La Alcaldía del Distrito Nacional solicitó a los precandidatos presidenciales, municipales y congresuales, que retiren las propagandas políticas que no están permitidas en los espacios públicos de la ciudad de Santo Domingo. La alcaldesa, Carolina Mejía, envió comunicaciones dirigidas a los presidentes del (PRM), la FuPu, el PRD, PRSC, Alpaís, OD y el PED, dándoles un ultimátum que establece que las propagandas deben ser retiradas en un período de tres días a partir del recibimiento del documento, de lo contrario el cabildo procederá a desmontarlas. En un comunicado emitido por la Alcaldía se solicitó a los partidos prestar atención a esta medida, el documento dice: “Está expresamente prohibida la colocación de afiches, cruza calles, publicidad adhesiva en todos los espacios públicos de la ciudad de Santo Domingo, así como toda la propaganda que sea perjudicial a la estética urbana, dañina al medio ambiente o bien sea contraria a las disposiciones relativas al ornato municipal durante el período de precampaña”.
Residentes en la calle Las Marías en el kilómetro 7 y medio de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, rechazan la instalación de una feria mecánica en la entrada de esa vía. Los vecinos alegan que esos equipos afectarán la convivencia del sector. Sustentan su negativa a la instalación de la feria, en que se trata de una zona residencial donde habitan cerca de 300 familias, así como, que no tienen una zona destinada para parqueo, contaminación sónica y desechos sólidos.
“Van a caminar por nuestra calle y nos van a quitar la paz, la basura nos contaminan porque vendrán los tarantines que venden comida, es mucha intranquilidad para un sector donde hemos vivido en paz por mucho tiempo”, dijo una de las residentes respaldada por otros comunitarios. Los comunitarios explicaron que hace dos semanas la Alcaldía del Distrito Nacional dispuso la paralización de la obra, a pesar de lo cual los obreros han continuado los trabajos y la instalación de maquinarias.
El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió a sus precandidatos una prueba de antidoping con resultado negativo, como uno de los requisitos obligatorios para poder ser aceptadas sus inscripciones para cargos electivos. La medida, señalaron integrantes de la Comisión Nacional Electoral, busca evitar que personas vinculadas al narcotráfico o consumidores de estupefacientes puedan inmiscuirse en el ejercicio de funciones públicas. Otro requisito que debían presentar en el conjunto de documentos que entregaban los aspirantes, era una carta de buena conducta o de no antecedentes penales emitido por la Procuraduría General de la República (PGR). Un total de 205 precandidatos realizaron su inscripción en el partido durante el proceso, que fue realizado durante el sábado y el domingo este fin de semana, en Santiago.
Tras concertar una marcha el pasado 27 de julio de la que no obtuvieron los resultados esperados, decenas de empleados del Metro de Santo Domingo que fueron cancelados por supuestas faltas a sus labores, caminan otra vez hacia el Palacio Nacional. En esta ocasión, el grupo de más de 80 personas que fueron desvinculadas luego una serie de protestas en busca mejores condiciones laborales, afirmó que contará con el apoyo de otros sectores que se han dolido del “abuso” que las autoridades han cometido contra ellos. El conglomerado llega hasta este punto luego de que fueron recibidos por las autoridades del gobierno en su primera marcha, tras varios días de protesta en las calles, con la promesa de que los que aún estaban en nómina y habían faltado para apoyar los reclamos, podrían reintegrarse a sus labores y el resto esperaría un plazo de siete días.
El Poder Judicial dominicano está sustituyendo la seguridad privada de vigilantes en los tribunales, palacios de justicia y los diferentes juzgados a nivel nacional por personal de la Policía Judicial, dependencia de la Policía Nacional. La medida se empezó a aplicar en acatamiento de un memorándum que establece que, «de manera gradual, se irá sustituyendo el referido personal privado hasta cubrir la totalidad». El objetivo, según la orden, propone «dotar a los tribunales, jueces y servidores judiciales de personal de seguridad mejor calificado para realizar esas funciones». La disposición abarca juzgados de paz, tribunales de tránsito, de primera instancia, de niños niñas y adolescentes, tierras, cortes de apelación, archivo central, inspectoría judicial y los diferentes palacios de justicia de todo el país.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) considera que el decreto 282-23, que fue emitido por el presidente Luis Abinader, y que declara como seguridad nacional la contratación, diseño y emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana, es contrario a la Constitución, específicamente, en su artículo 49, sobre libertad de expresión e información. Según, Julio de la Rosa Tiburcio, quien es presidente de la organización, las leyes que sustenta el decreto 282-23, así como sus respectivos reglamentos, establecen excepciones, sobre el derecho fundamental a la información, que en ejercicio del mismo, formulen los ciudadanos y por eso señala de forma categórica, en cuales circunstancias pudieran estas verse restringidas, cuando pudiera afectar la seguridad nacional, por lo que no puede un decreto ampliar la reserva, a aspectos fundamentales como la transparencia en el manejo de los recursos del pueblo dominicano, sin que el mismo tenga derecho a conocer.
Los agentes de la Policía de Turismo (Politur), por disposición del Ministerio de Turismo (Mitur), retiraron este fin de semana los afiches y vallas de promoción política en la Ciudad Colonial a fin de dar cumplimiento a la Ley de Partidos Políticos que prohíbe la publicidad partidista en los espacios públicos durante el actual período de precampaña o campaña interna de esas organizaciones. La medida se tomó también, según Politur, por ser la Ciudad Colonial un Patrimonio de la Humanidad, declarada como tal por la Unesco en 1990. El abuso de la publicidad política es una de las principales quejas de los ciudadanos meses antes de las elecciones generales. Sin embargo, Politur afirma que las vallas y los afiches políticos fueron sacados de la Ciudad Colonial por ser este un Patrimonio de la Humanidad. La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 44 prohíbe «la pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta», durante el período de precampaña.
Asimismo «los afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria, que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos».
La Fiscalía de La Vega obtuvo la pena máxima de 10 años de prisión por violencia de género en contra de un hombre que agredió físicamente a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en esta provincia en el mes de diciembre del año 2020. El Primer Tribunal Colegiado de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó la sentencia condenatoria en contra de Manuel de Jesús Cepeda Ferrera por incurrir en violencia de género e intrafamiliar agravada en perjuicio de su pareja, de quien se omite su nombre para proteger su derecho a la intimidad. Sobre el hecho, la Fiscalía sostiene que ocurrió en fecha 25 de diciembre de 2020, alrededor de las 11:43 de la noche, en el sector El Bolsillo, del municipio Jarabacoa, cuando unos amigos de Cepeda Ferrera fueron a buscarlo a su casa porque uno de ellos había tenido problemas con otra persona, para enfrentar la situación, oponiéndose la víctima a que su pareja salidera de la casa. Al lograr la imposición de la pena máxima por el caso de violencia de género, la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, destacó que se hizo una correcta valoración de las pruebas y de la aplicación de las normas, al tiempo que resaltó el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para contrarrestar la violencia y todo hecho delictivo.
El Ministerio de Educación (Minerd) anunció en el día de ayer que se encuentra realizando los trabajos para instalar internet en las escuelas del país. El titular de la institución, Ángel Hernández, dijo que la meta es «llevar conectividad a las aulas de 3,200 centros educativos». Según el funcionario, se han instalado 368 planteles escolares hasta el momento y dijo que con esta iniciativa se busca eficientizar la gestión educativa, Sin embargo, la nota de prensa que envió la institución no establece cuáles son y dónde están los centros a los que llegará la conexión a internet. Desde el Minerd han dicho que esta medida va a eficientizar la gestión educativa.
La Procuraduría General de la República informó del arresto de Virgilio Almonte Sánchez (Boni), a quien señala como cabecilla de una red de falsificadores y uso de documentos falsos que a través de maniobras fraudulentas obtuvo 40 certificados de títulos, dos de ellos del Estado dominicano, correspondientes a los barrios de los Mameyes y Villa Duarte. El apresamiento del imputado se produjo en una operación conjunta del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central y Fiscal de Tierras, Gedeón Platón Bautista Liriano, junto a la Fiscalía de Santo Domingo Este, encabezada por su titular Milcíades Guzmán; la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección Nacional de Registro de Títulos de la Jurisdicción Inmobiliaria, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) y otros organismos de inteligencia y seguridad del Estado, informó la Procuraduría ayer.
Estados Unidos ha dispuesto el uso de dos aviones no tripulados para apoyar a la República Dominicana en la vigilancia de la zona del Caribe contra el narcotráfico, así como de la incorporación de agentes norteamericanos que asisten en los principales muelles del país al personal nacional en perfilar los cargamentos sospechosos. Los aviones no tripulados son usados para identificar embarcaciones sospechosas en alta mar, información que suministra Estados Unidos a la Dirección Nacional de Control de Drogas, que coordina con otras agencias dominicanas para la interdicción, lo que ha permitido romper los récord históricos en decomisos de drogas provenientes de Suramérica. Además se ha incrementado el intercambio de informaciones con las unidades de la DEA con sede en Puerto Rico y en Miami, desde las oficina oficial de la DEA en Puerto Rico se dijo que la fluidez en el intercambio de informaciones sensibles ha permitido detener grandes cargamentos al momento en que intentan entrar a territorio dominicano, el cual usan como puente para llevarlo al mercado estadounidense o al europeo.
Luego de más de tres meses en que no se detectaban casos del cólera, este fin de semana el Ministerio de Salud Pública notificó un nuevo contagio, se trata de una mujer de origen haitiano de 25 años, quien ya se encuentra en condiciones estables. La joven fue ingresada junto a otros 10 pacientes en los hospitales Jaime Mota y Enriquillo, en Barahona, por sospechas de la enfermedad. Sin embargo, estos últimos fueron descartados y se confirmó que en esos casos se trataba de infecciones por Salmonella (cuyos síntomas se parecen). La mujer que dio positivo al cólera fue ingresada en el centro de salud y según las autoridades sanitarias, los 11 pacientes fueron dados de alta y se encuentran estables, continuando con el tratamiento desde sus hogares. Hasta ayer, después del cerco epidemiológico en la comunidad de Los Cocos, en la provincia Barahona, donde residen los afectados, no se habían notificado otros pacientes con síntomas sospechosos del cólera.
Según expertos, la alfabetización de adultos no ha sido una prioridad para el gobierno. De acuerdo con Miriam Camilo, educadora, y quien tuteló por muchos años la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación y fue la coordinadora pedagógica del Plan Nacional de Alfabetización «Quisqueya Aprende Contigo» eso se evidencia en el aumento del índice de analfabetismo que pasó de 5.5% en el año 2020 a un 6.5% para el año 2022. La educadora dijo que la iniciativa se trató de un programa político, más no politiquero, y que echarlo a andar implicó un proceso muy complejo, masivo, participativo y plural; con productos nacionales, como los materiales; con personal técnico nacional, como directivos, formadores, capacitadores, alfabetizadores, coordinadores, animadores y políticos de todos los partidos. Recordemos que el plan Quisqueya Aprende Contigo fue implementado mediante el Decreto 546-12, en el gobierno de Danilo Medina y la alfabetización fue declarada como un tema de «alto interés nacional», promoviendo y coordinando una movilización en todo el territorio para eliminar el analfabetismo en el país con la alianza de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La experta dijo que está preocupada con el estancamiento del plan pues ella asegura que no hay posibilidad de hablar de un desarrollo humano sostenible, ni lucha contra la pobreza con tanta gente que con tan bajo nivel educativo.
Desfalco al Ministerio de Agricultura El Ministerio Público depositó en el dia de ayer a solicitud de medida de coerción contra Julio Enrique Domínguez Solano conocido como Julito y/o El Carnal y Antonio José Paredes Elizondo, como parte de una investigación denominada “Desfalco Ministerio de Agricultura”, la cual busca procesar a los implicados bajo cargos de asociación de malhechores, desfalco y otros delitos contra el Estado. La Pepca desarrolló la investigación por la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura. Los fiscales de la Pepca presentaron la instancia de solicitud de coerción, que consta de 66 páginas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al mediodía de este domingo. El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores. También, lo acusa de violación varios artículos, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. Mientras que por otro lado , Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en varios artículos contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Como parte de la investigación, los fiscales a cargo de la investigación reunieron pruebas suficientes contra los imputados que están bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lancen, pidió que se apruebe a la mayor brevedad posible el Código Penal. El líder religioso dijo que la iglesia no es el obstáculo para no aprobar el código, lo que ha sido un obstáculo para que no tengamos código en la República Dominicana es la falta de voluntad política; según Lancen, es lamentable que haya sectores que han querido tomar el Código Penal como rehén en el Congreso Nacional y calificó como algo grave que la República Dominicana no cuente con una herramienta moderna tan importante como Código Penal en estos momentos “porque lamentablemente muchos de nuestros legisladores han reducido la normativa a las tres causales”. El presidente del CODUE dijo es penoso lo que se vive el país con el debilitamiento de sus instituciones y de la justicia, y calificó como algo de suma importancia hacerle saber a la comunidad y al pueblo que sin un Código Penal fortalecido y acorde a los nuevos tiempos será imposible que los nuevos crímenes, los criminales y los que violan la ley sean castigados como debe ser.
La Procuraduría General de la República informó que el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional han estado integrando una fuerza de tarea conjunta que ha desplegado una intensa labor operativa a nivel nacional, que ha incluido la realización de decenas de allanamientos, intervenciones en puntos de drogas, ejecuciones de órdenes de arrestos, de rebeldes, prófugos y condenados. La Fuerza Conjunta ha realizado, del 16 de junio al 16 de Julio de 2023, 8, 817, operativos, con 195 allanamientos y 2,959 procesados, ocupando más de 300 mil gramos de cocaína, 127 mil de marihuana, 12,000 gramos de cocaína base (crack), 125.50 gramos de heroína y 109.80 de hachís, para un total de casi 445 mil gramos de sustancias controladas, por igual se ocupó 975 pastillas de éxtasis, 22 armas de fuego ilegales, 32 armas blancas preparadas, 347 balanzas, 848 celulares de distintas marcas y modelos. Las operaciones desplegadas han impactado principalmente el Distrito Nacional, Santo Domingo, Puerto Plata, Montecristi, Santiago, La Vega, Duarte, Samaná, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia y Monte Plata, en una amplia labor operativa que ha sido presidida de una labor de inteligencia y una persecución estratégica focalizada en objetivos que, para proteger la efectividad de las operaciones, no se revelan.