Como el tiempo apremia y el viernes 26 concluye la primera legislatura ordinaria del año, los congresistas informaron que extenderan sus jornadas de trabajo para tratar de cumplir con la meta de convertir en ley el proyecto de reforma al Código Penal. Los senadores y diputados tienen en agenda sesionar este miércoles en la tarde, mientras la comisión especial, a cargo del estudio de los proyectos y observaciones, se reúne desde tempranas horas de la mañana. Ayer los comisionados dieron lectura para su revisión a 69 artículos del proyecto, que cuenta con 419 articulados. Además, deberán ponderar las 143 observaciones que hicieron actores de la sociedad civil durante las vistas públicas celebradas el pasado lunes. Para agilizar el trabajo, los senadores sesionarán mañana jueves, al igual que los diputados, quienes evalúan extender las labores para el viernes y el lunes, en caso de ser necesario. Alexis Jiménez, presidente de la comisión especial de diputados que estudia el proyecto de ley del Código Penal, garantizó que las 143 propuestas y observaciones serán estudiadas aunque no especificó cuándo rendirá el informe sobre el proyecto.
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, dijo en el día de hoy que uno de los retos de la banca es alcanzar hasta el 70% de la integración de los ciudadanos, ya que solo el 50% está incluido al sistema.
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, anunció que próximamente firmará un acuerdo con una empresa de combustibles para que su institución acceda a las cámaras externas de video de decenas de estaciones, y así poder brindar un mayor rango de vigilancia a las comunidades. Vázquez Martínez hizo la mención a través de la reunión de la Mesa de Seguridad Ciudadanía y Género en Santo Domingo Oeste, donde también adelantó que una solicitud similar se ha realizado a la Federación de Comerciantes para conectar las cámaras de sus negocios y brindar mayores herramientas de prevención y persecución del delito. De acuerdo a un comunicado de Interior y Policía, Vásquez se comprometió a trabajar en favor de la seguridad ciudadana de ese municipio (santo domingo oeste), donde escuchó las peticiones y problemáticas de los distintos sectores que lo componen.
El diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo rindió cuentas de su labor legislativa en la Cámara de Diputados, donde dijo que aunque deja el cargo el 16 de agosto, seguirá trabajando para resolver el problema del tránsito, ya que cada día pierden la vida ocho personas y 19,000 quedan discapacitadas al año por accidentes de tránsito. Aseguró que una de las medidas que deben tomarse para disminuir las imprudencias, es que se obligue a los responsables de los accidentes por manejo temerario a pagar al Estado los daños causados al bien público. Y puso como ejemplo la destrucción de un poste del tendido eléctrico, que provoca apagones en el perímetro, en perjuicio de los ciudadanos, y el Gobierno tiene que cubrir los gastos de reparación.
Todavía estamos en eso La Junta Electoral del Distrito Nacional tiene la orden del Tribunal Superior Electoral (TSE) de recontar los votos emitidos en las pasadas elecciones en el nivel de diputaciones en la circunscripción tres. La orden está contenida en una sentencia que acogió en cuanto a la forma el recurso de apelación depositado por el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor Ogando, quien no fue favorecido con una de las curules. La circunscripción tres del Distrito Nacional repartió siete escaños de la Cámara de Diputados.
La comisión especial de diputados encargada del estudio del proyecto de ley de Código Penal solicitará al pleno de la cámara baja una extensión del plazo para presentar el informe del análisis que le hicieron a la pieza en estudio, el anuncio lo hizo el diputado Alexis Jiménez, presidente de la comisión. La prórroga del plazo es para incluir las observaciones que más de cien personas y representantes de instituciones realizaron a la iniciativa en el marco de las vistas públicas que se realizaron el pasado lunes en horas de la tarde.
En el marco del Segundo Congreso Bienal, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, organizador del evento habló sobre la necesidad de un pacto central en torno a la seguridad social. Ulloa explicó que la razón de este pacto central tiene que ser la seguridad social porque implica la informalidad, el combate a la informalidad, implica poder generar ingresos o salarios dignos, implica poder generar pensiones con condiciones y al mismo tiempo nos está llevando a que podamos ver una República Dominicana con más igualdad y calidad de vida. Mencionó que la idea es hacerlo diferente a la modalidad actual, ya que según él tenemos salarios paupérrimos, tenemos pensiones que no pueden equilibrarse, tenemos un nivel de informalidad con casi un 60%. El Defensor subrayó la importancia de abordar la informalidad laboral, que afecta a cerca del 60% de la población activa. Esta situación, según Ulloa, no solo impide el acceso a salarios dignos, sino que también dificulta la posibilidad de obtener pensiones adecuadas.
Juan Valdez, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dijo en el día de hoy que «El Ministerio de Educación ha sido incapaz de lograr una sola de las metas del Pacto por la Educación, en más de una década». Valdez estableció que el estudio realizado por el gremio sobre las condiciones del inicio del año escolar 2023-2024 reveló que no ha habido avances en los factores ligados a la calidad de la educación.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvió de toda responsabilidad al ex regidor Ericsson de los Santos y a Cristino Batista Roa, alias el Mayor, acusados de planificar el crimen que dejó sin vida a tres transportistas en 2015. La Unión Nacional Trabajadores Afines (Unatrafin) fue liberada también de cargos en su contra por responsabilidad penal y civil de los homicidios. El tribunal, en cambio, condenó a 30 años de reclusión a Amauris Cabrera Martínez y a Danilo Octavio Reynoso Recio, alias Danilo el Prieto, a quienes halló culpables de cometer los crímenes, informó este martes el Ministerio Público en un documento. De los Santos y Batista Roa fueron descargados en un juicio que celebró el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los fiscales se mostraron a favor de las sentencias a Cabrera Martínez y Reynoso Recio, pero rechazaron la decisión teniendo en cuenta la liberación de toda responsabilidad de De los Santos, expresidente de Unatrafin, y de Batista Roa.
El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) pidieron la supresión del párrafo III del artículo 123 del proyecto de Código Penal sobre violencia intrafamiliar y propusieron sustituirlo por otro que prohíba de manera terminante el uso de la violencia como forma de corrección disciplinaria.
El Gobierno dominicano informó hoy que ejecutó 74,173.9 millones de pesos en gasto de capital durante el primer semestre de 2024, un monto que superó en 11,370.5 millones de pesos lo invertido en igual período del año anterior, recursos que destinó a construcciones de obras públicas, transferencias de capital y activos fijos.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Frente Parlamentario Contra el Hambre solicitaron a los diputados y senadores que aprueben el anteproyecto de Ley de Alimentación y Nutrición Escolar, cuyo objetivo es garantizar que la alimentación en las escuelas sea una política de Estado.
Durante una visita al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el director ejecutivo del Inabie, Víctor Castro, junto a una comitiva de esa institución y la FAO en el país, recordaron que el anteproyecto, depositado en el Congreso Nacional en marzo de 2023 por la diputada Shoraya Suárez, propone, entre otras medidas, la instalación progresiva de cocinas dentro de las escuelas para la preparación de alimentos destinados a la población estudiantil y el establecimiento de un currículo de educación alimentaria y nutricional.
El Senado de la República aprobó en primera lectura, el proyecto de ley que modifica el artículo 3, de la Ley 16-19, que prohíbe el uso de la hookah en lugares públicos y privados a los fines de prevenir enfermedades y proteger el medio ambiente. La iniciativa presentada por el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano, tiene por objetivo ampliar el radio de prohibición para el uso de estos dispositivos. En su artículo 3, el proyecto establece que “se prohíbe el uso de la hookah en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo públicos y privados; los vehículos destinados al transporte de pasajeros; plazas y parques; estadios y centros deportivos; así como otros lugares donde se aglomeran personas con fines recreativos o deportivos. El proyecto contempla que el humo de la hookah contiene sustancias tóxicas como monóxido de carbono, metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros, que afectan considerablemente la salud de las personas vulnerables y con condiciones respiratorias que se encuentran compartiendo en lugares abiertos de recreo, diversión y esparcimiento, como es el caso de adultos mayores, mujeres embarazadas y niños que debido al uso de la hookah por fumadores cercanos se convierten en inhaladores pasivos.
Un tiroteo en Chile cobró la vida de al menos cinco personas en un incidente registrado anoche en un centro de diversión a las afueras de Santiago, en Chile; un crimen que ha generado consternación en el país. De acuerdo con las informaciones del gobierno chileno las víctimas son dominicanos y venezolanos. El cuerpo policial de Carabineros explicó que el crimen ocurrió durante una fiesta en Lampa y dijo que las víctimas son cuatro hombres y una mujer y que hay varios heridos de gravedad. Hasta el momento, han sido detenidas al menos seis personas y las autoridades sospechan que el tiroteo está relacionado con el tráfico de drogas.
Operacion Flor de Loto Uno de los abogados de los dos hombres apresados durante la Operación Flor de Loto, por explotación sexual de 45 mujeres colombianas y venezolanas, ha dicho que las extranjeras viajaron al país de manera voluntaria a ejercer la prostitución. En ese sentido, el abogado, Elvin Domínguez establece que esta actividad no es penada en la República Dominicana y cuestiono que en la acusación del Ministerio Público no hay elementos como el «engaño», «violencia», «amenazas», entre otros acciones sobre la trata de personas, como está basada la acusación.
El presidente del Senado salió de nuevo a defender el “barrilito” y dijo que está de acuerdo con que se elimine pero solo si el cuerpo del Senado lo decide. Recordemos que ayer un reportaje de la periodista Alicia Ortega reveló que los recursos públicos siguen siendo utilizados para el clientelismo político, incluyendo gastos que no son propios del legislador como concursos de belleza, hasta bebidas alcohólicas y visitas al veterinario. En una entrevista, Ricardo de los Santos dijo que realizarán una auditoría interna «para que a la sociedad dominicana se le dé con claridad» cómo se maneja el más mínimo centavo de eso, y que también instalarán un sistema de fiscalización para verificar en qué los legisladores gastan el fondo social. Pero dijo además y quiero citarlo: “Y me gustaría que se trasladen a mi provincia para que vean las responsabilidades de un senador hasta donde llega, no está contemplado en la constitución de la República porque de lo que nosotros hacemos con nuestros representados precisamente no es una obligación del legislador porque nosotros estamos precisamente para fiscalizar, legislar y representar”.
Al ser cuestionado qué tipo de fiscalización hace el Senado para que legisladores beneficiados justifiquen los gastos de manera adecuada, respondió que en ocasiones es bueno recordar que los legisladores se pasan la semana completa en el Congreso Nacional y que en las oficinas se dan esos casos de usos inadecuados de cualquier pequeña factura o de cualquier pequeño aporte que se haga que quizás no esté contemplado, reiterando que para esos fine están asumiendo el compromiso de instalar un sistema de fiscalización interna.