Están detenidos en el destacamento regional de San Cristóbal el dueño de la empresa Vidal Plast Edward Vidal, su esposa Maribel Sandoval y otra persona que hasta el momento no ha sido identificada. Los detenidos fueron apresados mediante allanamientos realizados en horas de la madrugada y de acuerdo con un informe preliminar con fecha 18 de agosto sobre la explosión de San Cristóbal y que se dio a conocer el pasado martes, se ha confirmado que se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento y que podrían haber provocado la explosión que dejó alrededor de 34 fallecidos y al menos 59 heridos. El documento conformado por la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa, el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Policía Nacional y el DICRIM, detalla que en el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos, se encontraron gases como metano y etileno, que pudo generar el calentamiento de esos materiales, los cuales al estar encerrados y no poder ventilar crearon una acumulación que pudo provocar un incendio o una explosión como la sucedida.
El PRM exigió a la JCE imponer sanciones a la FuPu y el PLD como requisitos para mantener la credibilidad en su condición de órgano regulador y de cara a las próximas elecciones. Sigmund Freund, delegado del PRM dijo y cito: “Nosotros esperamos, como PRM, que la JCE dé un ejemplo con los dos partidos de la oposición que han realizado actividades tipo mítines en las últimas semanas”. Indicó que la JCE estableció en su más reciente resolución que la única sanción que se puede establecer es la prevista por la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que imposición de 1 a 200 salarios mínimos a aquellos partidos o dirigentes que violenten las disposiciones en lo concerniente, de manera puntual, a realizar mítines, caravanas en espacios públicos o utilizando símbolos patrios para fines electorales. “En lo relativo a las vallas, la JCE no hace mención en esta resolución, pero sí reconoce que es inconstitucional lo que es la prohibición del uso de los medios tradicionales, como radiales y televisivos, porque también, la propia sentencia constitucional así lo preveía”.
La madre de Joshua Omar Fernández, el joven que fue asesinado el pasado mes de abril durante un atraco en las afueras de un centro de diversión de la capital, ha apoderó del Ministerio Públicó (MP) para investigar unas supuestas amenazas que ha recibido para que desista del caso que lleva en perjuicio de su hijo. La señora Berlina Decena, denunció que el pasado 19 de agosto, se percató de una amenaza realizada por un usuario, en una publicación sobre la muerte de su hijo, quien murió como consecuencia de un asalto perpetrado en las afueras de Kiss Bar. El mensaje decía: “ Ahora cuida a tus hijos si los tienes para que no le hagan la vuelta. Y te ataque así como atacas tú. Que les encanta hablar sin saber”. La madre del joven ha dicho que el usuario etiquetó su cuenta como una forma de que esta se alertara de que la supuesta amenaza iba dirigida hacia ella y sus hijos.
Desconocidos rompieron el cristal y robaron el vehículo de un hombre que está aspirando a la alcaldía por la FuPu en San Francisco de Macorís Joaquín Peña Agramonte, en un hecho ocurrido en el sector de Gascue, en el Distrito Nacional. Según narra el afectado: «Me paré en Villar Hermanos a comprar algo de cenar, cené, y cuando estoy saliendo, me encuentro un señor que le acaba de mandar un tiro a otro que se va corriendo y brinca por una pequeña verja para un edificio que está en ruinas, entonces yo cruzo al otro lado de la acera porque oigo tiros. Cuando llegó a la esquina veo mi guagua que está con una puerta abierta, cuando me acerco, veo que le han roto el cristal y la pedrá fue tan grande que hasta el otro cristal llegó”. Entre los artículos robados citó arma de fuego, dinero, computadora y demás documentos. Su vehículo fue el único afectado.
Tras los dos años que llevan cuatro diputados bajo investigación del Ministerio Público, por acusaciones de narcotráfico y lavado de activos, un grupo de legisladores salió en defensa de los investigados y han dicho que los procuradores «son irresponsables» por señalar a los congresistas y no enviar las pruebas necesarias para someterlos. Los legisladores defendieron a sus colegas y argumentaron que «es un acto irresponsable» el hecho de que el Ministerio Público «manche sus nombres» pero no presente evidencias de ilícitos a pesar de tener dos años investigando. Sobre el tema, el diputado Juan Dionicio Restituyo, del Partido Frente Amplio, calificó como una irresponsabilidad que la Procuraduría General de la República menciona a cuatro diputados en grandes expedientes de corrupción, pero que tarde tanto para someterlos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Al hablar como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Restituyo hizo una comparación entre los casos de los diputados y los procesos que llevan miles de presos preventivos en el país, quienes se encuentran recluidos bajo acusaciones informales, pero sin una sentencia. Los cuatro diputados que están bajo investigación del Ministerio Público han sido vinculados a redes de narcotráfico, lavado de activos y corrupción administrativa. Del grupo, hay tres que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Estos son Nelson Marmolejos, de Santiago; Faustina Guerrero, de El Seibo y Sergio Moya, del Distrito Nacional. Mientras que el diputado Héctor Feliz, representante de Pedernales, pertenece al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Sus casos se divulgaron en 2021, pero aún el juez Napoleón Estévez Lavandier, designado por la SCJ, no ha recibido los expedientes.
El Senado de la República aprobó en segunda lectura, el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, iniciativa del representante de la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao. La incitativa ha perimido en varias ocasiones en el Congreso Nacional y procura garantizar la preservación de Loma Miranda, mediante su designación como área protegida. La pieza ahora va a la Cámara de Diputados. Según estudios ecológicos realizados por la Academia Dominicana de Ciencias, de explotarse esta loma, el impacto ambiental causaría daños graves en las fuentes de ríos y las aves que habitan la zona.
El pleno del Senado de la República aprobó de urgencia en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley, el presupuesto reformulado del 2023 por un monto de 1 millón de millones, 86 mil 799 millones, 970 mil 785 mil pesos, pieza de desarrollo que contempla la inclusión de siete nuevos préstamos para ser conocidos este año, que ascienden a mil millones de dólares.
Será a finales de este año, específicamente en el mes de diciembre, cuando las autoridades entreguen el nuevo Centro de Retención Vehicular La Cuaba, cuyo proyecto reemplazará al viejo depósito de vehículos y motocicletas: ‘Canódromo El Coco’, un extenso terreno que en principio era para realizar carreras de perros; pero, terminó albergando cientos de miles de unidades de motocicletas, carros y yipetas (ya abandonados), por infracciones de tránsito o asuntos legales. Esas edificaciones se están construyendo en un área que abarca casi 112 mil metros cuadrados, de un amplio terreno denso y rico en árboles en sus alrededores, que tiene más de 123 mil metros cuadrados, de acuerdo con datos ofrecidos por el viceministro de Construcción del Ministerio de la Vivienda, Danny Santos, quien ha aclarado, que estos talleres serán utilizados para el mantenimiento de los vehículos de la Digesett, la Policía y el Intrant.