Iniciemos hablando sobre los residuos sólidos La regulación de los sitios de disposición final para los residuos sólidos (vertederos), acorde a lo establecido por las leyes, costaría al Estado dominicano entre 7,000 y 9,000 millones de pesos, una inversión que según el director del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, dijo que se requiere que la ciudadanía entienda que «la basura se tiene que pagar». Henríquez dijo que se espera que al año el fideicomiso público- privado recaude al menos 2,000 millones de pesos, un monto que junto a otras medidas que implementan, permitirá «cubrir los próximos dos o tres años de trabajo sin problemas». Sin embargo, el funcionario aclaró que la ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, establece el cobro por el servicio de recolección de la basura y dijo que además del mandato de cobro, la Ley establece una serie de soluciones para aminorar los costos, dentro de ellas la instalación de rellenos sanitarios regionales, una iniciativa que sería parte del Plan Nacional de Sitios de Disposición Final, un documento que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente.
Reforma del código de trabajo: en que quedó? De acuerdo con José Luis León, quien es vicepresidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la revisión de varios puntos para modificar el Código de Trabajo dominicano sigue en un limbo y es que el sindicalista denunció que el consejo consultivo del trabajo no se ha reunido en más de siete meses y dijo que lamentablemente se ha secuestrado en una comisión técnico-jurídica el proceso del Código de Trabajo y los consensos que han habido están ahí a la vista, pero las cosas fuertes se han estado debatiendo en la comisión técnico-jurídica y el consejo consultivo, son desconocidas. Según León, desde el gremio sindical están a la espera de que se logre el mejor consenso posible ya que ellos entienden que la reforma del Código de Trabajo no se puede dejar en manos de los legisladores, debido «a la forma en que se manejan en el Congreso». Dijo y cito: «Ahí se maneja el hombre del maletín». El panorama laboral dominicano ha mejorado en los últimos años, pero para los sindicalistas en el país aún se está muy lejos de alcanzar una verdadera justicia social.
Una buena noticia Fue aprobado en segunda lectura por los senadores en el día de ayer el proyecto de Ley de Lengua de Señas de la República Dominicana. Con esta sanción, el Congreso Nacional convierte en ley la pieza que ahora va al Poder Ejecutivo para promulgación u observación. Esta iniciativa de ley busca reconocer el uso e inclusión de la lengua de señas en la nación como mecanismo oficial de comunicación de las personas con discapacidad auditiva.
Bomper Medusa El Ministerio Público dijo que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, presentó declaraciones juradas falsas a su ingreso y salida de las instituciones públicas que dirigió. Durante la audiencia preliminar por corrupción administrativa que se conoce en contra de los acusados de la Operación Medusa, la fiscal Rosa Alba García dijo que iniciaron la lectura en la página 1,094, con la presentación de varias líneas de la investigación. Pero dentro de todo lo que se ha dicho, llamó poderosamente nuestra atención que según el expediente el exprocurador general de la República, compró un Yate en el año 2017 por un valor de US 720,000.00 y a una tasa de cambio de cambio de 55×1 en ese entonces, representó un costo de RD$39,600,000, por lo que su adquisición superó el total de sus ingresos durante el período completo en el que se desempeñó como funcionario (2012-2020). Según la acusación de la (Pepca) en contra del exfuncionario y otros 63 acusados en Operación Medusa, los ingresos anuales que declaró Janalan durante los años 2012-2020 luego de asumir la función pública, «ascienden a un total de 27 millones (casi 28 millones de pesos) sin incluir ningún tipo de descuento por los gastos o egresos en los que incurría. En la acusación de Operación Medusa se afirma que los ingresos del exfuncionario «no fueron suficientes para justificar una sola de las propiedades que tiene». El expediente describe que en su primera declaración jurada, en el 2012, Rodríguez puso un patrimonio de 220.5 millones «el cual fue sobrevaluado a los fines de proyectar los actos de corrupción que posteriormente le generaron beneficios económicos». A la salida del Gobierno, en agosto del 2020, declaró «doscientos treinta y siete millones ciento treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con siete centavos (RD$237,139, 854.07)». Según la Pepca para lavar el dinero, producto de la corrupción, Jean Alain «utilizó compañías que tenía y otras las fundó siendo funcionario público, Jurinvest Abogados S.R.L.,Morosos S.R.L.; Cavalieri, Far Niente, entre otras».
Yo solo me pregunto, ¿Será esta la solución? El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) dispuso la entrega de un bono de RD$1,000 por cada niño, a padres con hijos en edad escolar que se capaciten por medio de la educación pública y de acuerdo a informaciones ofrecidas por el ministro de Educación, Ángel Hernández, esta regalía será una ayuda social para que los padres de familias puedan completar la utilería escolar de sus hijos y será recibida a través de tarjetas físicas y transferencias bancarias. Hernandez dijo que es una ayuda social para que los padres completen la utilería escolar y se le dará a los jefes de familia y aclaró que si hay uno, dos o tres hijos, recibirán mil pesos por cada uno”, Hernandez asegura que esto apoyará el reingreso a las aulas de estudiantes que se habían retirado de la matrícula y explicó que el proceso será con el Banco de Reservas, entidad bancaria que trabaja en esta logística para que a finales del mes entrante, cuando precisamente inicia el nuevo año escolar, los beneficiarios puedan recibir el aporte. Pero lo chevere de todo esto es que desde el ministerio aseguran que, aunque de momento se desconoce el monto concreto de la inversión que se supone millonaria, los únicos escolares que no tendrán los 1000 pesos otorgados por el Minerd, serán los adultos que cursan la modalidad educativa de Prepara.
Aquí la noticia que pidió Karina, de ayer El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que ha entregado 329,253 kits de utilería escolar en diferentes provincias del país, a más de un mes para el inicio oficial del año lectivo 2023-2024. El Inabie dijo que esa cantidad representa más del 50% del total de los 650,000 kits que deben ser distribuidos este año en 4,953 centros educativos. Desde la institución dijeron que en las escuelas de la zona fronteriza se identifican los mayores índices de vulnerabilidad, el Inabie explicó que se ha entregado el 100% de los kits a los centros del sistema educativo público en esa localidad. Detalla un comunicado que han sido impactadas las provincias de Bahoruco, Independencia, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón, Monte Cristi y Pedernales. También se han entregado útiles de acuerdo con las cantidades parciales correspondientes en Puerto Plata, Valverde, Espaillat, La Vega, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Sánchez Ramírez, La Romana, San Pedro y Monseñor Nouel.
Según un informe publicado hoy por el Fondo para el Desarrollo Agrícola (FIDA) las grandes diferencias de precios entre los alimentos saludables y no saludables, junto con la falta de disponibilidad de una variedad de alimentos sanos, están impulsando el aumento de la obesidad tanto en las áreas urbanas como rurales de los países en desarrollo. Un comunicado oficial de la FIDA establece que “Si bien existen diferencias de precios entre los alimentos saludables y no saludables en las naciones de todo el mundo, esa brecha de precios es mucho mayor en los países más pobres. Además, la alta desigualdad de ingresos dentro de un país está asociada con una mayor prevalencia de la obesidad». Desde el Fondo para el Desarrollo Agrícola han dicho que si se quiere frenar el aumento de las tasas de obesidad en los países en desarrollo, se necesitan soluciones integrales que aborden el funcionamiento de los sistemas alimentarios ya que es alarmante observar que tres mil millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una dieta saludable. La investigación realizada por el FIDA, revisó cientos de estudios y analizó datos de cinco países representativos (Indonesia, Zambia, Egipto, Nigeria y Bolivia) para comprender mejor los factores que impulsan el aumento de las tasas de obesidad en los países en desarrollo y qué tipos de intervenciones funcionan para abordar este desafío de salud pública mundial desde la perspectiva del sistema alimentario. Con esta investigación se concluye que: «Las tasas de obesidad en los países en desarrollo ahora se acercan a los niveles que se encuentran en los países de altos ingresos».
El Senado de la República aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley que modifica el artículo 4 de la Ley que regula la exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos en la República Dominicana. La normativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, instaura todo lo relativo a la exploración en el territorio nacional con el fin de descubrir petróleo y demás sustancias hidrocarbonadas, a la explotación de yacimientos del mismo que se encuentren en la superficie o en el interior de la tierra, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. El objetivo de la modificación es facilitar el acceso a posibilidades de cooperación e inversión extranjera en la exploración y explotación del petróleo y sus derivados en el país. Sin embargo, con la aprobación de este proyecto no todo ha sido “miel sobre hojuelas” y es que ya hay muchos en contra, por ejemplo el senador Ivan Silva quien dijo y cito: «Este proyecto de ley lo envía el presidente Abinader para desnacionalizar el petróleo, es decir, para entregarles nuestro petróleo a nacionales extranjeros», Ivan dijo que, le despierta suspicacia que solo se toque ese artículo en el referido proyecto, donde se especifica el petróleo y sus derivados.Criticó la rapidez con que fue aprobada la pieza en la comisión que la estudió.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) informó que continúan en la fase de preparación para divulgar los resultados del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, el cual está pautado para el tercer trimestre de este año. Luego del comunicado emitido por la ONE en mayo de este año, donde aseguraba que en el tercer trimestre de 2023 los datos estadísticos serían relevados, Jorge Espinosa, director de comunicaciones, explicó que actualmente la entidad está procesando la data recopilada para ofrecer los resultados, garantizando la calidad y transparencia de los “Estamos en la etapa de procesamiento que es la tercera etapa antes de la difusión de los resultados ya está finalizando”. Se refiere que el 31 de mayo pasado la Oficina Nacional de Estadística (ONE), como parte de su etapa post empadronamiento, informó a través de un comunicado que había finalizado con el levantamiento de la Encuesta de Control y Cobertura de Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV).
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó sin efecto el conocimiento de la audiencia de revisión de medida de coerción a Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado por el Ministerio Público de estafar a unas 162 personas por unos 100 millones de dólares. El tribunal que preside la magistrada Altagracia Ramírez emitió su fallo, luego de ser notificada de la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que le ratificó al imputado los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, los que cumple actualmente en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la provincia de San Pedro de Macorís. El 12 de julio pasado, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó la solicitud de libertad pura y simple, solicitada por los abogados de González. El órgano persecutor le imputa a González el haber incurrido en la estafa millonaria, utilizando un supuesto negocio de criptomonedas, en violación del artículo 405 del Código Penal Dominicano, que castiga la estafa.
El Ministerio Público, en el documento de solicitud de medida de coerción en contra de Julio Enrique Domínguez Solano, acusado de desfalcar al Ministerio de Agricultura, informó sobre una serie de objetos que fueron encontrados, tanto en la residencia como en un vehículo del imputado. Estos objetos figuran en el informe de 66 páginas como pruebas materiales, las cuales serán utilizadas por el órgano acusador como parte de los elementos para probar la sustracción del erario público de manera ilegal. Entre las pertenencias y objetos encontradas por el Ministerio Público en la residencia del imputado, el 14 de julio de este año, figura una laptop marca Asus de color negra con su cargador, utilizada para juegos, misma que según el informe fue adquirida por el apodado “Julito” mediante transferencia, en fecha 20 de octubre de 2021 por el monto de RD$ 150,000 pesos, pagados a la empresa “Bios Computer Fernández Reyes S.R.L”. Un cargador color negro de la marca U.S.A magazine para pistola con nueve capsulas 9mm, la cual fue requisada por el MP en la habitación del imputado “sin ninguna documentación legal o permiso emitido por el Ministerio de Interior y Policía, para tenencia y posesión de este material regulado por la Ley num. 631-16”, según especifica el expediente.
Detectan contaminación por metales pesados en suelos agrícolas de la provincia Duarte- La concentración de metales pesados en suelos agrícolas de una zona arrocera de la provincia Duarte supera los valores máximos permitidos, según afirmó Lizaira Bello, docente e investigadora del Área de Ciencias Básicas y Ambientales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Bello coordina una investigación sobre la presencia de metales pesados en suelos agrícolas de diferentes zonas del país. Tras analizar 30 muestras de suelo utilizando la técnica de Fluorescencia de Rayos X por Energía Dispersiva (FRX), se determinó la concentración de los metales pesados: En una nota de prensa, el Intec indicó que la concentración de cromo, cobre y zinc supera los valores máximos permitidos según las normas internacionales de referencia establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que el Hospital Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, ubicada en el Distrito Nacional, y el Hospital Materno Infantil San Lorenzo, de Los Mina, localizado en Santo Domingo Este, son los centros de salud que realizaron mayor cantidad de partos a mujeres haitianas en el mes de junio, según su más reciente reporte y conforme con sus estadísticas, de un total de 2,808 parturientas haitianas que dieron a luz en centros públicos en todo el ámbito nacional, 268 corresponde a la Maternidad de Los Mina y 263 a la Maternidad La Altagracia. Además de estos centros, el Hospital Presidente Estrella Ureña, en Santiago de los Caballeros, atendió 252 partos. Mientras, el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora De La Altagracia, localizado en Higüey, dio servicio a 218 parturientas. El reporte estadístico reveló que la región con más partos de mujeres haitianas es Santo Domingo, con un total de 500 casos de los 7,894 que se llevaron a cabo en total, en el mes de junio, equivalente a 23.3%.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, encabeza la delegación dominicana que partió en el día de ayer rumbo a Nueva York con el objetivo de participar en el Congreso Mundial de Derecho (WLC, por sus siglas en inglés). Este es el principal foro internacional donde magistrados, jueces, fiscales, abogados, académicos y otros profesionales intercambian ideas para fortalecer el Estado de Derecho y sus instituciones. La delegación cuenta también entre sus miembros destacados con la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán en representación del gobierno dominicano; así como la presencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las Cortes de Apelación. En el congreso se abordarán diferentes desafíos para el mundo jurídico, como ética e Inteligencia Artificial, libertad de expresión en el entorno digital, regulación de criptomonedas, independencia judicial, arbitraje, financiamiento al terrorismo, mercado energético y medioambiente, entre muchos otros.