantes a los propietarios de las acciones de la compañía Costa Dorada. La decisión fue en torno a una querella interpuesta en contra de Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a quienes se les señala como autores de falsificación de documentos societarios para arrebatarles sus derechos en la empresa Costa Dorada y con ello apoderarse de unos 6.3 millones de metros cuadrados ubicados en terrenos costeros en Bahía de Calderas, Baní. La acusada deberá comparecer al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a defenderse de las acusaciones que le hacen el ministerio público y las empresas Hilari Mayol, S. A. S., Mayol & Co, S. R. L., Grand Cays Corporation, y Okra Company, L.T.D. La resolución estableció que los imputados Helena Regalado, Soto Garabito y Aguasvivas Báez deberán defenderse de la acusación presentada por las empresas querellantes, la cual había sido asumida por el ministerio público.
Los dueños de maquinarias agrícolas de las provincias de la Línea Noroeste informaron que volverán a protestar en demanda del pago de una supuesta deuda de RD$100 millones por los servicios contratados con el Gobierno dominicano hace tres años, a través del Ministerio de Agricultura. Dijeron que en los próximos días sacarán a la autopista Duarte más de 300 tractores. De acuerdo con Marco Rodríguez, Cristino Díaz y Cristino Valerio, miembros de la Asociación de Dueños de Equipos Pesados de la Línea Noroeste, pese a los reclamos las autoridades no han cumplido con el pago. Ellos dicen que es lamentable que se hable de este tema después de tres largos años de ejecución de los trabajos agrícolas que no le han pagado. Dijeron y cito: “No pagan a los dueños de maquinarias por la preparación de tierra y tampoco se les da trabajo nuevamente”. Los dirigentes de este gremio han hecho un llamado al presidente Luis Abinader y al ministro de Agricultura, Limber Cruz, para que puedan saldar el compromiso pendiente.
La Red internacional de Mujeres Líderes en Acción y el colectivo Hispanos por la Paz y los Derechos Humanos pidieron a la Procuraduría General dar curso a una querella interpuesta hace casi tres años por la profesora María Rodríguez Montero contra el suspendido director del Liceo Unión Panamericana, Evangelista Batista Roa, por acoso sexual y laboral. Durante una protesta frente a la sede de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, llamaron a las autoridades a investigar este caso, ya que permanece estancado, por lo que pidieron a la procuradora, Miriam Germán Brito, intervenir para que haya una conclusión de este limbo en el que está el proceso. Al momento de la protesta, la docente afectada dijo que teme por su vida, porque el acusado le ha dado seguimiento de noche y que ha recibido poco respaldo del Ministerio de Educación y que al parecer cuenta con protección del Ministerio Público, dada la falta de acción por parte de las autoridades. Las manifestantes dijeron que sus exigencias están sustentadas en que el Ministerio Público ha sido apoderado de suficientes elementos de prueba para que sea agotada la debida investigación, para garantizar una segura medida de coerción. La Unidad lleva más de un año apoderada del caso sin dar respuesta, a pesar de las diligencias encaminadas por la maestra Rodríguez.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) clausuraron seis establecimientos, cuatro de ellos en el Distrito Nacional y dos en Santiago, como parte de los operativos que llevan a cabo por incumplimiento tributario. Con estas acciones, suman 11 los negocios clausurados por haber violado varios artículos del Código Tributario, aunque una vez regularicen su situación podrán volver a operar, informó la DGII en sus redes sociales. En este sentido, las entidades señalaron que el objetivo de las actuaciones llevadas a cabo no es cerrar establecimientos, sino garantizar la competencia leal entre comercios, y llamaron a las empresas y comercios a regularizar su situación.
Ciudadanos de distintos residenciales próximos a la zona franca de San Isidro denuncian imprudencias de los autobuses que transportan a los empleados de ese parque industrial. A través de un audiovisual enviado a un periodico local se puede visualizar como tres guaguas amarillas atraviesan la isleta, provocando la obstrucción en el tránsito de la marginal de la autopista Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en dirección este-oeste. En algunos casos, los conductores cometen la infracción para evitar llegar al retorno más cercano. «Son unos abusadores, también se estacionan en el medio de la calle. Esto es un desorden y nos impide la movilización», dijo uno de los comunitarios.
La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) depositó dos acciones judiciales en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en busca de la nulidad del decreto 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los dealers y concesionarios por considerarlo contraproducente al desarrollo de la industria en el país. De acuerdo con el presidente del gremio, Aramis Mella, el decreto pone en riesgo la importación de vehículos de fabricación coreana, japoneses y los rebuilt de Estados Unidos. Además, atenta contra el desarrollo de cientos de dealers que no pudieron adquirir sus licencias de comercialización por el vencimiento del plazo otorgado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 12 de marzo de este 2024.