El presidente Luis Abinader depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según informó la Presidencia de la República en un comunicado. La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones. El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley Núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
Tras un año del escándalo por el contrato para el manejo de la red de semáforos del Gran Santo Domingo, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) notificó a la empresa Transcore Latam SRL la rescisión de la relación contractual a la que arribaron en junio de 2023. A través de un acto de alguacil, el Intrant, que ahora es dirigido por Milton Morrison, notificó el pasado martes 17 de septiembre a la empresa y a su gerente Pedro Padovani sobre el inicio del procedimiento administrativo de terminación de contrato y le otorgó un plazo de tres días, que culmina este viernes, para presentar sus medios de defensa. El contrato por 1,317 millones de pesos había sido suspendido por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) desde el 27 de octubre por graves irregularidades en el proceso de contratación, el 21 de noviembre de ese año anuló el proceso de licitación en la que fue contratada Transcore Latam y el 4 de diciembre le inhabilitó de manera permanente el Registro de Proveedor del Estado.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, dijo hoy que la diversificación de la matriz energética y la innovación tecnológica son fundamentales para realizar una transición energética justa y resiliente en la República Dominicana. El ministro explicó que el almacenamiento de energía es vital para mitigar la intermitencia de fuentes renovables como la solar. «El almacenamiento de energía nos permite acumular energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando el consumo es alto, garantizando así una mayor estabilidad en la red eléctrica».
El Senado de la República aprobó en primera lectura colocar el nombre de Juan de Dios Ventura Soriano (Johnny Ventura) a la avenida Nicolás de Ovando en el Distrito Nacional, a fin de resaltar el legado de uno de los merengueros más destacados en la historia de República Dominicana. La pieza propuesta por Cristóbal Venerado Castillo, senador de Hato Mayor, recibió el total de los 24 votos presentes. Deberá ser aprobada en una segunda lectura y luego pasar a la Cámara de Diputados, donde perimió en el pasado. De aprobarse la normativa, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) ejecutará los cambios y señalización en la avenida Nicolás de Ovando, la cual se extiende desde Cristo Rey hasta Las Cañitas, en la parte alta de la capital.
El próximo sábado 21, el puente Juan Bosch será objeto de un estudio de diagnóstico y análisis de sus condiciones de funcionamiento. Esta evaluación estará a cargo de la firma VSL, que se especializa en realizar estudios, diagnósticos y dar mantenimiento a grandes puentes atirantados a nivel mundial. El anuncio lo hizo el ingeniero Onéximo González, asesor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), quien adelantó que esa empresa extranjera tiene contrato con la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) para inspeccionar el puente atirantado por donde cruza el Metro, paralelo al puente de la 17. Indicó que el MOPC solicitó a esa firma extranjera “que necesitábamos tener un estudio y análisis de las condiciones de funcionamiento del puente Juan Bosch”, y que sus técnicos estarán en el país los días viernes y sábado de esta semana.
El ex senador Yván Lorenzo acusó al gobierno de ralentizar a propósito la modificación de cinco artículos de la controversial Ley 1-24 de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), pero muestra una gran celeridad para aprobar recientemente en el Congreso más de 125 millones de dólares de préstamos.
«Este gobierno de Luis Abinader ha sido incapaz de en 9 meses modificar la antidemocrática Ley del DNI, pero en menos de 10 minutos el Congreso aprobó tres préstamos por más de 125 millones de dólares recientemente», dijo Yván Lorenzo.
La entrada de alimentos envasados dominicanos hacia Haití podría limitarse a partir del primero de octubre, luego de que el Ministerio de Comercio e Industria de ese país ordenara el retiro de todos los productos que incumplan las reglas de etiquetado para esa fecha, entre ellas, su traducción a uno de los dos idiomas oficiales, el francés o el creole.
El profesor Miguel Ángel Fernández, en representación de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, denunció la existencia de una campaña descomunal de amenazas, presiones, chantajes y uso de recursos públicos por parte de dirigentes oficialistas y de funcionarios gubernamentales. En rueda de prensa el profesor advirtió que el uso “descarado” de los recursos del Estado (funciones, vehículos, combustible, telefonía, horarios, espacios y otros medios), para afectar la libre voluntad de los docentes es una moneda común de funcionarios vestidos de Corriente José Francisco Peña para imponerse en dicho gremio. “El presidente Luis Abinader debe saber que en estos momentos se están usando de manera abusiva y descarada los recursos del Estado para afectar la voluntad gremial en la ADP. Le pedimos, Señor presidente, retire sus funcionarios de la vida institucional de la ADP”, dijo el maestro Miguel Ángel Fernández.
El miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, cuestionó la afirmación del Gobierno de que se podrían ahorrar 25 mil millones de pesos al eliminar y fusionar ciertas instituciones. «En el hipotético caso de que se eliminen algunas de las entidades mencionadas, estaríamos hablando de apenas 200 millones. No hay forma de llegar a esos 25 mil millones que se prometen». El exprocurador dijo que su planteamiento es válido en el contexto de la reforma fiscal, pero reiteró que las proyecciones de ahorro son engañosas. «No estás ahorrando dinero. Me estás hablando mentiras, porque primero, ese no es el monto presupuestario que tienen asignadas esas instituciones que se están unificando, y segundo, aun si se unifican, seguirás teniendo el mismo gasto», aseguró.
Varios líderes de bandas en Haití han estado enviando emisarios para lograr una tregua y dialogar con las autoridades de ese país, según informó la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS). Al ofrecer la información, la Misión de Seguridad indicó que, pese al intento de las bandas, el mensaje conjunto de las autoridades es muy claro: «ríndanse, depongan las armas y prepárense para ser procesados por las atrocidades que cometieron». La entidad no destacó cuales bandas estarían pidiendo la tregua. En un comunicado, la Misión de Seguridad, encabezada por Kenia, destacó que varias zonas de la capital se han estado recuperando luego de tres semanas de operativos contra los pandilleros en el centro de Puerto Príncipe. La propuesta de los líderes de bandas armadas en busca de una tregua ocurre en momentos en que se realizan dichos operativos y que se ha informado sobre el despliegue de varios países que se suman a los agentes que están en el terreno.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
En la Operación Búfalo NK, desplegada por aire, mar y tierra, en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná resultaron 10 personas arrestadas, parte de una red de narcotráfico internacional operó en el país. Entre estas personas están 2 de los cabecillas: Rafael Ynoa Santana, conocido por los alias «el Cojo», «Pocho» y «el Don», y uno de sus presuntos socios, Isidro Rotestan Clase, alias «el Men». Según las investigaciones, Ynoa Santana mantenía vínculos con el colombiano Juan Carlos López, alias «el Sobrino», quien lideraba una organización criminal que operaba en Colombia y México.
El Ministerio Público depositó la acusación formal en contra de los implicados en el asalto al Banco Popular, que se registró el pasado 3 de junio. Waldo Paulino, abogado de Jorge Luis Estrella Arias, Eddy Enmanuel Segura Arias y Alberto Ezequiel Estrella Arias, dijo que debido a que ya existe una acusación no se realizará la revisión de la medida. Explicó que el procedimiento establece que, pese a que se deba hacer una revisión obligatoria, si se deposita la acusación se debe resistir la revisión.
La Dirección General de Migración informó este miércoles que «se abocará a repasar una vez más las acciones de los agentes y el personal de apoyo que participan» en los operativos que realizan contra los indocumentados. La entidad hizo la declaración luego de que un ciudadano haitiano se lanzó de un tercer piso mientras era perseguido por sus miembros en Villa Francisca en el Distrito Nacional. Migración dijo que las investigaciones preliminares del caso del Distrito Nacional determinaron que el nacional se lanzó de la edificación «para tratar de huir» de quienes realizaban el operativo y dijo que si las investigaciones determinan que los agentes son culpables, éstos serán sancionados. «En torno a los hechos ocurridos en la Plaza del Buhonero, en Villa Francisca, Distrito Nacional, durante una jornada a solicitud del Ayuntamiento del Distrito Nacional y en conjunto con la Policía Nacional, de manera preliminar, las investigaciones apuntan a que el extranjero se lanzó al tratar de huir quienes realizaban el operativo», indicó Migración. «El extranjero lesionado, que fue asistido por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 se recupera en un centro de salud y evoluciona de manera satisfactoria», acotó la entidad en el documento.
El proceso de fusión y/o eliminación de instituciones podría tomar entre seis meses y dos años, así lo afirmó el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. El ministro dijo que algunas instituciones podrían completar este proceso en un plazo de dos a tres meses, citando como ejemplo la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, la cual cuenta con aproximadamente 180 empleados. Añadió que en estos casos se evaluará qué personal podrá ser reubicado en otras entidades, quiénes califican para ser pensionados, y quiénes serán desvinculados. El funcionario también explicó que el Gobierno dispone de un fondo para cubrir las prestaciones de los empleados afectados, y que los activos de las instituciones suprimidas pasarán a Bienes Nacionales. En cuanto a la fusión entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el Ministerio de Educación (MINERD), Freud señaló que este proceso tomaría más tiempo debido al tamaño de ambas instituciones y a los aspectos legislativos involucrados.
La provincia La Altagracia, situada al Este de la República Dominicana y lejos de la frontera con Haití, ocupa el cuarto lugar en la cantidad de partos de haitianas en el país, según datos del Repositorio de Información y Estadística de Servicios de Salud (Riess). Entre el 2019 y agosto de 2024, se han registrado 15,058 partos de haitianas en esta provincia, superando en 5,309 los de dominicanas, que se sitúan en 9,749. Este posicionamiento de La Altagracia en el cuarto lugar, en cuanto a partos de haitianas, resulta notable si se considera que no es una provincia fronteriza, a diferencia de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, donde se esperaría una mayor incidencia de partos de estas nacionales, debido a su proximidad con su país de origen.
Caso Odebrecht La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que exoneró al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, quienes habían sido condenados a cinco y ocho años de prisión, respectivamente, por implicaciones en caso Odebrecht. Wilson Camacho, director del Pepca, solicitó al tribunal que anule la decisión dictada el pasado 31 de julio por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez y María Garabito Ramírez. En el recurso de revisión, las autoridades pidieron al TC que devolviera el expediente a la Secretaría de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia para que este tribunal conozca nuevamente el caso, con estricto apego al criterio que establezcan los jueces de esa alta corte en relación con los derechos fundamentales.