La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) informó el día de ayer que a partir del mes de marzo, el per cápita por dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud registrará un aumento de RD$65.00. En una nota de prensa la tesorería, avisó a los empleadores, públicos y privados, que, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 563-01 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), para la facturación de marzo se verá reflejado ese aumento a los dependientes adicionales de los trabajadores registrados en el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo (RC) del Sistema Dominicano de Seguridad Social. El incremento aprobado por el CNSS variará el monto pagado por los dependientes adicionales hasta ahora, que se sitúa en RD$1,490.14, y pasará a RD$1,555.14 más RD$22.31 correspondiente al Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (FONAMAT), para un total por cada dependiente adicional de RD$1,577.45. De acuerdo con la Resolución 563-01, estos nuevos montos quedarán aplicados en la facturación de marzo, la cual se emite en la tercera semana del mes, y deberán ser pagados en los primeros tres días hábiles del mes de abril.
Según el representante de la ONU RD mejoró 32 puntos en los últimos informe sobre Corrupción Gubernamental El representante de las Naciones Unidas dijo que según el último informe de la Corrupción Gubernamental que publica Transparencia Internacional, la República Dominicana ha mejorado positivamente 32 puntos y que con esa puntuación el país se coloca en la posición 123 de 180 países analizados. El país tenía pendiente responder a una lista amplia de verificación del cumplimiento de esta Convención que se debió entregar en julio o agosto del año 2020, cuando en noviembre del 2015, en el sexto período de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención, la República Dominicana se comprometió a realizar el segundo ciclo de examen del cumplimiento de los Estados Miembros correspondiente a los capítulos II y V.
Las zonas más bullosas del Distrito Ante la alarmante contaminación sónica causada por música a alto volumen, construcciones, motoristas, autobuses, vendedores ambulantes y animales, más de 40 juntas de vecinos del Distrito Nacional se unieron en el Colectivo de Vecinos Contra el Ruido para concienciar a la ciudadanía sobre la paz pública y el respeto a las leyes que garantizan el nivel sonoro adecuado. Ciudad Colonial, Ensanche Luperón, Naco, Renacimiento, Piantini, Bella Vista, Don Bosco Sur, Altos de Arroyo Hondo y Gascue. Este colectivo ha hecho una investigación dentro de los sectores afectados y en el caso del sector Renacimiento se hizo un levantamiento de los problemas de sonidos que les afectan y determinan que los deliverys y colmados son los principales generadores de ruido, al igual que las guaguas anunciadoras, los food trucks, los perros dejados en los balcones de las edificaciones y vecinos que hacen fiestas.
Fue vendido, el vehículo marca Honda, modelo ACCORD, color negro, que utilizó profesor John Kelly Martínez para transportar a la menor Esmeralda Richiez. La venta la realizó Jeisy Berenice Espinal Rijo, por la suma de 850,000 pesos, al señor Frank Eligio Paniagua Pilier, quien entregó el vehículo de manera voluntaria a las autoridades. La vendedora, cuyo vínculo con John Kelly Martínez no ha sido confirmado por las autoridades, figura en la nómina del Ministerio de Educación como profesora de educación básica de un centro educativo de la región Este. Las autoridades también tienen en su poder una escopeta marca Maverick, calibre 12 MM, que le fue entregada de manera voluntaria por la señora Jeisy Berenice Espinal Rijo, de 31 años. Al ser depurada, el arma de fuego figura en los registros de la Policía Nacional a nombre del detenido Jhon Kelly Martínez.
¿Qué pasará con los niños de Operación Frontera? La Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de la provincia Montecristi solicitó al Consejo para la Niñez y la Adolescencia (Conani) la repatriación de dos menores haitianos que fueron encontrados durante los allanamientos realizados en la Operación Frontera que desmanteló una supuesta red de tráfico de personas que operaba en la zona fronteriza. Según consta en el oficio número 1003/2023 firmada por la procuradora fiscal de Montecristi, Yohanny Herrera, los dos menores de los que se solicita la repatriación tienen las edades de 11 y 17 años y no tienen «Ningún tipo de documentos que justifique su estadía en este país», según consta en la solicitud dirigida a la encargada del CONANI en Dajabón. No obstante, la comunicación no establece si los menores serían deportados a Haití en compañía de sus padres.
La Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE) informó que suspendió por 10 años al grupo de carnaval “Los Corruptos” de toda actividad, tras el incidente registrado el pasado 19 de febrero en el que una mujer de la tropa agredió con un arma blanca a un señor, que disfrutaba del evento familiar. La institución dijo que la suspensión será sin los beneficios que otorgan las actividades al grupo carnavalesco. En un comunicado, la UCAVE indicó que luego de escuchar los alegatos sobre el hecho con los representantes «Los Corruptos», la comisión disciplinaria tomó la decisión de suspenderlos debido a que la trifulca puso en peligro la seguridad e imagen del Carnaval Vegano. También fue suspendida de manera “definitiva” e “irrevocable” Sara Raciel Ortíz, la mujer que protagonizó el altercado, perteneciente a «Los Corruptos».
El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, sometió hoy un proyecto de ley que busca fijar el cobro del impuesto ad valorem al monto proyectado en el Presupuesto General del Estado para el 2023. Henríquez explicó que este impuesto podría variar su porcentaje ante un posible aumento no previsto de los combustibles, por lo que el proyecto de ley busca dejar invariable este gravamen. El legislador sostuvo que en el Presupuesto General del Estado para el 2023, el impuesto ad valorem se estableció con una recaudación de RD$31,645 millones y agregó que su proyecto de ley persigue que este monto no pueda ser incrementado para no afectar la economía del pueblo. El impuesto ad valorem, según la Ley de Hidrocarburos, es de un 16 % del precio de paridad de importación y se suma a otro impuesto fijo por galón. Ambos totalizan el precio final de los combustibles.