Hablemos sobre el concurso de oposición docente El Ministerio de Educación (Minerd) ha prorrogado por un año la vigencia del banco de elegibles de los docentes que aprobaron el pasado concurso de oposición realizado desde 2021, por lo que los maestros que no han sido designados no perderán el derecho a ser tomados en cuenta cuando se produzca una plaza en el área de conocimiento que imparten. Unos 3,700 maestros que pasaron el concurso de oposición no han sido designados todavía, aunque muchos centros educativos han reportado la falta de docentes en diversas áreas.
Según el Minerd, estar en un registro de elegibles, luego de participar y ganar un concurso, significa que será considerado para una posible designación en un cargo cuando se origine una vacante sea por renuncia, deceso, jubilación o creación. Si no existe la vacante o no hay disponibilidad de recursos financieros para sustentar el cupo, quien esté en el registro de elegibles debe esperar que se den las condiciones para ocupar dicho puesto.
El proyecto turístico Bucanyé en Pedernales se encuentra actualmente en un impasse legal, luego que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, dijera en un medio televisivo que el proyecto no se realizaría por estar dentro de un área protegida, después de una denuncia pública hecha por el Grupo Jaragua, sobre esta ilegalidad.
El representante legal del proyecto, Salvador Catrain, dijo que adquirió esas tierras de forma legal y que tiene en su poder los títulos de propiedad y un acuerdo con el Estado a través de la Dirección General de Alianzas Público Privadas para desarrollar la parcela 40 del Distrito Catastral 3 de Pedernales. Según la abogada Laura Acosta, la suerte de los títulos de la parcela 40 y subdivisiones debe ser la misma que los títulos de la parcela 215-A del caso Bahía de las Águilas, ya que el origen de ese derecho reclamado es fraudulento. La abogada aclara que, ya que Oceanus Investment adquirió esos derechos de personas que obtuvieron sus títulos de manera fraudulenta, y, según el criterio ya adoptado por la Jurisdicción Inmobiliaria, Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, Oceanus no puede alegar ser tercer adquirente de buena fe por varias razones, la primera razón es porque no podía desconocer la existencia de las oposiciones trabadas por el Estado Dominicano inscritas en el Registro de Títulos y que aún a la fecha no habían sido levantadas. y la segunda es porque adquirieron esos derechos de propiedad y los inscribieron, con posterioridad a la existencia de la nueva litis, por lo que dichas compras las hicieron a sabiendas de que el Estado invoca la existencia de un fraude para despojarle de su derecho de propiedad y por tanto, fue realizado bajo su propio riesgo.
Las autoridades arrestaron en el día de ayer en el municipio Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís (SPM), a dos mujeres que aparecen en un video exhibiendo un arma de fuego en las redes sociales, específicamente en Instagram. Las detenidas son Oliva Brito de Jesús (La Mella), de 21 años de edad y Skarlett Díaz Rosario, de 18 años, quienes presuntamente son las que figuran con un arma de fuego, en un video que se hizo viral en redes sociales. Según la parte policial, en contra de las detenidas existe la orden de arresto No. 00940-2023, junto a Luandry, Jairo, Cali 8, El Rey y Panamá, estos últimos se encuentran prófugos, por presunta violación a los artículos 66 y 67 de la ley 631-16 y los artículos 265 y 266, del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado dominicano, motivado a que estos estaban circulando en las redes sociales con video mostrando un arma de fuego que estos portan supuestamente de manera ilegal.
Señores, hay un maco! La Cámara de Cuentas publicó en el dia de ayer el informe sobre la auditoría a la construcción del Metro de Santo Domingo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) durante la gestión de Diandino Peña que abarcó el período comprendido entre el primero de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017. La investigación realizada a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) establece que se cometieron decenas de irregularidades, como lo fueron falta de planificación en la contratación y ejecución del puente ferroviario, falta de planificación en la contratación y ejecución del contrato de Dirección Técnica y Supervisión por la firma, inicio de los trabajos previos a la realización del proceso de compra sin contrato entre las partes (Atteco, por un monto de RD$365,800,000 y Pretedosa, por el monto de RD$ 235,558,541). Además, se reporta la existencia de adendas a contratos que sobrepasan el 25 % establecido por ley, por el monto de RD$227,180,252, incumplimiento en póliza de avance por el valor de RD$86,271,672, monto de la primera cubicación inferior al avance otorgado, por RD$108,410,318. También obras que presentan pagos superiores al monto contratado, por el monto de RD$7,832,844. No inclusión del 1 % de Ley 6-86 en los presupuestos y cubicaciones de las obras, por el monto de RD$2,021,297 y RD$7,819,618, falta e inadecuada retención de la Ley 6-86, por el monto de RD$7,408,620, póliza de garantía de vicios ocultos por montos inferiores a lo establecido por ley, por la cantidad de RD$33,458,626 y falta de póliza de garantía de vicios ocultos, por el monto de RD$49,285,722.
Denuncian vulnerabilidad de cara a las elecciones El opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió en el día de ayer a la Junta Central Electoral (JCE) sobre una alegada serie de vulnerabilidades en el mecanismo de escrutinio que propone el organismo para las elecciones de 2024, que pondría en peligro su transparencia. La resolución de la JCE lo que dispone es que una vez declarado abierto el proceso de escrutinio y se proceda con el conteo manual, el secretario de la mesa electoral deberá decir en voz alta al partido que corresponda cada voto. En la medida que son leídos los votos se irán registrando en una plantilla de apoyo y una vez culminada la anotación, el presidente y segundo vocal del colegio irán al área de digitación, cuyo operador dictará los resultados y se procederá a la impresión de la relación de votación. En torno a este proceso, el PLD alerta sobre la posibilidad de equivocaciones en la asignación de votos a un partido, en las centenares de veces que deberán registrarse manualmente en la plantilla. Ellos dicen que en el conteo manual de cada paquete de boletas por partidos, grandes o pequeños, estaría expuesto a errores involuntarios o no, ya que se podría contar una boleta dos veces o atribuírsele a otro partido.
Y ya que hablábamos de la JCE La Cámara de Cuentas de la República publicó el día de ayer los resultados de la “investigación especial” que realizó a los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales de la Junta Central Electoral (JCE) durante el período 2019-2020, el cual arrojó varias “inobservancias e irregularidades” en su manejo. Entre estos menciona desembolsos y reposición de fondos de la caja chica sin la documentación soporte correspondiente por un monto de RD$333,471.23. Sobre este punto el reporte establece que las pesquisas hallaron: “debilidades identificadas en las reposiciones pagadas correspondientes al fondo de caja chica del Departamento de Servicios Generales como fueron desembolsos definitivos de caja sin las firmas del custodio y quien le supervisa, reposiciones de fondo pagadas, inobservando el porcentaje establecido, saltos en la secuencia de las reposiciones de fondo pagadas y saltos en la secuencia de los comprobantes de desembolsos definitivos de las reposiciones pagadas”. Según cita el expediente: «Los hallazgos mencionados evidencian incumplimientos por parte de los funcionarios y servidores públicos de la institución investigada, en tanto la investigación especial ha señalado prácticas contrarias a las leyes, reglamentos y manuales que regulan los procedimientos de contabilidad gubernamental, observadas en la ausencia de documentación soporte que justifique los desembolsos realizados en caja chica,
El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció que autorizó este mes el pago de 57.3 millones de pesos por concepto de licencias pre y post natal, un reclamo de las docentes que se han visto afectadas por este incumplimiento desde hace más de 10 años. La información fue emitida por el ministro a través de un tuit en el que también dijo que solicitó autorización al Ministerio de Hacienda para efectuar el pago de licencias pendientes desde el 2012. Fue el 25 de octubre del año pasado que el Ministerio de Educación reveló que se encontraba gestionando el pago de más de 400 millones de pesos que se adeudan a docentes que cubrieron las licencias por maternidad o enfermedad de sus colegas en los centros educativos públicos. La directora de Gestión Humana, Dilia Stephany Ubiera, dijo en ese entonces que en las gestiones pasadas, de 2012 hasta 2019, ese compromiso no se cumplió y por eso está pendiente el referido pago.
Hace 22 días que la jueza de la Cámara Civil y Comercial de La Romana dejó en estado de fallo y todavía no se pronuncia, sobre el recurso constitucional de amparo incoado por el movimiento Rescate Democrático en contra del Concejo de Regidores del municipio La Romana, por no destituir a su alcalde, Juan Antonio (Tony) Adames, quien cumple dos años de cárcel, en el Centro de Rehabilitación Cucama. Esta tardanza en evacuar el dictamen por parte de jueza presidente de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, Karuchy Sotero Cabral, llama la atención porque violenta los plazos establecidos por Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional.En ese sentido, el Artículo 84, de la referida ley, establece que: “Una vez el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión el mismo día de la audiencia en dispositivo y dispone de un plazo de hasta cinco días para motivarla”.