Tránsito y Circo 01-03-2023

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Todo queda entre familia Aunque aún no se ejecuta la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que condenó a dos años de prisión al alcalde de La Romana, Juan Antonio (Tony) Adames, la administración del ayuntamiento quedará entre familia, pues su esposa, Hilda Miliza López Núñez (Milly Núñez), es la vicealcaldesa y por ley, le corresponde la sucesión de mando. Una vez notificadas las partes, el Consejo de Regidores del ayuntamiento de La Romana debe proceder, conforme a la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, a convocar a sesión extraordinaria para acoger el mandato de la SCJ y destituir a Tony Adames y en su lugar, colocar a la madre de sus dos hijos. El edil había sido condenado por un tribunal de la Romana en el 2018 tras no honrar el pago de esculturas de peloteros, hechas por Castillo y colocada en el parque central. La sentencia de dos años de cárcel y el pago de cuatro millones de pesos fue ratificada por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en marzo del 2022.

 

Sobre el programa de Bachilleres Bilingües El Tribunal Superior Administrativo (TSA), rechazó la medida cautelar solicitada por Valdez Professional Training Systems, en contra de la Contraloría General de la República, que se negó a registrar un contrato por tres meses, por un monto de 598 millones de pesos, para el programa “Bachilleres Bilingües Productivos”, firmado con el Instituto Nacional de Formación Magisterial (Inafocam). El TSA dijo que no fueron probadas las razones para acoger la medida y que no tiene nada que tutelar, ya que el contrato resultante del proceso de excepción por supuesto proveedor único, entre Valdez Professional Training Systems y el (Inafocam), fue rescindido por este último. El propósito del programa era formar y capacitar a 700 docentes del sector público y 297,732 estudiantes, cuando la finalidad de los recursos del Inafocam están dirigidos exclusivamente a la capacitación de los maestros. El Inafocam rescindió el contrato en septiembre del 2022, luego de que fuera designado Francisco Ramírez, y se indicará que el Comité de Compras llevó a cabo un proceso irregular, al margen de la ley 340-06, porque convocó a un procedimiento de excepción por proveedor único y Valdez Professional Training no es la única institución de educación superior de capacitación en inglés reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). El Tribunal deberá conocer en los próximos días otros recursos presentados por Valdez Professional Training Systems, en contra del Inafocam, el Ministerio de Educación y la DGCP. 

 

Los efectos de un vertedero Fue suspendida la docencia en el Centro Educativo Gloria Beato, por la fuerte humareda, que emana del vertedero de Las Lavas, ubicado próximo a “Estancias del Yaque”, esto es en Villa González, Santiago.  Al menos 502 estudiantes se quedaron sin enseñanza por el alto nivel de contaminación del aire que respiran los comunitarios de la parte Este de Villa González, así lo informó Osmaury Toribio, director de la escuela Gloria Beato. Toribio dijo que se vio en la obligación de suspender las clases porque ayer el vertedero amaneció encendido, obligando al retiro de los estudiantes, así como a todo el personal del plantel. El director de la escuela dijo que los comunitarios de Estancia del Yaque vienen pidiéndoles a las autoridades el cierre definitivo del vertedero, que funciona a cielo abierto desde hace varios años y cada vez que desaprensivos lo incendian, se paralizan todas las actividades productivas y escolares de esa localidad.   

 

Sobre operacion Catleya El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó ayer la prisión preventiva a los tres presuntos cabecillas de la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el pasado año con la Operación Cattleya. Por disposición de la jueza Altagracia Ramírez, los imputados José Miguel Michel Gurdis (Michel), Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, seguirán recluidos en la cárcel cumpliendo medida de coerción. Al respecto, el fiscal Eduardo Velázquez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó la decisión adoptada por el tribunal durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, en la que, dijo, los acusados no presentaron presupuestos nuevos. 

Una denuncia contra Hubieres Miembros de la Asociación de Propietarios de Carros de la 27 de Febrero (Asoprocavefe), acusaron al presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, de supuestamente secuestrar sus instalaciones para que sean administradas por una cooperativa y que esa institución haga las gestiones para que opere dicho corredor. Durante una rueda de prensa en sus instalaciones, el secretario general de Asoprocafe, Pedro Gómez Morel, dijo que los choferes se oponen a firmar a “escondidas” el documento que autoriza a la Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Río Ozama (Coopozama) que realice frente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y al Estado, las gestiones para la consecución o emisión de licencia de operación del Corredor 27 de Febrero.

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