A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la violencia sigue siendo el “pan nuestro de cada día” en el país. A diario en los medios de comunicación se sigue observando un considerable número de casos violentos que, de algún modo, ha hecho que los ciudadanos casi pierdan el nivel de sorpresa. Solamente, en los últimos diez días en el país se contabilizaron 13 muertes en las que hubo presencia de violencia, esto sin considerar otros hechos en los que las víctimas resultaron heridas.
Cada vez que el reloj marca el paso de cuatro horas, una persona fallece en un accidente de tránsito en República Dominicana. La contabilidad la hizo la Organización Mundial de la Salud. El organismo estima que el país ocupa el primer lugar en el mundo con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Las víctimas más frecuentes son personas jóvenes entre 15 y 34 años de edad ocupando el 60 %. De acuerdo con datos del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, en el 2020 fallecieron un promedio de 1,732, personas en accidente de tránsito. Para el 2021, esta cifra se elevó a 1,874. Y en el 2022 disminuyó a 1,794. Mientras que para el primer trimestre del 2023, es decir de enero a marzo, se registraron 448 fallecidos. Cifra que con el paso de los días va en aumento.
El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) otorgó una amnistía en beneficio de los prestadores de servicio de transporte público de pasajeros interurbanos, sobre el pago anual por la renovación del uso de rótulos y tablillas de identificación. Se trata de un perdón económico que comprende desde el mes de enero del 2009 hasta diciembre del presente año. La medida tiene por objetivo fomentar el proceso de adecuación del sector transporte dentro del contexto normativo de la Ley 63-17 de Movilidad Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lo que implica «la posibilidad de generar los estímulos necesarios que propendan al cumplimiento efectivo de su función». De igual forma, reconoce el impacto económicamente adverso, consecuencia de la pandemia del covid-19″ que tuvieron todos los prestadores del servicio durante los años 2020 y 2021. La institución dio a conocer esta decisión a través de una resolución en la que invita a todos los operadores del servicio a acercarse a las oficinas del Intrant para que se regularice. El documento establece un plazo de 60 días calendario para que los prestadores de servicio de transporte público interurbano se acojan y culminen el proceso.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, acusó de estafador específicamente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por incautar vehículos a transportistas. Hubieres dijo que el gobierno y el Intrant demuestran ser enemigos de personas dignas que se ganan la vida del transporte cada vez que le aplican multas de hasta RD$30,000 y le incautan sus vehículos por incurrir en infracciones leves, cuando es una violación a la Ley 63-17 y abuso de poder. Según Juan Hubieres, los abusos los están implementando también en la zona turística del este del país y otras partes en contra de los trabajadores del transporte y pasajeros. A lo que nadie hace caso y mejor le siguen dando con el látigo de multas millonarias y por demás los dejan sin instrumento para trabajar»; El sindicalista dijo que los chóferes del transporte turístico han denunciado que la situación en la zona este es peor, porque el Intrant no está otorgando los permisos donde los autoriza a trabajar ese transporte y ante la desesperación los hombres y mujeres han tenido que operar en las calles sin la debida autorización, pues “Aquí no hay empleo y ellos deben llevar comida a sus hogares, pero esos no le importan al gobierno», agregó.
Moradores de diferentes sectores ubicados a ambos lados de la Autopista Coronel Rafael Fernández Domínguez, en Santo Domingo Este, protestaron nuevamente por la construcción del muro de contención en la vía, al asegurar que les cierra las entradas de los residenciales. Para los comerciantes, transportistas y residentes en esa zona, el muro en la vía, también conocida como Autopista de San Isidro, les limita el libre tránsito, bloquea sus entradas y reduce el acceso de los clientes a los negocios. Varios afectados calificaron el muro como inhumano porque perjudica a envejecientes y las personas que se desplazan en sillas de ruedas. Otros se quejaron de los inconvenientes que causa el muro al transporte público y a los servicios de emergencia. Habitantes en los residenciales Nancy Nadesha, La Moneda y Los Triunfadores, entre otros, afirmaron que habían llegado a un acuerdo con Obras Públicas para abrir los tramos de ingreso a sus viviendas, pero que los accesos continúan cerrados. En medio de la protesta los manifestantes hicieron un llamado al ministro de Obras Públicas para que desista de la construcción de un muro y que coloque semáforos donde se necesitan.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a través de la Resolución Sancionatoria Núm. 016-2023, le suspendió la licencia de conducir al señor Addy Daniel Martínez Montero, quien conducía el autobús accidentado a la altura del km. 129 de la autopista con una licencia categoría 3, vehículo que requiere ser operado por un conductor con licencia categoría 4. Tras realizar el levantamiento técnico de lugar, como parte de la atribución que le confiere la Ley, el Intrant también impuso una sanción pecuniaria a la empresa Transporte Espinal, S.R.L., con una multa administrativa de veinte (20) salarios mínimos del que impera en el sector público centralizado, que ascienden a la suma de doscientos mil con pesos RD$200,000.00, por incurrir en falta administrativa grave al circular un vehículo en dirección Santo Domingo – Santiago, con un conductor que no contaba con la licencia correspondiente al tipo de unidad. Se recuerda que siendo aproximadamente las 6:35 p.m. del pasado 23 de junio, el autobús que conducía Martínez Montero se accidentó con 34 pasajeros a bordo, resultando seis fallecidos y 27 heridos.
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal plantea que se le coloque una meta fija al endeudamiento, para que este no sobrepase el producto interno bruto (PIB) en un 40 % al año 2035. «Para lograr esta meta se crea una regla que establece que el gasto público primario crecería a una tasa equivalente a la inflación esperada en el marco macroeconómico, más 300 puntos básicos», puntualizó al respecto el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Explicó que esto le otorgará tranquilidad a los inversionistas, ya que con este techo se previene que pueda haber un «desplome fiscal» en el país. De igual manera manifestó que con el citado proyecto (entregado hace justo un mes al Congreso Nacional) se envía una señal a la comunidad empresarial, inversionista y al público en general, de que las finanzas públicas se manejarán de una forma ordenada y prudente.
Los abogados de Elizabeth Silverio, autodenominada neurocientífica, buscarán obtener, a través de una evaluación psicológica solicitada a la fiscal del Distrito Nacional, la autorización para que se le otorgue la libertad a la acusada. A Silverio se le imputa el delito de estafa y de hacerse pasar por neurocientífica para tratar a niños con trastorno del espectro autista (TEA). Por esta acusación, la jueza de la Oficina de Atención Permanente le impuso tres meses de prisión preventiva en Najayo-Mujeres, donde se encuentra recluida actualmente. Cándido Simó, uno de sus abogados, explicó que la evaluación psiquiátrica fue recomendada por los especialistas del Instituto de Cirugía Especializada, centro donde estuvo ingresada durante dos días la semana pasada debido a deshidratación, después de que se le impusiera la medida de coerción.