El país se mantiene en primer lugar con más muertes y lesionados por accidentes viales de la región, dejando luto, pérdida de productividad y carga para las familias y al sistema de salud. Se estima que al año el 2% del PIB abarcando hasta las pérdidas materiales (unos 200 mil millones de pesos). Más de 12 mil millones en cobertura de las ARS y el Idoppril Desde 2020 a junio 2024, además de víctimas mortales; 260,627 resultaron con distintos traumas, y requirieron coberturas de salud, por un monto de RD$12,305,325,169.60.
El abogado constitucionalista Michael Crisóstomo depositó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de una sentencia que establece que el suministro de gas es un derecho fundamental a la vida digna y no puede ser suspendido a los condominios, incluso si estos no están al día con sus pagos.
El togado sostuvo que esta sentencia 1269-2024-S-00100 de fecha 13 de agosto de 2024, emitida por la magistrada y jueza presidenta de la Séptima Sala del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Emilkis Terrero Dájer, marca un importante y peligroso precedente porque incurre en más de ocho violaciones a la Constitución. La sentencia aclara que las administraciones de condominios deben usar otras vías legales para cobrar los pagos atrasados de mantenimiento común que se constituyan en deudas, en lugar de cortar el servicio de gas.
La Cámara de Diputados está apoderada de un proyecto de ley que podría tener implicaciones en el sector de las telecomunicaciones en el país. Su objetivo principal es prohibir los cortes de internet por retrasos en las cuotas y evitar que las telefónicas dominicanas cobren el impopular pago de reconexión de servicios.
El proyecto fue depositado por el diputado Sadoky Duarte, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien se escuda en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor que busca garantizar el resguardo de sus intereses económicos «mediante un trato equitativo y no discriminatorio». Según el proyecto, las empresas no podrán cortar el servicio de internet a sus usuarios por el hecho de no haber pagado una factura a tiempo, eliminando así una de las principales causas de desconexión para muchos dominicanos. La propuesta también incluye la eliminación de las cuotas por reconexión, una medida que el proyecto considera como «un doble castigo para los usuarios». De ser aprobada, la ley obligaría a las empresas a buscar alternativas menos perjudiciales para garantizar el pago de sus servicios, sin recurrir a cortes que afecten directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), anunció este domingo un ambicioso plan para revitalizar la imagen del Centro Indotel Cultura Digital, afianzar su propósito primordial de promover la evolución histórica de las tecnologías en República Dominicana y acercar a la ciudadanía a los avances en el ámbito de las telecomunicaciones. Durante un recorrido por el espacio, inspeccionó las áreas y destacó la importancia de que sean accesibles, educativas e inclusivas. Igual, expresó su firme interés de que no solo sea un lugar de exhibición, sino, «un entorno cercano y enriquecedor que permita a la población comprender y apreciar el desarrollo tecnológico del país». Una nota de prensa indica que, en línea con su visión de modernización, el funcionario señaló su intención de transformar el lugar en más dinámico e interactivo, fomentar un uso productivo de la cultura digital y la innovación.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) pide que, en esta ocasión, se le dé la oportunidad a la clase docente de liderar el nuevo Pacto por la calidad de la Educación, desde la perspectiva de la práctica escolar, alegando que son los maestros quienes mejor conocen las necesidades del sistema educativo. Tras especificar que fue el gremio quien propuso un nuevo Acuerdo por la Calidad Educativa, el sindicato externó que los actores que más han incidido en el Pacto Educativo (2014-2030) han sido el sector empresarial, religioso y el funcionariado gubernamental. “El hecho de que, a la fecha, no se haya completado ninguna de las metas del pacto evidencia de que se debe adoptar un enfoque distinto y que deben ser los actores sustantivos de la educación quienes lideren un nuevo Pacto Educativo”, proclamó Juan Valdez, director del Observatorio Educativo de la ADP. Refirió que a una década después de su firma, el informe de seguimiento al Pacto por la Educación, el cual fue presentado en el Consejo Económico y Social a mediados de 2024, muestra que el Ministerio de Educación no ha completado ninguna de las 36 iniciativas priorizadas en ese pacto. “Actualmente, el 96 por ciento de las iniciativas priorizadas continúan en proceso, el 03 % se ha detenido y el 06 % no se ha iniciado. A través de su Observatorio Educativo, la ADP cuenta con estudios, investigaciones y propuestas específicas para sacar a la educación pública del estancamiento”, insistió Valdez, quien dijo están dispuestos a trabajar con todos los actores de la sociedad. Pero, dirigiendo las transformaciones que hacen faltan.