El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, afirmó este domingo que se debe mejorar la vida de los soldados dominicanos en la frontera como parte del objetivo de vigilancia y control de la línea fronteriza. Respecto a las mafias que operan en el trasiego de haitianos indocumentados en la República Dominicana y la vinculación de los agentes del orden con esa problemática, reconoció que el Estado dominicano debe «manejar con cuidado este aspecto». «No hay duda de que el Estado debe trabajar muy seriamente para ejercer vigilancia y control en la frontera en todos los órdenes, incluyendo a quienes tienen que hacer cumplir y cumplir, de hecho, con las disposiciones legales», puntualizó. Explicó que si una persona «no tiene los suficientes atractivos y no se siente con la debida motivación, puede sentirse inclinado a cometer acciones impropias».
Grupos populares y gremios profesionales declararon al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos, como persona no grata, por la ola de cancelaciones y maltratos contra los empleados del Metro de Santo Domingo. El anuncio lo hizo Guanchi Compres, quien es representante del Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, en una asamblea popular y profesional desarrollada en el Colegio Médico Dominicano (CMD) en Santo Domingo, que contó con la participación de una comisión de empleados del Metro presente en procura de apoyo a su justa causa. La actividad de repulsa contra el director del Metro se realizará en Moca en los próximos días en la plaza 26 de Julio, para lo cual se está convocando a todas las personas progresistas para que asistan. Guanchi Compres afirmó que el ingeniero Rafael Santos es el director del Metro y que en apenas tres años que lleva en el gobierno lo único que ha hecho es maltratos y cancelaciones diarios. Explicaron que la comisión de empleados del metro procura el respaldo de las organizaciones populares y profesionales a fin de que en su nueva jornada de protesta incluya la destitución del director de OPRET ingeniero Rafael Santos.
El caso del menor de 17 años que realizó un video emitiendo palabras obscenas contra el presidente de la República Luis Abinader, fue enviado al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Villa Vásquez, provincia Montecristi, para los fines legales correspondientes. La gobernadora provincial, Nelsy Milagros Cruz Martínez, fue quien alertó sobre la existencia del video a las autoridades. El joven fue detenido por miembros preventivos y de investigaciones criminales de la Policía Nacional de Villa Vásquez. El arresto del joven, se llevó a cabo el pasado jueves luego de que los miembros policiales se trasladaron al distrito municipal de Hatillo Palma, en la citada provincia. Los uniformados dieron con la ubicación del detenido gracias a que reveló en el vídeo su identidad y el lugar donde reside, en desafío al mandatario.
Dos agentes de la Policía Nacional se encuentran bajo investigación del Ministerio Público por la muerte de un adolescente, según informó el vocero de la institución, Diego Pesqueira. Pesqueira dijo que el hecho tuvo lugar en el barrio Los Tanquecitos, del municipio Boca Chica. De acuerdo con registros periodísticos, los dos oficiales están involucrados en el caso del joven, quien falleció luego de haber sido baleado en medio de una persecución a presuntos delincuentes de esa localidad. “Desde que se registró el incidente dos agentes fueron remitidos ante la fiscalía para los fines correspondientes”, dijo a Listín Diario Diego Pesqueira.
Un total de 146 personas de nacionalidad haitiana fueron detenidas en la provincia Barahona, acusados de invadir unos terrenos, según la Dirección General de Migración (DGM). Durante las acciones, fueron intervenidos el paraje Los Cocos, la comunidad La Colonia de Juancho, entre otras localidades de la sureña provincia, donde fueron arrestados los haitianos, quienes no cuentan con documentos legales, según una nota de la DGM. Los operativos fueron puestos en marcha tras denuncias de las juntas de vecinos de las citadas localidades, donde los arrestados presuntamente invadieron unos terrenos privados y construyeron casuchas. El grupo fue enviado al Centro de Acogida Vacacional de Haina, en el municipio de Haina, para su posterior deportación. Durante las intervenciones, fue identificado un hombre solo conocido como Yoni El Pastor, quien presuntamente se dedica a resguardar a nacionales haitianos indocumentados, de acuerdo con Migración.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), Garibaldy Bautista, manifestó estar esperanzado de que el Senado apruebe el proyecto de ley de política nacional antidopaje que aprobó en dos lecturas la Cámara de Diputados hace días. Advirtió que, si no es así, República Dominicana corre el riesgo de no poder participar en los juegos multidisciplinarios como son los centroamericanos, panamericanos, olímpicos y otros de las mismas características, en los que participa el país. “El 4 de agosto es la fecha establecida en la que tenemos que tener aprobada la ley del dopaje para no tener una suspensión de participación en los juegos multidisciplinarios que nos corresponden”, alertó el presidente del COD. Explicó que este renglón estaba contemplado en el proyecto de ley de deportes, pero como este iba a tomar más tiempo, se hizo uno aparte que abordara solo el tema del dopaje, para que República Dominicana no corra el riesgo de no poder participar en los juegos multidisciplinarios que se avecinan.
El presidente del Movimiento Duartianos Unidos denunció este domingo que existe una red de trata de parturientas haitianas integrada por militares y funcionarios, esto a raíz de las declaraciones del presidente del Instituto Duartiano sobre imponer un pago a mujeres de ese país que vienen a República Dominicana a tener sus hijos. Los nacionalistas aseguraron que se debe actuar con firmeza ante los que denominaron una invasión pacífica desarrollada en complicada con grupos dominicanos. “Sabemos que hay una mafia integrada por militares y funcionarios y nadie se atreve a entrarle a esa mafia. Esa es la realidad”, indicó Mayobanex Pepín, presidente del Movimiento Duartianos Unidos. Otros aseguraron que parte del presupuesto de salud del país se invierte en los partos de haitianos, lo que es insoportable por el costo económico que implica. De su lado, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, señaló que “el 15 % del presupuesto de Salud del país se está usando para tratar extranjeros indocumentados. Para los miembros nacionalista Antigua Orden, toda ayuda que se le pueda brindar a Haití debe ser en su territorio. En tanto, al mostrarse de acuerdo con el planteamiento del Instituto Duartiano, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, aseguró que las haitianas que pasan a tener sus hijos a República Dominicana no son las más pobres de la vecina nación. Aunque algunas organizaciones se mostraron de acuerdo, otros aseguran que el tema es muy complejo y que una contribución económica no resolverá el problema de la migración indocumentada.
El líder comunitario y religioso José Guzmán Báez, decidió encadenarse este Domingo frente a la Iglesia Católica de la comunidad Baúl, en el municipio Restauración, para exigir del gobierno terminación y construcción de cuatro obras de vital importancias para el desarrollo de los habitantes en esta parte de la provincia colindante con Haití. Las obras demandadas son: la terminación del Hospital Municipal que lleva varios años desde que fueron abandonados los trabajos y el asfaltado de la carretera desde el kilómetro 14 hasta el distrito municipal río limpio del municipio Pedro Santana. También demandan la electrificación de la comunidad «Cruz de Cabrera» y terminación de la construcción de escuela básica en la comunidad «las Rosas», abandonada desde el pasado gobierno. José Guzmán Báez, expresó que no le quedó otro camino que recurrir a la protesta, como primer llamado a las autoridades ya que los residentes en estas localidades están cansados de solicitar las obras pero no han hecho caso. Entiende que continuará expresándose a través de cartelones y encadenado hasta que las autoridades del gobierno atiendan el reclamo de cientos de familias que habitan el municipio más pobre y olvidado del país.