Residentes en la calle Las Marías en el kilómetro 7 y medio de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, rechazan la instalación de una feria mecánica en la entrada de esa vía. Los vecinos alegan que esos equipos afectarán la convivencia del sector. Sustentan su negativa a la instalación de la feria, en que se trata de una zona residencial donde habitan cerca de 300 familias, así como, que no tienen una zona destinada para parqueo, contaminación sónica y desechos sólidos.
“Van a caminar por nuestra calle y nos van a quitar la paz, la basura nos contaminan porque vendrán los tarantines que venden comida, es mucha intranquilidad para un sector donde hemos vivido en paz por mucho tiempo”, dijo una de las residentes respaldada por otros comunitarios. Los comunitarios explicaron que hace dos semanas la Alcaldía del Distrito Nacional dispuso la paralización de la obra, a pesar de lo cual los obreros han continuado los trabajos y la instalación de maquinarias.
El partido Fuerza del Pueblo (FP) exigió a sus precandidatos una prueba de antidoping con resultado negativo, como uno de los requisitos obligatorios para poder ser aceptadas sus inscripciones para cargos electivos. La medida, señalaron integrantes de la Comisión Nacional Electoral, busca evitar que personas vinculadas al narcotráfico o consumidores de estupefacientes puedan inmiscuirse en el ejercicio de funciones públicas. Otro requisito que debían presentar en el conjunto de documentos que entregaban los aspirantes, era una carta de buena conducta o de no antecedentes penales emitido por la Procuraduría General de la República (PGR). Un total de 205 precandidatos realizaron su inscripción en el partido durante el proceso, que fue realizado durante el sábado y el domingo este fin de semana, en Santiago.
Tras concertar una marcha el pasado 27 de julio de la que no obtuvieron los resultados esperados, decenas de empleados del Metro de Santo Domingo que fueron cancelados por supuestas faltas a sus labores, caminan otra vez hacia el Palacio Nacional. En esta ocasión, el grupo de más de 80 personas que fueron desvinculadas luego una serie de protestas en busca mejores condiciones laborales, afirmó que contará con el apoyo de otros sectores que se han dolido del “abuso” que las autoridades han cometido contra ellos. El conglomerado llega hasta este punto luego de que fueron recibidos por las autoridades del gobierno en su primera marcha, tras varios días de protesta en las calles, con la promesa de que los que aún estaban en nómina y habían faltado para apoyar los reclamos, podrían reintegrarse a sus labores y el resto esperaría un plazo de siete días.
El Poder Judicial dominicano está sustituyendo la seguridad privada de vigilantes en los tribunales, palacios de justicia y los diferentes juzgados a nivel nacional por personal de la Policía Judicial, dependencia de la Policía Nacional. La medida se empezó a aplicar en acatamiento de un memorándum que establece que, «de manera gradual, se irá sustituyendo el referido personal privado hasta cubrir la totalidad». El objetivo, según la orden, propone «dotar a los tribunales, jueces y servidores judiciales de personal de seguridad mejor calificado para realizar esas funciones». La disposición abarca juzgados de paz, tribunales de tránsito, de primera instancia, de niños niñas y adolescentes, tierras, cortes de apelación, archivo central, inspectoría judicial y los diferentes palacios de justicia de todo el país.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) considera que el decreto 282-23, que fue emitido por el presidente Luis Abinader, y que declara como seguridad nacional la contratación, diseño y emisión del pasaporte electrónico en la República Dominicana, es contrario a la Constitución, específicamente, en su artículo 49, sobre libertad de expresión e información. Según, Julio de la Rosa Tiburcio, quien es presidente de la organización, las leyes que sustenta el decreto 282-23, así como sus respectivos reglamentos, establecen excepciones, sobre el derecho fundamental a la información, que en ejercicio del mismo, formulen los ciudadanos y por eso señala de forma categórica, en cuales circunstancias pudieran estas verse restringidas, cuando pudiera afectar la seguridad nacional, por lo que no puede un decreto ampliar la reserva, a aspectos fundamentales como la transparencia en el manejo de los recursos del pueblo dominicano, sin que el mismo tenga derecho a conocer.
Los agentes de la Policía de Turismo (Politur), por disposición del Ministerio de Turismo (Mitur), retiraron este fin de semana los afiches y vallas de promoción política en la Ciudad Colonial a fin de dar cumplimiento a la Ley de Partidos Políticos que prohíbe la publicidad partidista en los espacios públicos durante el actual período de precampaña o campaña interna de esas organizaciones. La medida se tomó también, según Politur, por ser la Ciudad Colonial un Patrimonio de la Humanidad, declarada como tal por la Unesco en 1990. El abuso de la publicidad política es una de las principales quejas de los ciudadanos meses antes de las elecciones generales. Sin embargo, Politur afirma que las vallas y los afiches políticos fueron sacados de la Ciudad Colonial por ser este un Patrimonio de la Humanidad. La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 44 prohíbe «la pintura de las calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta», durante el período de precampaña.
Asimismo «los afiches, vallas, cruza calles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria, que no se coloque acorde con lo establecido en la presente ley o que no se coloque en los locales de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos».
Atención medio ambiente, llegó a nosotros una denuncia acompañada de varias fotos que evidencian la desecación de corriente de agua dentro del complejo Playa Bonita Beach Residences en Las Terrenas, Samana. La persona que se puso en contacto con nosotros cuestiona que en vez de preservar el ecosistema sobreviviente el plan es arrasar completo. Según las informaciones que nos compartió el denunciante, el cauce desemboca en Playa Bonita y tiene tubos que desaguan en él.
¿Tiene esta aprobación de Medio Ambiente? Así se preservan la flora y fauna de Samaná?
Los programas de alfabetización han ido disminuyendo su incidencia y han quedado prácticamente paralizados tras la pandemia. La tasa de analfabetismo de personas de 15 o más años, que había mantenido un descenso luego de la puesta en marcha del Programa Quisqueya Aprende Contigo (QAC), subió de 5.5 % a 6.50 %. Cuando la República Dominicana se encontraba muy cerca de una tasa inferior al 5 % para ser declarada libre de analfabetismo, el proceso se estancó debido a la pandemia de COVID-19 y luego de esto, el plan de alfabetización no ha demostrado ningún resultado, a pesar de la inversión de miles de millones de pesos. Estos datos forman parte del «Informe anual de Seguimiento y Monitoreo 2022», que ha sido presentado por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), se utilizaron datos de la Encuesta Hogares y del Plan Quisqueya Aprende Contigo y de acuerdo con el Informe Básico de la Enhogar de 2022, la tasa de analfabetismo en la población de 15 años o más, asciende a 6.1 % entre las mujeres y a un 6.9 % entre los hombres. En el mismo rango de edad el analfabetismo alcanza el 5.9 % entre la población nativa y un 15.5 % entre la población de origen extranjero.
De acuerdo con el informe “Análisis del desempeño económico y social de República Dominicana en 2022” el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dijo que la actividad económica de la República Dominicana se consolidó y normalizó al retornar a su senda histórica de crecimiento en 2022 y logró registrar una tasa de crecimiento récord de 12.3 % en 2021, que equivale a un 4.9 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este documento anual, elaborado por el Viceministerio de Análisis Económico y Social, estudia el comportamiento económico del país durante el año pasado, así como el bienestar y las condiciones de vida de sus habitantes, para conocer más sobre la situación económica de la República Dominicana, recibimos vía telefónica a Pavel Isa Contreras, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
El Poder Ejecutivo, a través del presidente Luis Abinader, sometió ante el Senado un proyecto que busca modificar la Ley 4833, que regula los yacimientos de petróleo y sus derivados, para permitir a los extranjeros poder hacer exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en el país.
Según la iniciativa, el artículo 4 de la ley será modificado para autorizar así a los extranjeros hacer las exploraciones, ya que la actual normativa les prohíbe realizar la práctica en el territorio nacional. El presidente Abinader envió una carta al presidente del Senado, Eduardo Estrella, donde argumenta que la prohibición contra los extranjeros limita «el crecimiento económico del sector». El proyecto, que ya está en manos del Senado, alega que «resulta necesario» eliminar los impedimentos a los extranjeros para que así el país tenga acceso a más posibilidades de cooperación e inversión en la explotación de petróleo. En específico, la pieza establece que podrán concederse los mismos derechos a los extranjeros a través de empresas internacionales de naturaleza pública o privada y dispone que en todo caso, el contrato se regirá por la legislación de la República Dominicana. La pieza fue depositada por el Poder Ejecutivo el pasado 29 de junio y en la sesión del Senado del 5 de julio fue remitida a la Comisión de Asuntos Energéticos para su estudio y posterior presentación de informe.
Bomper Coral La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, falló varios incidentes antes de dictar su decisión de fondo en el juicio preliminar del caso Coral. Entre los incidentes fallados se incluyen varias peticiones del mayor general Adán Cáceres, las cuales fueron rechazadas. Una de ellas buscaba declarar nulo el proceso en su contra, argumentando que se violaron los procedimientos desde su arresto, donde, según afirmó, se le presentó como culpable ante los medios de comunicación. La magistrada afirmó que «el tribunal no encontró irregularidades» en el arresto y durante todo el juicio preliminar contra el alto oficial del Ejército, quien encabeza el caso de corrupción. La jueza Rivas sostuvo que las alegaciones de la defensa del acusado sobre su presentación como «culpable» ante los medios de comunicación no fueron debidamente fundamentadas por los abogados. Afirmó que tanto la acusación como la defensa respetaron lo establecido en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, que permiten a los medios de comunicación acceder a los juicios preliminares y de fondo, especialmente cuando el imputado es un exfuncionario acusado de corrupción.