El Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión especial que coordinará los procesos administrativos y legales relativos a la fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
De acuerdo con el decreto firmado por el presidente Luis Abinader en fecha del siete de octubre, la comisión estará integrada por el ministro de Educación, Ángel Hernández o un representante; el titular del Mescyt, Franklin García Fermín o un representante; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund o un representante y el comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo. La comisión deberá gestionar el proceso de transición para la fusión del Ministerio de Educación y el Mescyt, elaborar y ejecutar un plan de integración que incluya la consolidación de estructuras administrativas y de gestión, la armonización de políticas y programas, y la optimización de recursos; realizar un diagnóstico de la organización y programas del Mescyt para hacer las adecuaciones necesarias a la nueva naturaleza del ministerio fusionado que aquí se propone.
De la misma manera, promover una visión unificada y coherente de la educación que abarque desde la educación inicial hasta la educación superior y la investigación científica, en un marco de respeto a los principios y valores que deben guiar el desarrollo educativo nacional; coordinar con todas las partes interesadas, incluyendo instituciones educativas, asociaciones profesionales y organismos internacionales, para garantizar una transición sin contratiempos y la implementación de mejores prácticas.
Los resultados del conocimiento de la medida de coerción en el Caso Camaleón, que imputa a Hugo Beras, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre; de José Ángel Canaán (Jochi), presidente de la empresa Transcore Latam y otros cinco imputados, se darán a conocer este jueves a partir de las 3 de la tarde. La jueza Fátima Veloz de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional se reservó el fallo, luego de más de siete horas de audiencia la que decidirá si los imputados son enviados a prisión preventiva, como solicitó el Ministerio Público contra la supuesta red Camaleón que alegadamente estafó al Estado con más de 1,317 millones de pesos a través de un contrato para intervenir la red semafórica del Gran Santo Domingo firmado entre el Intrant y la empresa Transcore Latam.En el caso también están involucrados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez. Se acusa a las empresas Transcore Latam, Aurix y Inprocol. La investigación del Ministerio Público, que la ha denominado operación Camaleón se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación realizada por el Intrant para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa de Jochi Gómez.
La audiencia preliminar a implicados en una red que, de acuerdo a investigación, estafó a más de 500 personas mediante falsos proyectos inmobiliarios, utilizando diversas maniobras fraudulentas para engañar a las víctimas y que fue desmantelada en la Operación Nido, fue aplazada para el próximo 11 de noviembre. El expediente de acusación formal, presentado ante la jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, señala como acusados a Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
La Alcaldía de Sánchez, en Samaná, niega el uso de suelo a empresarios que pretenden instalar una planta de valorización de residuos sólidos en esa localidad, porque se utilizaría la ciudad como el punto principal de toda la basura de la región Nordeste. El alcalde de Sánchez, Inocencio de Jesús Calcaño, y el Concejo de Regidores municipal rechazaron la instalación total de la compañía Maxter Constructora SRL, que supuestamente daría lugar a la construcción de una moderna planta de residuos sólidos en la comunidad de Los Chicharrones, en ese municipio, con capacidad de tratar 450 toneladas de residuos.
Ante las quejas que ha levantado el proyecto de reforma (o modernización) fiscal, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, sugirió a los distintos sectores a que lleven sus quejas al Congreso Nacional, donde se deberán realizar vistas públicas al respecto. Vicente dijo que los sectores tienen sus razones para protestar y quejarse debido a que, de alguna manera, han tenido por años algún privilegio fiscal, y “a nadie le gusta que le quiten algo”.
Este jueves, a través del Ministerio de Trabajo, el Gobierno central depositó en el Congreso Nacional la propuesta de modificación a la Ley 16-92, del Código de Trabajo de la República Dominicana, que trae una gran novedad: El teletrabajo. A partir de la llegada sorpresiva de la covid-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, y la que obligó a que la gente abandonara los trabajos y se recluyera en sus casas. Fue ahí cuando muchas empresas comenzaron a probar con el denominado “teletrabajo”, pero, en muchos casos, a la opinión y necesidad particular de cada cual. Esa iniciativa establecía la inclusión de los sectores productivos en la economía digital y el uso de herramientas tecnológicas de comunicación, como medio de potenciar la generación de empleos, aumentar la protección de los derechos de los trabajadores.
La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer los avances del Proyecto para la Renovación de la Cédula de Identidad y Electoral durante una reunión técnica con delegados de partidos políticos. Entre las innovaciones más destacadas se encuentran el uso de policarbonato, un material termoplástico de alta durabilidad utilizado en muchos países, y la incorporación de un chip electrónico que optimizará la funcionalidad del documento. Américo Rodríguez, director nacional de cedulación y líder de la mesa técnica, explicó que el nuevo diseño del documento de identidad estará alineado con estándares internacionales de seguridad y tecnología.
En las internacionales Más de tres millones de hogares de Florida están sin electricidad por el paso de Milton, un huracán debilitado a categoría 1 pero aún muy peligroso, que ha provocado fuertes inundaciones en este estado del sureste de Estados Unidos que aún se estaba recuperando del desastre causado por el ciclón Helene dos semanas atrás. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó hacia las 20H30 del miércoles (00H30 GMT) que Milton tocó tierra «cerca de Siesta Key en el condado de Sarasota», en la costa oeste de Florida, como huracán de categoría 3 en una escala de 5. Durante la noche se registraron vientos extremos de hasta 165 km/h.Incluso se avistaron tornados en la costa este del estado.
Un grupo de abogados, encabezados por Ramón Emilio Hernández y Máximo Ynoa Jaime, en representación del ciudadano Luis Ventura Sánchez, han presentado una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley No. 61-24, que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República. Los accionantes argumentan que la ley vulnera disposiciones esenciales de la Carta Magna, ya que omite el referendo aprobatorio que exige la Constitución para ciertos cambios fundamentales. La Ley No. 61-24 propone modificar artículos clave de la Constitución, incluyendo los relacionados con la autonomía del Ministerio Público, la composición del Consejo Nacional de la Magistratura y la unificación de las elecciones. Sin embargo, los abogados aseguran que, conforme al Artículo 272 de la Constitución, estas reformas deben ser sometidas a referendo cuando afectan aspectos fundamentales del sistema constitucional.
Cifras que continúan preocupándonos Por el Día Internacional de la Niña, que se conmemora cada año en fecha 11 de octubre; para crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destaca que República Dominicana enfrenta desafíos significativos en cuanto a la maternidad temprana y la alta tasa de natalidad en adolescentes. Según el reciente informe de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2019), el 20% de las mujeres de 15 a 19 años ya han tenido un hijo nacido vivo o están embarazadas de su primer hijo, una cifra alarmante que refleja la necesidad de fortalecer las políticas de educación y salud sexual y reproductiva en el país. La tasa de fecundidad en adolescentes en el país es de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres de entre 15 y 19 años, colocándola entre las más altas de América Latina. Además, la ENHOGAR-MICS 2019 presenta que el 15% de las mujeres dominicanas comenzó su vida sexual antes de los 15 años, lo que subraya la urgencia de implementar programas efectivos de prevención y de apoyo para estas jóvenes.
Germanía Montás, ex subdirectora de la DGII, ofreció un análisis sobre uno de los aspectos de la «Ley de Modernización Fiscal» presentada recientemente por el gobierno en donde explicó que la obligación que se quiere aplicar para que los empleados con ingresos superiores a los 624,329 pesos anuales rindan una declaración de bienes representaría una duplicidad de información y generaría costos adicionales tanto para los trabajadores como para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Esto se debe a que los empleadores ya están obligados a reportar mensual y anualmente los salarios y retenciones que realizan a sus empleados mediante el formulario IR-3 de tributación. La propuesta plantea que los empleados con salarios superiores a los 624,329 pesos anuales deberán realizar una declaración jurada de sus bienes e ingresos una vez al año, una medida que, según Montás, es innecesaria dado que la información ya es reportada periódicamente por los empleadores. Recordemos que hace unos días, el ministro de Hacienda, José Manuel –Jochi- Vicente, justificó la disposición durante la presentación del proyecto de ley, indicando que el país posee una de las tasas de recaudación de personas físicas más bajas de la región, ubicándola en un 10 %, cuando el promedio de los 38 Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de un 24 %.