César Nicolás Rizik Pimentel, imputado en el caso Medusa admite los hechos y se declara culpable de asociarse para estafar al Estado con más de 130 millones de pesos a cambio de una participación minoritaria en beneficio de sus empresas. Rizik Pimentel explicó que le propusieron trabajar en el proceso y preparación de la licitación a través de un allegado de Miguel Estrada Jackson y Rolando Rafael Sebelén Torre para ser parte de los suplidores de alimentos de los centros penitenciarios. “Nosotros utilizamos nuestras empresas, incluso utilizando amigos nuestros y nos unimos a las demás empresas que se utilizaron y participaron en dicha licitación desde 2016 al 2020 ”, explicó Rizik Pimentel.
Las infracciones a las leyes de tránsito, especialmente de parte de motoristas, se han convertido en un acto de cotidianidad que altera el orden público y vulnera a la comunidad que diariamente camina en las calles de la ciudad. Con los millones de motores que circulan en el país dedicados al transporte de pasajeros, usos propios, entrega de artículos y distintos tipos de pedidos, la tarea de imponer un orden en lo que respecta a tránsito y movilidad se ha puesto cada vez más difícil y, en ese interés, la Oficina Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) han aumentado sus esfuerzos. El Intrant asegura dar pasos acertados para, en primera instancia, llevar a cabalidad un proceso del que resulten regulados quienes cumplen funciones de deliveries en empresas internacionales con asiento en República Dominicana, como Uber y PedidosYa, para luego tomar acción con los que pertenecen a empresas más pequeñas, como colmados, ferreterías y plantas de agua, que también pueden constituirse en infractores. De acuerdo con el director interino del Intrant, Randolfo Rijo, desde su mesa de trabajo, la entidad se ha encomendado la formulación de una resolución en la que se planteen medidas a seguir en torno a los motoristas que ofrecen servicios a domicilio, en lo concerniente con el tránsito, y precisamente sobre los que responde a pequeñas empresas, aún se estudian las acciones a tomar. “En las discusiones de la mesa que está trabajando en la resolución se han estado planteando algunas medidas que se están estudiando”, señaló Rijo de forma precisa al ser cuestionado sobre el asunto.
El ministro de la Presidencia, Joel Santos, reveló este lunes que en los últimos cuatro meses, se han sacado de las calles un total de 1,933 armas de fuego, lo cual representa un aumento del 23% al cuatrimestre del del año anterior, fruto de las intensas labores operativas realizadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República. Tras culminar la reunión de seguimiento al “Plan de Seguridad Ciudadana”, realizada en la sede del Palacio de la Policía Nacional, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, el funcionario indicó que, de ese total de armas de fuego, la cantidad de 1,074 fueron ocupadas entre enero y febrero de este año. Detalló que dentro de esas acciones operativas también fueron incautadas 15,990 armas blancas, mostrando un incremento del 70%, registrado el cuatrimestre pasado.
Con la implementación del voto penitenciario para las elecciones generales de mayo estarían en condiciones de votar alrededor de 4,200 privados preventivos de libertad, una nómina que representa aproximadamente un cuarto de esta población. De acuerdo al último informe estadístico disponible en el portal web de la Procuraduría General de la República, para enero de 2024 en el país había unos 15,717 reos preventivos, lo que constituye el 62.12 % de la nómina penitenciaria. Estos datos indican que solo el 26.72 % de los recluidos de forma provisional estarían hábiles para ejercer su derecho al sufragio. El director Nacional de Elecciones de la Junta Central Electoral (JCE), Mario Núñez, informó que el voto penitenciario se desarrollará en 23 de los centros del sistema y que el proceso de empadronamiento finalizó el pasado 29 de febrero.
La Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional informó este lunes que apresaron a dos hombres acusados de sustraer combustible (gasoil) de una antena de la compañía telecomunicaciones, ubicada en la comunidad de Guayabal, distrito municipal de Villa Gautier, en San Pedro de Macorís. Se trata de Angel David Peña y Angel Manuel Guillén Berroa, ambos residentes en el sector Playa el Faro de esta ciudad. De acuerdo a lo informado por la Policía, a los detenidos les fueron ocupados 17 garrafones, todos llenos de gasoil, una bomba color naranja, una manguera color gris, un arma blanca tipo machete, una tijera y varios tubos PVC, «con los cuales hacían la conexión para sustraer el combustible».
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por el Ministerio Público, decomisaron 16 paquetes de marihuana, en un operativo de verificación realizado en una de las aéreas de carga del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Los agentes y militares, desarrollaban labores de inspección, cuando un binomio canino, detectó sustancias extrañas en el interior de una caja, con varias fundas de sopa instantánea, que llegaron a la terminal procedente de Miami, Estados Unidos. Posteriormente, en presencia de un fiscal se procedió a abrir las fundas, encontrándose distribuidos en tres de ellas, los 16 paquetes de la sustancia, con un peso superior a las cinco libras.
En el 2023, 174,602 haitianos fueron deportados desde República Dominicana hasta su país natal por incumplir con las reglas migratorias del territorio nacional, según registros asentados en la Dirección General de Migración. Los datos de las deportaciones están contenidos en los actos del Poder Ejecutivo que depositó Luis Abinader durante su rendición de cuentas en la Asamblea Nacional y que actualmente estudia una comisión bicameral del Congreso. De acuerdo con el informe de la cartera estatal de Migración, en el año 2023 se deportaron 174,677 extranjeros de distintas nacionalidades. De esta cantidad, los haitianos sumaron 174,602; 28 eran estadounidenses y 17 cubanos.