Personal de la Escuela Salome Ureña de Barrio Nuevo en San Cristóbal, denunciaron que la planta física del centro de estudios es objeto constante de robos y hechos vandálicos. Del centro se llevaron las bocinas, abanicos y materiales de apoyo para la educación lo que perjudica que los niños puedan recibir de manera adecuada el pan de la enseñanza. Un miembro del centro que por miedo a represalias pidió que se mantuviera su identidad en el anonimato, dijo que los desaprensivos aprovechan los fines de semana y los días feriados, en que el personal de seguridad no está en la planta física para realizar sus fechorías, que no solo es robo sino que es destrucción pues romper verjas, paredes y ventanas y dañan los baños sin una razón aparente.
El anteproyecto de ley sobre Libertad de Expresión y Medios de Comunicación fue socializado en el dia de ayer por un panel compuesto por los miembros de la comisión consultiva que fue designada por el presidente Luis Abinader para revisar y actualizar esa legislación y en la cual se plantea la sustitución de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía por otro organismo. El trabajo realizado por la comisión contempla el umbral de las redes sociales y la creación de un Instituto Nacional de las Comunicaciones en reemplazo de la Comisión Nacional De Espectáculos Públicos y Radiofonía (Cnepr). La propuesta de ley contempla aspectos como la regulación de contenido en los medios audiovisuales que tengan que ver con los derechos de la niñez, horarios de programación, imagen de la mujer, la producción de la cultura nacional y la tutela efectiva en la vía administrativa de la libertad de expresión y que se fortalezca la participación y el pluralismo. Este proyecto plantea crear un organismo que sea descentralizado de la administración y que será designado por el Congreso Nacional.
Nadie sabe nada Desde el pasado viernes, alrededor de 40 familias del barrio Nuevo Atardecer (“los farallones”), por la avenida Ecológica , están viviendo en la calle luego que desconocidos armados y encapuchados, apoyados por policías, destruyeron sus viviendas, sustrajeron dinero, televisores, mercancías de colmados y otras pertenencias. Lo que cuentan quienes viven en la zona es que en la madrugada, un grupo de hombres armados entraron a las casas, sacaron a sus ocupantes a la fuerza y, con una pala mecánica, comenzaron a derribarlas y llevarse todo lo de valor que encontraron. Un alegado abogado dirigió la acción junto con un coronel de la Policía de apellido Marte, pero, hasta ahora, ninguna autoridad se ha presentado al lugar. Hoy la mayoría de las familias afectadas permanece a la intemperie, otras acogidas por vecinos y hay quienes volvieron a reconstruir ranchos. Para los afectados, llama la atención que nadie se haya identificado como responsable del desalojo en un farallón que fue declarado área protegida. Los destructores no han vuelto por el lugar y tampoco los policías comandados por el coronel Marte. Un medio escrito local consultó al Ministerio de Medio Ambiente para saber si fue esa institución quien hizo el desalojo, pero se informó que esa entidad no lo ha hecho ni autorizado por otro lado la Fiscalía de Santo Domingo Este tampoco tenía conocimiento del desalojo y la Alcaldía de Santo Domingo Este también se desvincula de la acción.
-Pero, ¿por qué se llevaron las pertenencias entonces?
Este jueves la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conoce la solicitud de medida de coerción a José Alfredo Ventura Tupete, el único apresado hasta el momento, de los siete que las autoridades atribuyen participación en el asesinato de la pareja de La Guáyiga, Luis Miguel Jáquez Rodríguez y Elizabeth Almarante Pacheco.
La audiencia será conocida por la jueza Cecilia Toribio. El Ministerio Público acusa a Ventura Tupete de «complicidad» en el hecho. Según el expediente, fue quien supuestamente “borró evidencias” de las habitaciones del hotel del que es propietario en Boca Chica y donde fue ultimado Jáquez Rodríguez. Nosotros estamos pendientes a la actualización de esta noticia.
Sobre el farallón El Gran Parque de Las Américas fue creado mediante el decreto 207-02 del 20 de marzo del 2002 junto a los parques urbanos Mirador Oeste, Mirador Manantiales del Norte, Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia, Parque Nacional Humedales del Ozama y la ampliación del Parque Nacional Mirador del Norte. Su polígono, a la altura del kilómetro 18 de la autopista Las Américas, cubre una superficie de aproximadamente 3.34 kilómetros cuadrados. Mejor conocido como Los Farallones, forma parte del cinturón verde del Gran Santo Domingo y por tratarse de un área protegida está prohibida la construcción de infraestructuras al margen de las que, con vocación ecológica, estipulan las autoridades.