El informe de la Unesco sobre el impacto de la tecnología digital en la educación y la sugerencia de que dispositivos, como los teléfonos móviles, han entorpecido el aprendizaje en todos los niveles continúa generando reacciones. Sobre el tema han opinado el ministro de Educación, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (AINEP) y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela (APMAE). Sin embargo, para el ministro de Educación, Ángel Hernández, el revuelo provocado por los resultados de este levantamiento es porque según él, las nuevas tecnologías se han vendido como remedio para resolver el tema educativo y no siempre es así, pues los niños se distraen mucho. Angel Hernandez dijo que entiende que lo que hay que hacer es procurar un uso racional de esa tecnología pues la sociedad actual es digital, pero no eliminarla del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Asegura Hernández que lo que hay que tratar de procurar es que se desarrolle una pedagogía adecuada, para la incorporación de esa tecnología al aula, tomando las previsiones de que no puede ser un uso continuo sino para los puntos bien específicos. Esto nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta: ¿La tecnologia debe ser eliminada de las aulas?
En el año 2009 Julio Romero, quien en el dia de ayer fue escogido por la Fuerza del Pueblo (FUPU) como su candidato a alcalde por el municipio de Santo Domingo Este, admitió haber tenido una relación con una menor de edad, quien en ese momento, reclamaba la paternidad de un hijo, de acuerdo a un reportaje de El Informe con Alicia Ortega. El presidente de la FUPU, Leonel Fernández, escogió al dirigente y exdiputado Julio Romero como su candidato a la alcaldía SDE para las próximas elecciones municipales pero recordemos que Romero fue diputado para el periodo 2006-2010 por el partido Revolucionario Dominicano (PRD); presidente del municipio SDE por el citado partido y exdirector del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop). Sin embargo, este hecho con aquella menor le costó su diputación.
El vocero del bloque de los senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Iván Silva, denunció en el dia de ayer un presunto delito financiero al Estado Dominicano, en el que están involucrados 29 bancos dominicanos por una suma de 20 mil millones de pesos, en violación a la Constitución Dominicana. El dijo que estas entidades de servicios bancarios se han confabulado, con Jochi Vicente, ministro de Hacienda y Luis Valdez, director General de Impuestos Internos, para ejecutar una violación a más de 15 leyes del Estado dominicano a fin de beneficiar, política profesional y posicionalmente, tomando como pretexto la obligación tributaria consignada en el Impuesto Sobre la Renta. También dijo que tanto el ministro de Hacienda y el director General de Impuestos Internos, “masajeaban su vanidad y arrogancia” para ejecutar y cumplir en nombre de la República Dominicana un acuerdo que establecía unos intereses que, para los años 2022 y 2023 serían de un 5%, pero para los años comprendidos desde 2024 hasta el 2031, los intereses serían de 11.25%, con lo cual la caducidad de éste empréstito, sobre pasaría la legislatura actual y las dos legislaturas subsiguientes.
Los familiares de una mujer que perdió la vida el pasado 28 de julio en un trágico accidente en la intersección de la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este denunciaron que las autoridades no han hecho nada. El esposo de la víctima denunció que, cuatro días después del incidente el responsable aún no ha asumido su responsabilidad y la dejó abandonada en el pavimento como si no importara. Arisleida de la Rosa Montero, de 42 años, había salido de una reunión familiar y se dirigía a su hogar en la urbanización Franconia. y luego de bajarse del vehículo, fue embestida por un conductor que circulaba a alta velocidad. Reinaldo Valdez, esposo de la fallecida, solicitó a las autoridades que investiguen el caso y den con el paradero del responsable del accidente.
Un grupo de diputados reintrodujo ayer el proyecto de ley que busca regular la administración de bienes incautados, decomisados y en extinción de dominio, enfatizando que no hay una fecha definitiva para mostrar el informe con las conclusiones, a pesar de que esta fue anunciada como una “pieza prioritaria” para el Congreso. El proyecto de ley perimió el 26 de julio, cuando acabó la legislatura ordinaria del Congreso Nacional, por lo que con esta reintegración tendrá que cumplir nuevamente con todo el trámite legislativo que conlleva una nueva iniciativa. En ese sentido, la pieza podría enviarse a la misma comisión especial de diputados que la ha venido analizando desde enero de este año. Aunque en la pasada legislatura ordinaria el proyecto fue aprobado en primera lectura, en esta nueva legislatura extraordinaria -que acaba el 15 de agosto- deberá agotar el mismo proceso, aunque los diputados retoman sus estudios hasta donde lo dejaron antes que la pieza perimiera.
El Servicio Regional de Salud Metropolitano destituyó a Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral. En su lugar fue posicionada la doctora Mabel Jones. El titular del Servicio Regional de Salud Metropolitano, Edisson Féliz juramentó a la pediatra e infectóloga Jones. Mientras que Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), destacó su labor. El SNS entregó un certificado de reconocimiento por su gestión durante tres años al frente del hospital.
¿De qué sirven las cifras si no hay plan de acción? Dos mil novecientas veintiuna personas perdieron la vida en accidentes de tránsito durante el año 2022. La mayoría de las víctimas viajaban en motocicletas. Esta cifra fue dada a conocer por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, quien dijo que el 14.85 % de esas muertes corresponden a peatones, el 8.8 % a automóviles, el 2.8 % a vehículos de carga, el 2.1 % a vehículos todo terreno, menos de un por ciento en autobuses y un 0.48 % en otros tipos de movilidad. «El 57.17 % de las personas que fallecieron en accidentes de tránsito lo hicieron mientras viajaban en una motocicleta», resaltó Beras al encabezar la mesa que presentó el Informe de Seguridad Vial. El director del Intrant puntualizó que en 2021 se registraron más muertes por accidentes de tránsito en el país que en el 2022, alcanzando una cifra de 2,967 fallecidos.
Las autoridades revelaron que menos del uno por ciento de los turistas que visitan el país han sido víctimas o han estado vinculados a hechos delincuenciales o de inseguridad. Los datos son parte de las estadísticas que manejan la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte del monitoreo que realizan en todos los polos turísticos del país como parte del Plan de Seguridad Ciudadana. Al ofrecer el dato, el presidente Luis Abinader dijo que son injustificadas las alertas que emiten países como Estados Unidos y Canadá cuando les piden a sus ciudadanos que no visiten República Dominicana porque es un lugar inseguro. El mandatario habló durante un encuentro con directores de medios de comunicación. Allí detalló las acciones que realizan la Policía, la Procuraduría General de la República, La Dirección Nacional de Control de Drogas, la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y otros organismos en el referido plan.
Las autoridades trajeron desde España a la República Dominicana, uno de los principales cabecillas del país del narcotráfico y lavado de activos que movió más de tres millones de dólares del negocio ilícito, para que responda ante la justicia tras huir del país en julio de 2016. Se trata de Roberto Gonzalo Osoria Guzmán, alias (Tricom), quien junto a su hermano Eddy Guzmán (el Guasón) se encargaba de las operaciones de una estructura criminal de tráfico de drogas y lavado de activos por varios años en el país. Tricom, se encargaba de recibir los cargamentos de drogas que traía la organización desde Colombia, y almacenaban en caletas colocadas en una residencia que usaban de centro de acopio de la red, ubicada en el sector Los Jardines del Sur, Distrito Nacional, ocupada con más de 300 kilos de drogas. La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, dictó tres de prisión de medida de coerción a Tricom, acusado de narcotráfico y lavado de activos, y será enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.