La propuesta del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) para proporcionar casas transitorias a los inquilinos que demuestren que no pueden pagar un alquiler fue considerada como «humana» y «no tan descabellada» por diputados de distintos partidos. En esta propuesta que fue entregada a la Cámara de Diputados, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones propuso cambios al Proyecto de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, el cual fue aprobado por la Cámara Baja, el pasado 24 de mayo, en primera lectura. En esta nueva propuesta el MIVED sugiere que los propietarios de casas cobren una especie de fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable y también proponen crear un fondo para destinarlos a casas transitorias que estén disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta. El MIVED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario «pueda exigir» el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos facturas.
La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desplegaron un operativo a gran escala en varias provincias del Cibao, los operativos simultáneos iniciaron en horas de la madrugada y están siendo encabezados por la procuradora de Persecución Yeni Berenice Reynoso, y en el mismo participa un amplio contingente militar y policial, con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea. Unidades élite del organismo antinarcóticos y efectivos militares coordinados por fiscales han allanado varias residencias en Santiago y La Vega, registrándose además intervenciones en algunos centros penitenciarios de esa demarcación. Los operativos buscan apresar a los miembros de la estructura liderada por Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, acusado de amenazar a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. Según una fuente ligada a la investigación, el objetivo de este operativo son microtraficantes que operan en sectores de Santiago y La Vega, al igual que miembros de esa estructuras en centros penitenciarios. Pimentel García, alias “La J”, quien supuestamente encabeza una red de narcotráfico y sicariato en Santiago, habría amenazado a Germán Brito desde España a través de WhatsApp.
La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conocerá este martes el pedido de extradición a los holandeses Dennis Goedee y Terence Angelo Richard de Vriesdos de los tres extranjeros acusados de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos en Los Países Bajos. Los holandeses cumplen tres meses de prisión preventiva en la cárcel Modelo Najayo Hombres. Se recuerda que ambos fueron apresados en República Dominicana, y que son integrantes de las bandas Mocro Maffia y No Limit Soldiers.
El Ministerio Público informa que en el operativo desplegado este martes, mediante el que se puso en marcha la Operación Halcón, fueron recopiladas evidencias que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas. Los allanamientos en el marco de la Operación Halcón IV iniciaron a partir de las 3:30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, y contó con requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
El narcotraficante Joel Ambioris Pimentel, quien presuntamente habría amenazado a la procuradora Miriam Germán Brito, negó hoy que sea responsable de dicha amenazas y dijo que no tiene temas pendientes con la Justicia. Mediante un comunicado de tres páginas, Pimentel, conocido como “La J” llamó a Miriam Germán como dama honorable que está realizando “una labor de purificación en el sistema penitenciario dominicano”. Sin embargo, negó que ejerza el control en las cárceles del país, y dijo que eso “es algo totalmente divorciado de la verdad”.
El Colegio de Abogados solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación urgente de las graves denuncias de irregularidades durante el proceso para la adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes realizado por la Dirección General de Pasaportes. Surun Hernández explicó que partes involucradas dijeron que en ese proceso se registró una manipulación por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad, imponiendo la selección de TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., que ofertaron las libretas RD$261 por encima del precio regular y que la propia institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022. El presidente del Card indicó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcionado aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que en los primeros cinco meses del año 2023 las remesas recibidas alcanzaron una cifra de US$4,173 millones, exhibiendo un 2.9 % de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Particularmente, el mes de mayo registró un valor de remesas de US$881.1 millones, con un aumento de 3.5 %, comparado con mayo de 2022. Estos flujos marcan el quinto mes con incremento consecutivo en lo que va de año, extendiendo el comportamiento observado desde inicios del último trimestre de 2022.
La exministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, asegura que los profesionales egresados de las universidades, en muchos casos, no están consiguiendo trabajo porque no salen con las competencias de lo que el sector productivo demanda. La exministra entiende que la situación seguirá agravándose porque en la medida en que siga evolucionando la tecnología digital, el mundo cambiando y en las universidades con las mismas carreras, no será factible lograr avanzar y mejorar.
La Policía ha detenido a veinte personas e investiga a más de cien en España por adquirir títulos falsificados de una treintena de universidades del país a una organización asentada en la República Dominicana, que los vendía a un precio de entre 300 y más de mil euros (325-1.100 dólares). El grupo estampaba los sellos troquelados de instituciones académicas de España y disponía de un repositorio de las firmas de numerosos rectores y secretarios de los centros de enseñanza, informaron este martes las fuerzas de seguridad en Madrid. La investigación comenzó el mes de junio del pasado año, cuando uno de los organismos afectados alertó a la Policía de la posible existencia de títulos universitarios falsos. Los agentes comprobaron varias páginas web en las que se ofrecían. La mayoría de las ofertas formaban parte de un engaño, ya que los clientes nunca llegaban a recibir el certificado que habían solicitado y los vendedores cortaban toda vía de comunicación con ellos. Sin embargo, los investigadores detectaron una organización que sí cumplía con los encargos y entregaba multitud de titulaciones de varias universidades del país. Una vez acordada la compra del título académico falsificado, la organización reclamaba el pago por medio de varias plataformas de envío de dinero, mientras el certificado era remitido por una empresa de mensajería internacional.