El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, informó este martes que envió una comunicación a su bancada en la Cámara de Diputados para que inicien los aprestos para sustituir al diputado Miguel Gutiérrez. El dirigente del partido de gobierno señaló que enviaron una comunicación al Congreso Nacional para que se inicien los trámites debido a que ya «han pasado los tiempos más allá de la prudencia». Miguel Gutiérrez fue apresado en mayo del 2021 acusado de conspiración para traficar y distribuir cocaína. La acusación formal emitida por un gran jurado federal de Miami el 11 de marzo de 2021, señala que el diputado cometió los delitos de los que se le acusa entre 2014 y 2017.
En la finca allanada en Monte Plata, denominada por el Ministerio Público como “Los Gambinos”, propiedad de los extraditables arrestados el fin de semana, opera un circuito cerrado y hay más de 64 perros de distintas razas. En una nota de prensa la Procuraduría General de la República dice que en esa finca, llamada así por la organización mafiosa de origen italiano “Los Gambinos”, que desarrolló sus actividades criminales en Nueva York, hay casi un millar de chivos, aves de distintas especies, caballos y gallos de calidad. Parte del documento dice y estoy citando: “En la finca allanada y bajo custodia hay antílopes africanos, avestruces, mono capuchino, guacamayos de varias especies, cacatúas de varias especies, cotorras, más de 5 variedades de pericos, gallos de calidad, gallinas de calidad, aproximadamente un millar de ganado caprino (chivos) una gran caballeriza, cientos de cabezas de ganado, cerdos, ovejos, dos conejos y 64 perros de distintas razas, una camioneta y una motocicleta”.
La Defensa pública de Montecristi depósito una acción constitucional de amparo en contra la de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Corte de Apelación de Montecristi y la Procuraduría Fiscal de Montecristi, en razón de las condiciones deplorables en que se encuentran los privados de libertad que están detenidos en el Destacamento de la Policía Nacional de Montecristi. La Defensa pública denunció que los detenidos en este destacamento tienen hacinamiento, insalubridad, falta de alimentación adecuada, falta de higiene e infraestructura deplorable, hay una cañada que pasa frente al cuarto donde desprende un olor nauseabundo, lo que se traduce en violaciones a la integridad personal y a la dignidad humana. Ellos dijeron que el objetivo de la acción constitucional de amparo es reivindicar los derechos conculcados y que la Procuraduría General de la República dote dicho destacamento de una infraestructura adecuada.
Que paso con la Ley de tratas? Este martes 18 de abril se vence el plazo de 45 días establecidos por el Poder Ejecutivo para que sea reintroducido a la Consultoría Jurídica, el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes luego de ser retirado del Senado para ser modificado. El 7 de febrero, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, informó a través de un audiovisual que el presidente Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto para lograr un “consenso público necesario”. Especificó que la reintroducción de la pieza legislativa se haría en un plazo “no mayor a los 45 días”, sin embargo, algunos integrantes de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) no han terminado sus observaciones. La última información que circuló fue que tres instituciones que no habían concluido sus críticas sobre las modificaciones que le realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). Además, una fuente cercana al proceso aclaró que este plazo no está establecido en la ley y “no ha sido posible que todas las instituciones envíen sus comentarios y reacciones”. También, detalló que el proyecto sería dividido en dos partes para «evitar confusiones» sobre las “medidas de atención a las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes”. Se estima que el primer anteproyecto sea denominado “ley integral sobre trata de personas”, el cual tiene, hasta el momento, un volumen aproximadamente de 36 páginas y 85 artículos.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo la gestión, compra, contratación e instalación de amortiguadores de impacto en puentes, elevados, peajes, divisiones de túneles, divisiones de pasos a desnivel y cualquier otro lugar que represente un peligro de alto riesgo para los conductores del cual pueda derivarse la muerte. La iniciativa del diputado Leonardo Alfonso Aguilera compromete su ejecución al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a los ayuntamientos. En uno de sus considerandos la iniciativa señala que República Dominicana ocupa el 1er lugar a nivel mundial en muertes por accidente de tránsito. También establece que en promedio del año 2016-2022 murieron en promedio 3,000 personas por año, en accidentes de tránsito en el país y enfatizó que en el año 2020 cuando el país estaba cerrado debido a la pandemia, las muertes fueron de 2,711 muertes. Además el diputado señala que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo lo propio para reducir estos números y que de implementarse estos amortiguadores reduciría drásticamente la cantidad de muertes por accidentes.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) acordaron trabajar de manera conjunta en procura de garantizar que los consumidores que se benefician de los programas sociales Aliméntate y Bonogás Hogar, no sean objeto de timación ni de clonación de las tarjetas que otorga el gobierno para adquirir los productos de la canasta básica alimentaria. El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el director general de ADESS, Catalino (Freddy) Correa Hiciano, sostuvieron una reunión donde trataron sobre la firma de un convenio interinstitucional para regularizar los inconvenientes que se han detectado de sobrevaluación de precios de los productos alimenticios próximo a las fechas de colocación de los beneficios en las tarjetas de los consumidores que forman parte de estos programas.
Senadores de distintos partidos en su rol de fiscalizadores no se oponen a que las autoridades de Salud sean citadas al Congreso Nacional para dar explicaciones por las muertes de 35 neonatos en la Maternidad de Los Minas. Los congresistas coinciden en que las autoridades responsables deben dar explicaciones ya sea en la Comisión Permanente de Salud o ante el pleno. En torno al tema, la presidenta de la Comisión de Salud en el Senado por el Partido Revolucionario Moderno, Lía Díaz, dijo que en su función de fiscalizar no se opone a que las autoridades de Salud sean citadas al Congreso Nacional para dar explicaciones sobre las muertes de 35 neonatos en la Maternidad de Los Minas.